Acto Administrativo.

Un acto administrativo es un acto de la administración pública que produce efectos jurídicos, y está regulado por el derecho administrativo.

El acto administrativo puede ser un acto de disposición, de ejecución o de simple gestión. Los actos de disposición son aquellos en los que la administración pública toma una decisión que afecta a los derechos o intereses legítimos de una persona. Los actos de ejecución son aquellos en los que la administración pública lleva a cabo la decisión tomada en un acto de disposición. Los actos de simple gestión son aquellos en los que la administración pública realiza una actividad que no afecta a los derechos o intereses legítimos de una persona.

El acto administrativo debe ser lícito, es decir, que no contravenga la ley ni los principios constitucionales. Asimismo, debe ser motivado, es decir, que exista una razón o una justificación objetiva para que se adopte la decisión contenida en el acto administrativo. Finalmente, el acto administrativo debe ser adecuado, es decir, que la decisión contenida en el acto administrativo sea adecuada para resolver el problema planteado.

Índice de contenidos
  1. Elementos del Acto Administrativo
  2. Curso de Derecho Administrativo en México 2020-2021. | Unidad VI El Acto Administrativo.
    1. ¿Qué es un acto administrativo?
    2. ¿Cómo se clasifican los actos administrativos?
    3. ¿Cuáles son los requisitos para que un acto administrativo sea válido?
    4. ¿Qué efectos produce un acto administrativo?
    5. ¿Cómo se puede impugnar un acto administrativo?
    6. ¿Qué es el recurso administrativo?
    7. ¿A qué se llama ejecución forzosa de un acto administrativo?
  3. Para Finalizar

Elementos del Acto Administrativo

Curso de Derecho Administrativo en México 2020-2021. | Unidad VI El Acto Administrativo.

¿Qué es un acto administrativo?

Un acto administrativo es una declaración de voluntad por parte de la administración pública, a través de la cual se ejerce su poder sancionador o se produce un cambio en la situación jurídica de una persona.

Los actos administrativos tienen su origen en el poder que tiene la administración pública de intervenir en la vida de los ciudadanos para regularla y garantizar el cumplimiento de sus fines. En este sentido, podemos decir que los actos administrativos son la materialización del poder de la administración pública.

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Los actos administrativos se caracterizan por su carácter imperativo, vinculante y coercitivo. Esto quiere decir que, una vez que se dicta un acto administrativo, éste debe ser cumplido por las personas a las que se refiere, y en caso de no hacerlo así, la administración pública podrá adoptar medidas coercitivas para obligarles a cumplirlo.

Por otro lado, los actos administrativos se caracterizan por ser revocables. Esto quiere decir que, si un acto administrativo no resulta ser adecuado para la situación en la que se ha dictado, la administración pública puede decidir revocarlo.

Los actos administrativos pueden ser de diversos tipos, entre los que podemos mencionar los actos de disposición, los actos de gestión y los actos de ejecución.

Los actos de disposición son aquellos en los que la administración pública dicta una norma general o particular que establece una nueva situación jurídica. Por ejemplo, los decretos leyes o las ordenanzas municipales.

Los actos de gestión son aquellos en los que la administración pública toma una decisión respecto a un asunto concreto. Por ejemplo, la concesión o denegación de un permiso.

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Los actos de ejecución son aquellos en los que la administración pública lleva a cabo una acción concreta. Por ejemplo, la demolición de un edificio.

¿Cómo se clasifican los actos administrativos?

En España, los actos administrativos se clasifican en tres categorías principales: actos de ejecución, actos de gestión y actos de disposición.

Los actos de ejecución son aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo y que tienen por objeto llevar a cabo una determinada acción, tales como la emisión de un permiso o la concesión de una subvención.

Los actos de gestión son aquellos que se encuentran en el interior de un procedimiento y que tienen por objeto regularlo o supervisarlo, tales como la apertura de un expediente o la notificación de un acto administrativo.

Los actos de disposición son aquellos que se emiten al final de un procedimiento y que tienen por objeto establecer una norma general o particular, tales como la promulgación de un decreto o la autorización de una obra pública.

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¿Cuáles son los requisitos para que un acto administrativo sea válido?

En España, para que un acto administrativo sea válido debe reunir los siguientes requisitos:

1. Debe ser dictado por la autoridad competente.

2. Debe ser emanado dentro de los límites de la competencia de la autoridad.

3. La finalidad del acto debe ser lícita.

4. Los medios utilizados para la realización del acto deben ser legales.

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5. Debe haber una previa motivación del acto, la cual debe ser adecuada y suficiente.

6. El acto debe ser proporcional a los fines perseguidos.

7. El acto debe ajustarse a derecho, esto es, no puede contravenir ninguna norma jurídica vigente.

8. El acto debe ser notificado a la persona afectada por él.

9. El acto debe ser susceptible de recurso.

¿Qué efectos produce un acto administrativo?

Los actos administrativos son una de las características principales del Estado de derecho. Se trata de la forma en que las autoridades públicas llevan a cabo sus funciones, tomando decisiones sobre asuntos relevantes para la sociedad. En este contexto, los actos administrativos tienen una serie de efectos, tanto internos como externos.

Internamente, un acto administrativo produce efectos jurídicos vinculantes para la administración pública. Esto significa que la administración está obligada a llevar a cabo lo dispuesto en el acto administrativo, y que no puede cambiar de opinión o dejar de hacerlo sin una causa justificada. De esta forma, los actos administrativos sirven para fijar una posición clara y definitiva por parte de la administración, de modo que todos los ciudadanos sepan cuál es su obligación y cómo deben actuar en relación con ella.

Externamente, un acto administrativo produce efectos jurídicos vinculantes para los particulares. Esto significa que, una vez que un acto administrativo ha sido emitido, los particulares están obligados a acatarlo y no pueden ignorarlo o desobedecerlo. Si un particular no cumple lo dispuesto en un acto administrativo, puede ser sancionado por la administración o, incluso, ser llevado ante los tribunales.

Finalmente, cabe destacar que los actos administrativos también tienen efectos políticos. En concreto, los actos administrativos sirven para que la administración pública demuestre su capacidad de tomar decisiones y de hacer cumplir sus decisiones. De esta forma, los actos administrativos fortalecen la legitimidad de la administración pública y garantizan que esta actúe de acuerdo con las leyes y las normas vigentes.

¿Cómo se puede impugnar un acto administrativo?

Hay diversos supuestos en los que una persona puede impugnar un acto administrativo en España. En primer lugar, si el acto afecta directamente a los derechos e intereses legítimos del impugnante y no hay otro medio de defensa adecuado. En segundo lugar, cuando el acto es nulo por ilegalidad manifiesta. Y, en tercer lugar, cuando se ha producido un error en la tramitación del acto administrativo.

Por lo tanto, la impugnación de un acto administrativo puede fundamentarse en que éste es ilícito o nulo por haberse producido un error en su tramitación. Si el acto es ilícito, se podrá impugnar porque afecta directamente a los derechos e intereses legítimos del impugnante y no existe otro medio de defensa adecuado. Si se ha producido un error en la tramitación, la impugnación se podrá fundamentar en que dicho error ha causado un perjuicio al impugnante.

¿Qué es el recurso administrativo?

El recurso administrativo es una herramienta que permite a los ciudadanos impugnar determinadas decisiones de la administración pública. Se trata de un derecho fundamental reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los particulares frente a la arbitrariedad de la administración.

En concreto, el recurso administrativo es un medio de impugnación que se interpone contra actos administrativos dictados por la administración pública en el ejercicio de sus competencias. Se trata de un derecho subjetivo recogido en el artículo 44 de la Constitución Española, que garantiza a los ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva.

Este derecho se concreta en la posibilidad de impugnar, ante un tribunal, aquellos actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses legítimos. El recurso administrativo, por tanto, es una forma de control de la legalidad de los actos de la administración pública, y un mecanismo de defensa de los derechos de los particulares frente a la arbitrariedad de la administración.

Los actos susceptibles de ser impugnados mediante recurso administrativo son muy diversos, y pueden afectar a cuestiones tan dispares como la concesión o denegación de licencias, la resolución de contratos, la ejecución de obras públicas, o la imposición de multas y sanciones. En cada caso, será el tribunal competente el que decidirá si el acto administrativo es ilegal o no, y si procede anularlo o confirmarlo.

El recurso administrativo debe interponerse en el plazo de dos meses desde la notificación del acto impugnado, y debe dirigirse al órgano administrativo que dictó dicho acto. En caso de que el órgano administrativo confirmase su acto, el particular podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el tribunal competente.

¿A qué se llama ejecución forzosa de un acto administrativo?

La ejecución forzosa de un acto administrativo es el proceso legal mediante el cual una autoridad judicial puede ordenar que las partes cumplan con los términos de un acto administrativo. En la mayoría de los casos, esto se traduce en una orden para que una persona o entidad pague una multa o reconstruya una propiedad dañada.

Para Finalizar

Se puede definir el acto administrativo como una declaración de voluntad por la que se ejerce el poder público y que produce efectos jurídicos en relación con una persona o un asunto determinado.

El acto administrativo puede ser una orden, un decreto, una resolución o cualquier otro tipo de declaración de voluntad por parte de la administración pública. En general, el acto administrativo debe ser emanado por un órgano competente y debe cumplir con ciertos requisitos, como la finalidad legítima y la motivación.

El acto administrativo puede ser impugnado ante los tribunales de justicia, ya que se trata de un acto de poder público que puede afectar a derechos fundamentales.

    • - El acto administrativo se emite en nombre del Estado.
    • - Tiene carácter imperativo, es decir, se impone a las personas a las que va dirigido.
    • - Concreta y determina una situación jurídica, es decir, produce, modifica o extingue efectos jurídicos.
    • - Se dirige a una o varias personas determinadas.

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