Administración Pública.

La administración pública es el sector del gobierno de un estado que se encarga de la gestión de los asuntos públicos. La administración pública está compuesta por funcionarios y agentes públicos que trabajan en nombre del estado y a favor de la comunidad. La administración pública tiene como objetivo principal velar por el bienestar y la seguridad de la población, y garantizar el cumplimiento de las leyes y las normas vigentes.

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¿Qué es la administración pública?

En España, la administración pública se define como el conjunto de órganos y entes que tienen como función principal la gestión de los asuntos públicos. Según el artículo 9 de la Constitución española, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y se rige por los principios de eficacia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, solidaridad y cooperación.

El concepto de administración pública se ha ido ampliando a lo largo de la historia. En la Antigua Grecia, la administración pública se limitaba a la gestión de las actividades militares y religiosas. Con el surgimiento de las ciudades-estado, la administración pública se extendió a la gestión de las actividades económicas y sociales. En la Edad Media, la administración pública quedó principalmente en manos de la Iglesia.

A partir del siglo XVI, con el surgimiento de los Estados modernos, la administración pública pasó a ser un ámbito exclusivo de la actividad estatal. En este periodo, la administración pública se concentró en la gestión de las finanzas públicas, la justicia, la defensa y la diplomacia.

En la actualidad, la administración pública se ha extendido a todos los ámbitos de la actividad estatal, desde la educación y la sanidad hasta la protección social y el medio ambiente. La administración pública se ha convertido en un área clave de la actividad política, ya que a través de ella se materializan las decisiones de los gobiernos.

Bien Común.

¿Cuáles son las funciones de la administración pública?

La administración pública es el sector de la economía que se dedica a la gestión de los recursos y servicios públicos. En España, la administración pública está formada por tres órdenes: el Estado, la Comunidad Autónoma y la Administración Local. Las funciones de la administración pública son la prestación de servicios públicos, la regulación de la actividad económica y la protección de los derechos de los ciudadanos.

La prestación de servicios públicos es una de las funciones esenciales de la administración pública. Los servicios públicos son aquellos que tienen un carácter general y obligatorio, y que son prestados por el Estado o la Administración Pública. Entre los servicios públicos más importantes podemos mencionar la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia, el transporte, etc.

La regulación de la actividad económica es otra de las funciones de la administración pública. El Estado y la Administración Pública tienen un papel fundamental en la regulación de la economía, ya que tienen el poder de establecer leyes y normas que rigen la actividad económica. La regulación de la economía se realiza a través de diferentes mecanismos, como las normas fiscales, las normas laborales, las normas de protección al consumidor, etc.

La protección de los derechos de los ciudadanos es otra de las funciones de la administración pública. El Estado y la Administración Pública tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos, garantizando su seguridad, salud, educación, etc. Para proteger los derechos de los ciudadanos, la administración pública cuenta con diferentes mecanismos, como la legislación, la jurisprudencia, los organismos de control, etc.

¿Cómo está organizada la administración pública?

EN ESPAÑA, la administración pública está organizada en tres niveles: la administración central, la administración autonómica y la administración local. La administración central está formada por el Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Constitucional. La administración autonómica está formada por las comunidades autónomas y las provincias. La administración local está formada por los ayuntamientos.

Censura Previa.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la administración pública?

El derecho administrativo es el conjunto de normas que regulan la actividad de la administración pública, estableciendo sus límites y atribuciones. En España, este derecho se encuentra regulado en el Libro IV de la Constitución Española de 1978, así como en la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de reforma del Estado (LOREG).

Los principios fundamentales de la administración pública española son los siguientes:

Legalidad: Toda actividad de la administración pública debe ajustarse a la legalidad, es decir, a las normas jurídicas vigentes. La administración pública solo puede actuar dentro de los límites establecidos por la ley y no puede adoptar decisiones arbitrarias.

Imparcialidad: La administración pública debe actuar de forma imparcial, es decir, debe tratar igual a todos los ciudadanos, independientemente de su raza, religión, opinión política u origen social.

Eficacia: La administración pública debe actuar de forma eficiente y eficaz, es decir, debe utilizar los recursos a su disposición de manera eficiente y lograr los objetivos que se propone.

Contratación Administrativa.

Eficacia: La administración pública debe actuar de forma eficiente y eficaz, es decir, debe utilizar los recursos a su disposición de manera eficiente y lograr los objetivos que se propone. Publicidad: La administración pública debe actuar de forma pública, es decir, debe dar a conocer al público en general sus decisiones y actuaciones, a fin de que estos puedan controlar su correcto funcionamiento.

Proporcionalidad: Las medidas adoptadas por la administración pública deben ser proporcionales a los fines perseguidos, es decir, no pueden ser excesivas ni desproporcionadas.

Responsabilidad: La administración pública debe ser responsable de sus actos, es decir, debe rendir cuentas de sus decisiones y actuaciones ante la ciudadanía.

Sujetos: En el ámbito del derecho administrativo, podemos hablar de tres grandes grupos de sujetos:

Administración pública: Se entiende por administración pública todos aquellos órganos y entidades que forman parte del poder público y que tienen como función el ejercicio de la función pública.

Delito Electoral.

Ciudadanía: Se entiende por ciudadanía a todas aquellas personas que gozan de los derechos civiles y políticos reconocidos por la Constitución y por las leyes.

Empresas y particulares: Se entiende por empresas y particulares a todas aquellas personas físicas o jurídicas que no forman parte de la administración pública y que se ven afectadas por sus decisiones y actuaciones.

¿Cómo se adquieren los derechos administrativos?

Desde el punto de vista jurídico, se adquieren los derechos administrativos por medio de la Ley de Administración Pública (Ley 7/1985, de 2 de abril). Según esta ley, los derechos administrativos se adquieren por tres vías principales: la concesión, la autorización y el permiso.

La concesión es el acto mediante el cual la administración pública otorga el derecho de uso o goce de un bien público a un particular, siempre que dicho uso o goce no afecte al interés general. La concesión puede otorgarse por tiempo determinado o por tiempo indeterminado.

La autorización es el acto mediante el cual la administración pública otorga el derecho de realizar una actividad que, de otro modo, estaría prohibida. Las autorizaciones suelen otorgarse por tiempo determinado y son renovables.

El permiso es el acto mediante el cual la administración pública autoriza el uso o goce de un bien público para un fin determinado. Los permisos suelen otorgarse por tiempo determinado y no son renovables.

En España, también existen otros mecanismos para adquirir derechos administrativos, como la licencia y el requerimiento. No obstante, estos mecanismos son mucho menos frecuentes que las concesiones, las autorizaciones y los permisos.

¿Cómo se ejercen los derechos administrativos?

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común regula los derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 CE en materia de procedimiento administrativo, así como el ejercicio de otros derechos que la legislación reconoce a los interesados en el procedimiento.

Por tanto, según esta ley, todos los ciudadanos tienen derecho a:

-Ser informados de manera clara y transparente sobre los procedimientos administrativos que les afectan.

-Acceder de forma generalizada a la tramitación telemática de los procedimientos.

-Elegir el idioma en el que se les presta la información y en el que se tramitan sus peticiones.

-Elegir el canal por el que se tramitan sus peticiones (oficina, teléfono, correo electrónico, etc.).

-Obtener una respuesta motivada de la administración en un plazo razonable.

-Ser oídos antes de que se adopten resoluciones que les afecten de forma significativa.

-Recurrir las decisiones administrativas ante los órganos competentes.

-Solicitar la revisión de oficio de las decisiones administrativas.

-Obtener una indemnización por los perjuicios causados por la actuación irregular de la administración.

¿Cuáles son las limitaciones a los derechos administrativos?

Limitaciones administrativas, derechos, leyes

Las limitaciones a los derechos administrativos se encuentran en la legislación y la jurisprudencia. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, «2. Los derechos y facultades que, a favor de los interesados, se reconocen o se atribuyen a las Administraciones Públicas en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, no podrán ser ejercidos de manera tal que atenten contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el Título I del Libro I del Texto Refundido de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, ni contra los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.»

En cuanto a la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1982, de 5 de mayo, establece que «las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser estrictamente necesarias para lograr un fin legítimo de interés general».

En el ámbito del derecho administrativo, las limitaciones a los derechos de los ciudadanos se encuentran en la legislación y en la jurisprudencia.

La legislación limita los derechos de los ciudadanos en cuanto a su ejercicio debe ser conforme con la ley y no puede atentar contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

La jurisprudencia establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser estrictamente necesarias para lograr un fin legítimo de interés general.

En el ámbito del derecho administrativo, las limitaciones a los derechos de los ciudadanos se encuentran, por tanto, en la legislación y en la jurisprudencia.

Para Finalizar

ADMINISTRACION PUBLICA

En España, la administración pública está conformada por todos los órganos y entidades de la Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Administraciones Locales y de las Corporaciones de Derecho Público.

En virtud del principio de legalidad, la administración pública está sometida al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, el ejercicio de sus funciones se halla atravesado por una serie de principios y valores que orientan y limitan su actuación, tales como el principio de igualdad, el de tutela judicial efectiva, el de jerarquía normativa, el de publicidad, el de responsabilidad, el de imparcialidad o el de buena fe.

La administración pública es una institución esencial en un Estado democrático, puesto que es a través de ella como se materializa el poder del Estado y se ejercen las funciones públicas. No obstante, la administración pública no es una institución ajena a la sociedad, puesto que está formada por personas que actúan en nombre y representación del Estado, pero que, al mismo tiempo, son ciudadanos que participan en la vida social y que están sometidos a las mismas reglas que rigen la actuación de los particulares.

La administración pública es, por tanto, una institución que debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos, así como el bienestar general de la sociedad.