Código De Procedimiento Penal.
El Código de Procedimiento Penal es un documento legal que establece las reglas y procedimientos a seguir por las autoridades y los tribunales durante el proceso penal. En España, el Código de Procedimiento Penal se encuentra regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Código Nacional de Procedimientos Penales
Código De Procedimiento | Penal Ley 906 | Subintendentes 2022
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procesal penal
El Código de Procedimiento Penal (CPP) es el marco jurídico que regula la aplicación de la justicia penal en España.[1][2] Su finalidad es garantizar el derecho de defensa de las personas acusadas de un delito, así como establecer los principios y normas aplicables a la investigación y persecución penal.
La justicia penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado destinada a perseguir y sancionar los delitos cometidos por sus ciudadanos. En España, el Poder Judicial es el encargado de hacer efectivo este derecho fundamental, asegurando el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas implicadas en un procedimiento penal.
El Código de Procedimiento Penal es el conjunto de normas que regulan todos los aspectos relacionados con la aplicación de la justicia penal en España. Se divide en tres libros:
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- El Libro I regula el procedimiento abreviado.
- El Libro II regula el procedimiento ordinario.
- El Libro III regula el procedimiento especial.
El Código de Procedimiento Penal se aplica a todos los procedimientos penales iniciados a partir del 1 de enero de 2015, fecha en la que entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.
El procedimiento penal es el conjunto de actos y tramitaciones que se realizan desde que se sospecha de la comisión de un delito hasta que se dicta la sentencia condenatoria o absolutoria, en su caso.
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El procedimiento penal puede ser abreviado, ordinario o especial.
El procedimiento abreviado es el que se aplica a los delitos leves o de faltas cuya pena máxima no exceda de seis meses de prisión o multa de nueve meses.
El procedimiento ordinario es el que se aplica a los delitos que no sean considerados leves o de faltas.
El procedimiento especial es el que se aplica a determinados delitos específicos, como los delitos de terrorismo o de violencia de género.
El Código de Procedimiento Penal establece una serie de garantías para las personas implicadas en un procedimiento penal, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y equitativo, el derecho a la defensa y el derecho a no self-incriminate.
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El derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental que protege a las personas sospechosas de haber cometido un delito. Esto significa que, hasta que no se demuestre lo contrario, se presume que la persona es innocente.
El derecho a un juicio justo y equitativo es otro derecho fundamental de las personas implicadas en un procedimiento penal. Esto significa que todas las personas tienen derecho a un juicio imparcial y que se respetarán sus derechos fundamentales durante el proceso.
El derecho a la defensa es un derecho fundamental que reconoce el derecho de las personas a presentar pruebas y argumentos en su propio favor durante el proceso penal.
El derecho a no self-incriminate es un derecho fundamental que protege a las personas sospechosas de haber cometido un delito. Esto significa que las personas no están obligadas a declarar en contra de sí mismas.
- Las principales disposiciones del código se refieren a la forma en que se lleva a cabo un proceso penal, desde la persecución de un delito hasta la eventual condena de un acusado. También establece los derechos de los acusados y de las víctimas de delitos.
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