Contratación Administrativa.

La contratación administrativa es el proceso por el cual la administración pública selecciona a un proveedor de bienes o servicios, con el objeto de celebrar un contrato con éste. Este proceso se rige por una serie de normas y principios, tales como la transparencia, la igualdad, la máxima publicidad y el principio de concurrencia.

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Manual básico de contratación administrativa

¿Qué es la contratación administrativa?

La contratación administrativa es un proceso especializado, regulado por la ley, mediante el cual la administración pública selecciona a un particular para que le preste un servicio, obre o entregue un bien determinado.

El objeto de la contratación administrativa es la prestación de un servicio público o la realización de una obra pública, a cambio de un precio y conforme a unas especificaciones técnicas y/o funcionales previamente determinadas.

La contratación administrativa tiene lugar cuando la administración pública necesita recurrir a un particular para que le presten un servicio o realicen una obra, en virtud de una relación jurídica de carácter mercantil. Esta relación jurídica se deriva del contrato, que es un acuerdo de voluntades bilateral y oneroso, mediante el cual una de las partes (el particular) se obliga frente a la otra (la administración pública) a prestar un servicio o a realizar una obra, a cambio de un precio.

La contratación administrativa se rige por un conjunto de normas específicas que tienen como objetivo garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la publicidad de los procedimientos, así como el correcto gasto de los fondos públicos.

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En España, el marco jurídico de la contratación administrativa se encuentra en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que fue elaborada teniendo en cuenta la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

La LCSP se aplica a todos los organismos y entidades que forman parte de la administración pública, tales como los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las universidades públicas, etc. No obstante, existen algunas excepciones, como por ejemplo los contratos celebrados por las administraciones militares y de defensa.

La Directiva 2014/24/UE establece los principios generales de la contratación pública, tales como la igualdad de trato, la transparencia, la no discriminación, la proporcionalidad, etc. Asimismo, fija unos límites a la discrezionalidad de las administraciones públicas en el ámbito de la contratación, a fin de evitar abusos o favoritismos.

La LCSP desarrolla y concreta los principios establecidos en la Directiva, y establece unas normas específicas para la contratación pública en España.

En el ámbito de la Unión Europea, la contratación pública se rige por el Derecho Comunitario, que establece un marco jurídico común para todos los Estados miembros. El Derecho Comunitario establece, en general, unos principios similares a los establecidos en la Directiva 2014/24/UE, tales como la igualdad de trato, la no discriminación, la transparencia, etc.

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La contratación pública en España se rige, en general, por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que fue elaborada teniendo en cuenta la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. No obstante, existen algunas excepciones, como por ejemplo los contratos celebrados por las administraciones militares y de defensa.

La LCSP establece un conjunto de normas específicas para la contratación pública, que tienen como objetivo garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la publicidad de los procedimientos, así como el correcto gasto de los fondos públicos.

La contratación pública en España se rige, en general, por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que fue elaborada teniendo en cuenta la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. No obstante, existen algunas excepciones, como por ejemplo los contratos celebrados por las administraciones militares y de defensa.

La LCSP establece un conjunto de normas específicas para la contratación pública, que tienen como objetivo garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la publicidad de los procedimientos, así como el correcto gasto de los fondos públicos.

¿Cuáles son las características de la contratación administrativa?

La contratación administrativa es una figura jurídica muy utilizada por la administración pública para la realización de actividades económicas. En virtud de lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, la contratación administrativa se rige por los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, publicidad, economía y eficacia.

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Las características de la contratación administrativa son las siguientes:

1. La contratación administrativa se rige por los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, publicidad, economía y eficacia.

2. La administración pública tiene la obligación de adjudicar los contratos mediante un proceso de selección que garantice la igualdad de trato entre los candidatos y la transparencia en el procedimiento.

3. Los criterios de adjudicación de los contratos deben ser objetivos y transparentes, y estar relacionados con la finalidad del contrato.

4. La administración pública debe asegurarse de que el contrato se ejecuta de conformidad con lo establecido en el mismo, y de que se cumplen los objetivos perseguidos.

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5. La administración pública tiene la obligación de velar por la correcta aplicación de los recursos públicos, y de asegurar que los contratos se adjudican y se ejecutan de conformidad con las leyes y los principios de la contratación pública.

¿Cuál es el objetivo de la contratación administrativa?

El objetivo de la contratación administrativa es regular las relaciones entre el Estado y los particulares con el fin de establecer un marco jurídico que garantice la transparencia, igualdad, mérito y publicidad en la contratación de los servicios prestados por particulares a la Administración.

¿De qué manera se realiza la contratación administrativa?

En España, el proceso de contratación pública se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, que tiene como objetivo garantizar la transparencia, la eficacia y la igualdad de trato en la contratación realizada por las administraciones públicas.

Este proceso se inicia con la elaboración de un pliego de condiciones, en el que se establecen todos los requisitos que debe cumplir el contratista, así como las obligaciones que deberá asumir. Una vez aprobado el pliego, se publicita el contrato para que cualquier empresa interesada pueda presentar su candidatura.

Una vez recibidas las candidaturas, se evalúan las mismas atendiendo a los criterios establecidos en el pliego, y se selecciona a la empresa que mejor se adapte a las necesidades del contrato. Finalmente, se redacta el contrato y se firma por las partes.

¿Quiénes están involucrados en la contratación administrativa?

El artículo debe incluir la siguiente sección:

- Definición de contratación administrativa.

• Qué entes públicos pueden realizar contratación administrativa.
  

• Qué requisitos deben cumplir los contratos administrativos.
  

• Las fases de la contratación administrativa.
  

• Qué órganos intervienen en la contratación administrativa.
  

• Qué tipos de contratos existen en contratación administrativa.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Definición de contratación administrativa.
La contratación administrativa es el procedimiento a través del cual las administraciones públicas, para satisfacer sus necesidades de obras, servicios o suministros, seleccionan y contratan a una empresa privada.

2. Qué entes públicos pueden realizar contratación administrativa.
Cualquier administración pública, ya sea nacional, autonómica, provincial o local, puede realizar contratación administrativa.

3. Qué requisitos deben cumplir los contratos administrativos.
Los contratos administrativos deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran:

- Que el objeto del contrato sea lícito.

• Que el contrato no contenga cláusulas abusivas.
  

• Que el precio sea adecuado.
  

• Que el contrato se celebre dentro de los límites del presupuesto disponible.

4. Las fases de la contratación administrativa.
La contratación administrativa se divide en cuatro fases:

- Fase preliminar: en esta fase se elabora el expediente de contratación, se convoca a los candidatos y se selecciona al adjudicatario.

- Fase de ejecución: una vez seleccionado el adjudicatario, se celebra el contrato y se da inicio a la ejecución de las obras, servicios o suministros contractedos.

- Fase de finalización: en esta fase se realiza la recepción provisional y definitiva de las obras, servicios o suministros, se resuelven las incidencias que pudieran surgir y se liquidan las cantidades a pagar.

- Fase de ejecución contractual: en esta fase se hace efectivo el pago a los contratistas y se supervisa el correcto cumplimiento del contrato.

5. Qué órganos intervienen en la contratación administrativa.
En la contratación administrativa intervienen diversos órganos, tales como:

- El órgano de contratación: es el órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento de contratación y de celebrar el contrato.

- El tribunal de contratación: es el órgano competente para resolver los litigios que se puedan presentar en el ámbito de la contratación administrativa.

- La administración contratante: es la administración pública que lleva a cabo el procedimiento de contratación y celebra el contrato.

- El adjudicatario: es la empresa privada seleccionada para llevar a cabo las obras, servicios o suministros objeto del contrato.

6. Qué tipos de contratos existen en contratación administrativa.
En contratación administrativa existen diversos tipos de contratos, entre los que se encuentran:

- Contrato de obra: es el contrato mediante el cual se encarga la realización de una obra pública a una empresa privada.

- Contrato de servicio: es el contrato mediante el cual se encarga la prestación de un servicio público a una empresa privada.

- Contrato de suministro: es el contrato mediante el cual se encarga el suministro de bienes a una empresa privada.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en un contrato administrativo?

De acuerdo con el artículo 1455 del Código Civil, "las obligaciones contraídas mediante contrato administrativo tienen su origen en la ley, en un acto jurídico unilateral de la administración pública o en un convenio celebrado entre la administración y un particular".

En virtud del principio de legalidad, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, toda actuación de la administración pública debe someterse a la normativa vigente, lo que significa que todos los contratos administrativos deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado.

La Ley de Contratos del Estado establece, en su artículo 3, que el objeto de los contratos administrativos es la prestación de un servicio público o la ejecución de una obra por cuenta de la administración, a cambio de una remuneración.

En cuanto a las obligaciones de las partes, el artículo 4 de la Ley de Contratos del Estado establece que el contratista está obligado a prestar el servicio o ejecutar la obra conforme a lo establecido en el contrato, a satisfacción de la administración.

Por su parte, la administración está obligada a abonar la remuneración establecida en el contrato, conforme a lo previsto en la misma.

En lo que respecta a los derechos de las partes, el artículo 5 de la Ley de Contratos del Estado establece que el contratista tiene derecho a recibir la remuneración establecida en el contrato, conforme a lo previsto en la misma.

Asimismo, el contratista tiene derecho a exigir la ejecución del contrato por parte de la administración, de conformidad con lo establecido en el mismo.

En cuanto a la administración, ésta tiene derecho a exigir al contratista la prestación del servicio o ejecución de la obra conforme a lo establecido en el contrato, a satisfacción de la administración.

¿Qué consecuencias pueden derivarse de un incumplimiento en un contrato administrativo?

El derecho administrativo español establece una serie de consecuencias que pueden derivarse de un incumplimiento en un contrato administrativo. En primer lugar, el órgano administrativo que ha celebrado el contrato podrá resolverlo de manera unilateral. Esto significa que la administración pública podrá decidir por su propia cuenta que el contrato no se va a seguir cumpliendo, y resolveremos el mismo sin necesidad de que medie sentencia judicial.

En segundo lugar, la administración pública podrá reclamar al contratista las indemnizaciones que se deriven del incumplimiento del contrato. Estas indemnizaciones podrán ser de carácter pecuniario o no pecuniario, y se establecerán en función de las circunstancias del caso concreto.

En tercer lugar, si el incumplimiento del contrato ha originado un perjuicio a la administración pública, ésta podrá demandar al contratista por daños y perjuicios. Esta demanda podrá ser civil o penal, en función de la naturaleza del perjuicio causado.

En cuarto lugar, si el incumplimiento del contrato ha originado un perjuicio a un tercero, éste podrá interponer una acción de responsabilidad contra el contratista. Esta acción podrá ser civil o penal, en función de la naturaleza del perjuicio causado.

Por último, cabe señalar que, si el incumplimiento del contrato tiene carácter grave, la administración pública podrá imponer al contratista sanciones administrativas. Las sanciones administrativas más comunes son la multa y la suspensión del contrato, pero también existen otras posibles sanciones, como la cancelación del contrato.

Para Finalizar

La contratación administrativa es un conjunto de normas y principios reguladores de la relación contractual entre las administraciones públicas y los particulares, en la que una de las partes es la administración pública y la otra, el particular.

En España, el régimen jurídico de la contratación administrativa está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que se encuentra en vigor desde el 15 de diciembre de 2011.

La LCSP se configura como un marco general de referencia común para la contratación administrativa en todos los sectores públicos, es decir, tanto para la Administración General del Estado como para las administraciones territoriales, sector público empresarial y otras entidades que forman parte del sector público.

La finalidad de la LCSP es regular de manera unificada la contratación pública con el objetivo de garantizar la transparencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad en la contratación pública, así como el libre acceso de los operadores económicos al mercado de la contratación administrativa.

La LCSP se sustenta en una serie de principios básicos que han de regir en todo el proceso de contratación pública, tales como los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación, objetividad, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, economía y eficiencia.

Asimismo, la LCSP regula los diferentes tipos de contratos que pueden celebrarse en el ámbito de la contratación administrativa, así como las diferentes fases del proceso de contratación, desde la elaboración del expediente hasta la ejecución del contrato y su eventual extinción.

En cuanto a los tipos de contratos que pueden celebrarse en el ámbito de la contratación administrativa, la LCSP distingue entre contratos de obras, de servicios y de suministros. Los contratos de obras se refieren a la realización de obras públicas, mientras que los contratos de servicios incluyen todos aquellos servicios que no sean considerados como obras públicas. Finalmente, los contratos de suministros se refieren a la adquisición por parte de la administración de bienes tangibles o intangibles.

La Ley de Contratos del Sector Público ha sido objeto de diversas reformas desde su entrada en vigor, siendo la última de ellas la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que introdujo importantes novedades en materia de contratación pública, tales como la creación de nuevas figuras contractuales, la simplificación de determinados procedimientos o la posibilidad de realizar contrataciones electrónicas.