Contrato De Concesión.
Un contrato de concesión es un acuerdo mediante el cual una persona (concesionario) se compromete a realizar una actividad o prestar un servicio a cambio de una compensación por parte de otra persona (concedente). En muchos casos, el contrato de concesión se celebra entre una administración pública y una empresa privada, y suele estar regulado por una ley específica.
El contrato de concesión otorga al concesionario un derecho de exclusividad para llevar a cabo la actividad objeto del contrato en el territorio previamente determinado. Asimismo, el concesionario suele gozar de cierta autonomía a la hora de organizar y gestionar su actividad, siempre y cuando se ajuste a lo establecido en el contrato.
En algunos casos, el contrato de concesión puede establecer que el concesionario debe construir una infraestructura (por ejemplo, una carretera o un puente) y, una vez finalizada su construcción, el concedente se compromete a mantener y explotar dicha infraestructura durante un determinado periodo de tiempo.
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Para Finalizar
El contrato de concesión es un contrato administrativo mediante el cual la Administración Pública confiere a un particular el derecho de explotar un servicio público por un tiempo determinado, generalmente a cambio de un canon.
El principal objetivo del contrato de concesión es la prestación de un servicio público, y no la obtención de un beneficio económico para el concesionario. En efecto, el estatuto jurídico del concesionario de un servicio público se caracteriza por la ausencia de un ánimo de lucro, lo que implica que los beneficios que pueda obtener de la explotación del servicio deben destinarse íntegramente a su mantenimiento y mejora.
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El contrato de concesión se rige por las disposiciones generales del derecho administrativo, así como por las especiales que se contengan en la ley de contratación pública, en la ley sectorial correspondiente al servicio objeto de la concesión y, en su defecto, por las normas del sector privado.
La concesión es, por tanto, un acto de delegación de la función pública en favor de un particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 de la Constitución Española.
Se trata, por tanto, de una figura jurídica esencialmente administrativa que tiene como finalidad la prestación de un servicio público, y no la obtención de un beneficio económico para el concesionario.
El contrato de concesión debe ser otorgado mediante un procedimiento de selección transparente, en el que se garantice la igualdad de trato de todos los candidatos y el acceso libre a la información sobre el contrato.
Asimismo, el contrato debe especificar los derechos y obligaciones del concesionario, así como los criterios que se utilizarán para evaluar su desempeño.
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Finalmente, el contrato de concesión debe ser registrado en el Registro Público de Contratos Administrativos.
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