Delitos Contra La Administración Pública.
Al día de hoy, el delito contra la administración pública en España se refiere a cualquier acto u omisión que atente contra la administración de justicia, el ejercicio de funciones públicas o el cumplimiento de deberes legales. En general, estos delitos se cometen por medio de engaño, fuerza o violencia contra la persona o la propiedad. Algunos de los delitos más comunes contra la administración pública en España incluyen el fraude, la corrupción, el soborno, el robo, el hurto y la extorsión.
Delitos contra la Administración Pública
LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA - SERGIO EMERSON
Para Finalizar
En primer lugar, hay que señalar que el presente trabajo no se limitará a un análisis puramente descriptivo de los delitos contra la administración pública, sino que también se realizará un estudio crítico de la legislación vigente y se ofrecerán una serie de propuestas de reforma.
En cuanto a la definición de este tipo de delitos, cabe señalar que la jurisprudencia española ha señalado que los delitos contra la administración pública son aquellos en los que el agente, actuando en nombre propio o en representación de un tercero, lesiona un interés general tutelado por la administración pública, cometiendo alguna de las faltas tipificadas como tales en la legislación penal.
Aunque en un primer momento pueda parecer que esta definición es suficientemente amplia, en la práctica se han dado numerosos conflictos a la hora de determinar si determinados hechos constituyen o no un delito contra la administración pública.
De hecho, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la jurisprudencia española es el de determinar el alcance de la protección que el Estado debe brindar a los intereses generales. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que no todos los intereses tutelados por la administración pública deben ser considerados como relevantes a los efectos de la criminalización de una determinada conducta.
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Así, por ejemplo, en el caso de los delitos de prevaricación, la jurisprudencia ha señalado que sólo serán considerados como tales aquellos actos en los que el agente perjudique un interés general de carácter esencial, como puede ser el derecho a la salud o a la seguridad.
Por el contrario, en el caso de los delitos de corrupción, la jurisprudencia ha señalado que no es necesario que el agente perjudique un interés esencial, sino que basta con que atente contra cualquier interés general.
En cualquier caso, cabe señalar que la protección que el Estado debe brindar a los intereses generales no es absoluta, sino que debe ser ponderada en función de otros factores, como la naturaleza y gravedad de la infracción cometida, el grado de responsabilidad del agente o el impacto que la conducta pueda tener en la vida de las personas afectadas.
En cuanto al segundo problema que se plantea a la hora de definir los delitos contra la administración pública, cabe señalar que la jurisprudencia española ha señalado que no todas las faltas tipificadas como tales en la legislación penal deben considerarse como delitos contra la administración pública.
Así, en el caso de los delitos de prevaricación, la jurisprudencia ha señalado que sólo serán considerados como tales aquellos actos en los que el agente perjudique un interés general de carácter esencial, como puede ser el derecho a la salud o a la seguridad.
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Por el contrario, en el caso de los delitos de corrupción, la jurisprudencia ha señalado que no es necesario que el agente perjudique un interés esencial, sino que basta con que atente contra cualquier interés general.
En cualquier caso, cabe señalar que la protección que el Estado debe brindar a los intereses generales no es absoluta, sino que debe ser ponderada en función de otros factores, como la naturaleza y gravedad de la infracción cometida, el grado de responsabilidad del agente o el impacto que la conducta pueda tener en la vida de las personas afectadas.
- Delitos de prevaricación: cometidos por funcionarios públicos que, abusando de su cargo, causan un perjuicio a un particular.
- Delitos de malversación de caudales públicos: cometidos por funcionarios públicos que desvían fondos públicos a fin de obtener un beneficio personal.
- Delitos de cohecho: cometidos por funcionarios públicos que aceptan un soborno a cambio de realizar un acto u omisión en el ejercicio de sus funciones.
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