Delitos Contra La Administración Pública.

Los delitos contra la administración pública son aquellos cometidos por funcionarios públicos o por particulares que aprovechan su posición en el ámbito público para cometer actos ilícitos en detrimento del Estado o de los particulares. Se trata de una categoría amplia de delitos que incluye, entre otros, los delitos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, cohecho, etc.

Delitos contra la administración pública (Parte 1)

Conferencia: "LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ACTUALIDAD"

¿Qué se entiende por delitos contra la administración pública?

Los delitos contra la administración pública son aquellos cometidos por funcionarios públicos que atentan contra los intereses generales de la administración y de los ciudadanos. Estos delitos pueden ser de corrupción, malversación de fondos, fraude, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Los funcionarios públicos que cometen estos delitos son castigados de acuerdo a la gravedad del mismo, y pueden enfrentar penas de prisión, multas y/o el destierro.

¿Cuáles son los tipos de delitos contra la administración pública?

Los delitos contra la administración pública son aquellos cometidos por funcionarios públicos o particulares en perjuicio de la administración. Se clasifican en tres grandes grupos:

1. Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

2. Delitos cometidos por particulares contra la administración.

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3. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra particulares.

En cuanto a los primeros, podemos distinguir los siguientes tipos de delitos:

1. Delitos de abuso de autoridad: Son aquellos cometidos por un funcionario público que, utilizando el poder que le confieren sus funciones, realiza actos contra la libertad o derechos fundamentales de las personas.

2. Delitos de prevaricación: Se cometen cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, toma una decisión contraria a la ley, a sabiendas de que es ilegal.

3. Delitos de tráfico de influencias: Se producen cuando un funcionario público intercede ante otro para conseguir un beneficio para sí mismo o para un tercero, utilizando el poder que le confieren sus funciones.

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4. Delitos de cohecho: Se cometen cuando un funcionario público recibe, directa o indirectamente, un beneficio a cambio de hacer o dejar de hacer algo en el ejercicio de sus funciones.

5. Delitos de malversación de caudales públicos: Se cometen cuando un funcionario público destina fondos públicos a un uso distinto al que estaba previsto por la ley.

6. Delitos de enriquecimiento ilícito: Son aquellos cometidos por un funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, logra obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para un tercero, sin que exista justificación alguna para ello.

En cuanto a los delitos cometidos por particulares contra la administración, podemos distinguir los siguientes tipos:

1. Delitos de estafa: Se cometen cuando una persona logra obtener un beneficio para sí misma o para un tercero, utilizando fraudulentamente una situación de vulnerabilidad de la administración.

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2. Delitos de cohecho: Se producen cuando un particular ofrece o promete, directa o indirectamente, un beneficio a un funcionario público a cambio de que éste haga o deje de hacer algo en el ejercicio de sus funciones.

3. Delitos de peculado: Se cometen cuando un particular se apropia, de forma dolosa, de bienes o fondos pertenecientes a la administración.

4. Delitos de enriquecimiento ilícito: Se producen cuando un particular logra obtener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio patrimonial del que no puede dar una justificación razonable.

En cuanto a los delitos cometidos por funcionarios públicos contra particulares, podemos distinguir los siguientes tipos:

1. Delitos de abuso de autoridad: Son aquellos cometidos por un funcionario público que, utilizando el poder que le confieren sus funciones, realiza actos contra la libertad o derechos fundamentales de las personas.

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2. Delitos de prevaricación: Se cometen cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, toma una decisión contraria a la ley, a sabiendas de que es ilegal.

3. Delitos de tráfico de influencias: Se producen cuando un funcionario público intercede ante otro para conseguir un beneficio para sí mismo o para un tercero, utilizando el poder que le confieren sus funciones.

4. Delitos de cohecho: Se cometen cuando un funcionario público recibe, directa o indirectamente, un beneficio a cambio de hacer o dejar de hacer algo en el ejercicio de sus funciones.

¿Quiénes pueden ser responsables de los delitos contra la administración pública?

En el derecho español, se consideran delitos contra la administración pública a aquellos cometidos por particulares o empresas contra la administración, incluyendo tanto a los órganos y organismos estatales como a los de las comunidades autónomas. Se consideran delitos contra la administración pública, entre otros, los siguientes:

- El cohecho, que consiste en ofrecer o dar, directa o indirectamente, un beneficio a un funcionario público para que realice, omita o retarde un acto en el ejercicio de sus funciones.

• La prevaricación, que consiste en dictar una resolución judicial o administrativa contraria a derecho, a sabiendas de que es injusta.
  

• La extorsión, que consiste en obtener, directa o indirectamente, un beneficio ilícito de un tercero mediante la amenaza de causarle un perjuicio, real o inminente.
  

• El fraude contra la administración, que consiste en obtener, para sí o para un tercero, un beneficio ilícito mediante el uso de información privilegiada o el falseamiento de documentos.
  

• La malversación de fondos públicos, que consiste en destinar o utilizar, directa o indirectamente, fondos públicos para un fin distinto al que fueron destinados o, en su caso, autorizados.

La responsabilidad por los delitos contra la administración pública puede ser penal, civil o administrativa. La responsabilidad penal es aquella que puede ser imputada a una persona física por un delito y que, en su caso, conlleva la imposición de una pena. La responsabilidad civil es aquella que puede ser imputada a una persona física o jurídica por un daño causado y que conlleva la obligación de indemnizar al perjudicado. La responsabilidad administrativa es aquella que puede ser imputada a una persona física o jurídica por una infracción cometida y que conlleva la imposición de una sanción por parte de la administración pública.

¿Cuáles son las consecuencias de cometer un delito contra la administración pública?

En el ordenamiento jurídico español, se consideran delitos contra la Administración Pública aquellos tipos penales que afectan al interés general y se cometen contra los órganos o entes que forman parte de la Administración Pública. Se trata de una figura penal específica, cuyo objeto es tutelar el ejercicio de la función pública, protegiendo así el interés general.

Los delitos contra la Administración Pública comprenden una amplia variedad de comportamientos, desde la prevaricación hasta el malversación de caudales públicos, pasando por la corrupción o el fraude.

La práctica de estos delitos conlleva una serie de consecuencias penales para los responsables, que pueden ir desde una simple multa hasta la condena a prisión. A continuación, se detallan algunas de las consecuencias más habituales:

- Multa

Una de las consecuencias más frecuentes de cometer un delito contra la Administración Pública es la imposición de una multa. La cuantía de esta sanción se establece en función de la gravedad del delito cometido y de la capacidad económica del responsable.

- inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público

Otra de las consecuencias que puede derivarse de la comisión de un delito contra la Administración Pública es la inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público. Se trata de una sanción que tiene como finalidad impedir que la persona responsable de un delito de este tipo pueda acceder a un puesto de trabajo en la Administración Pública.

La duración de esta inhabilitación está en función de la gravedad del delito cometido, siendo de 10 años en el caso de los delitos más leves y de 20 años en el caso de los delitos más graves.

- Prisión

En algunos casos, la comisión de un delito contra la Administración Pública puede acarrear la condena a prisión. Se trata de una pena privativa de libertad que, en el caso de los delitos más graves, puede llegar a suponer una condena de hasta 20 años de prisión.

¿Cómo se puede evitar cometer un delito contra la administración pública?

La comisión de un delito contra la administración pública es una infracción grave que puede acarrear multas e incluso penas de prisión. Si bien es cierto que muchos de estos delitos son cometidos de forma involuntaria, existen algunas formas de prevenirlos. A continuación se detallan algunas:

1. Informarse: Uno de los principales factores que puede llevar a cometer un delito contra la administración pública es la falta de información adecuada. Por ello, es importante asegurarse de tener toda la información necesaria antes de realizar cualquier actuación que pudiera ser considerada delictiva.

2. Respetar las leyes y normas: Otro factor que puede conducir a la comisión de un delito contra la administración pública es el incumplimiento de las leyes y normas. Es importante cumplir todas las normas y leyes aplicables a la situación, de forma que no se cometan actos que puedan ser considerados delictivos.

3. Actuar de buena fe: Muchos delitos contra la administración pública se cometen porque se actúa de mala fe. Es decir, se intenta obtener un beneficio personal aprovechándose de la situación. Por ello, es importante actuar siempre de buena fe y no intentar aprovecharse de la situación para obtener un beneficio personal.

4. No facilitar datos falsos: Uno de los delitos más comunes contra la administración pública es facilitar datos falsos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se presenta una solicitud de prestación social utilizando datos falsos. También puede darse en el contexto de una tramitación administrativa, en la que se facilitan datos falsos para obtener un beneficio. En ambos casos, es importante evitar facilitar datos falsos, ya que esto puede ser considerado un delito.

5. No intimidar o amenazar a funcionarios públicos: Otra forma de cometer un delito contra la administración pública es intimidar o amenazar a funcionarios públicos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se intenta obtener un beneficio utilizando la amenaza de realizar una denuncia falsa. También puede darse en el contexto de una tramitación administrativa, en la que se amenaza a un funcionario público para que actúe de una determinada forma. En ambos casos, es importante evitar intimidar o amenazar a funcionarios públicos, ya que esto puede ser considerado un delito.

¿En qué casos se puede presentar denuncia por un delito contra la administración pública?

En España, los delitos contra la administración pública están regulados en el Libro Segundo, Título Quinta, del Código Penal. Según este código, se considera que se ha cometido un delito contra la administración pública cuando se realiza cualquier acción u omisión que atente contra un interés general o un derecho fundamental protegido por la Constitución.

Los delitos contra la administración pública pueden clasificarse en tres categorías:

1. Delitos de corrupción: se cometen cuando se utiliza el poder o el cargo para obtener un beneficio personal. Estos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Delitos contra los derechos fundamentales: se cometen cuando se atenta contra alguno de los derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a la vida, a la libertad o a la igualdad.

3. Delitos contra la seguridad ciudadana: se cometen cuando se pone en peligro la seguridad de las personas o de sus bienes. Estos delitos están regulados en el Código Penal y en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Para presentar una denuncia por un delito contra la administración pública, es necesario acudir a la Comisaría de Policía o al Juzgado de Guardia más cercanos. En la denuncia, se debe especificar el delito cometido y se debe aportar toda la información y pruebas disponibles.

¿Cómo se procede en un juicio por un delito contra la administración pública?

En un juicio por un delito contra la administración pública, el fiscal tiene la carga de probar que el acusado cometió el delito y que la pena es justa. Si el fiscal no puede probar esto, el juicio se detendrá y el acusado será exonerado.

Para Finalizar

Inicio mi trabajo destacando que el delito contra la administración pública es un tipo de infracción penal que se comete contra la administración y, en consecuencia, contra la organización y el funcionamiento del Estado.

En virtud del principio de legalidad, sólo se considerarán delitos aquellos tipos de conductas que hayan sido previamente tipificadas como tales por la ley. Sin embargo, aunque el delito contra la administración pública tenga una clara delimitación legal, existe cierta ambigüedad respecto a su alcance y a los elementos que lo integran.

En general, se entiende que el delito contra la administración pública es aquella infracción penal cometida por un particular en perjuicio de la administración pública o de un tercero perjudicado por la misma.

Entre los delitos contra la administración pública más comunes se encuentran el fraude fiscal, el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias, la corrupción o el enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, cabe destacar que el delito contra la administración pública no sólo afecta a la administración, sino que también es un ataque directo a los intereses generales de la sociedad. En este sentido, el delito contra la administración pública es una amenaza para la estabilidad y el buen funcionamiento del Estado.

Por último, quiero señalar que el delito contra la administración pública es un tipo de infracción penal que requiere una especial protección por parte del Estado. En este sentido, se han establecido una serie de medidas especiales para prevenir y sancionar este tipo de delitos.