Delitos Contra Las Personas.

Los delitos contra las personas son aquellos cometidos contra la vida, la integridad física o mental o la libertad de una persona. Los más comunes de estos delitos son el homicidio, el intento de homicidio, la lesión grave, el secuestro y la violación.

Índice de contenidos
  1. Delitos contra las personas
  2. DELITOS CONTRA LA VIDA , EL CUERPO Y LA SALUD
    1. ¿Cuáles son los delitos más comunes contra las personas?
    2. ¿Qué es la violencia doméstica?
    3. ¿Cómo se puede proteger a las víctimas de violencia doméstica?
    4. ¿Qué es el delito de agresión sexual?
    5. ¿Cómo se puede proteger a las víctimas de agresión sexual?
    6. ¿Qué es el delito de homicidio?
    7. ¿Cómo se puede proteger a las víctimas de homicidio?
  3. Para Finalizar

Delitos contra las personas

DELITOS CONTRA LA VIDA , EL CUERPO Y LA SALUD

¿Cuáles son los delitos más comunes contra las personas?

Según el informe anual de Interpol, los delitos más comunes contra las personas son el robo, el homicidio y la violencia. En España, el Código Penal establece diversos tipos de delitos contra las personas, agrupados en las siguientes categorías:

- Delitos contra la vida, la integridad y la salud: homicidio, lesiones, secuestro, amenazas, etc.

  • Delitos contra la libertad e indemnidad personales: detención ilegal, torturas, violencia doméstica, trata de seres humanos, etc.
  • Delitos contra el honor: injurias, calumnias, difamación, etc.
  • Delitos contra la libertad sexual: violación, abusos sexuales, acoso sexual, pornografía infantil, etc.

¿Qué es la violencia doméstica?

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se entiende por violencia de género "cualquier conducta, basada en el género, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el ejercicio o el disfrute de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito nacional y en el ámbito internacional".

La violencia doméstica es un tipo de violencia de género que se produce en el ámbito de la familia o de la relación de pareja. Se trata de un problema social muy extendido que afecta a mujeres, hombres y niños/as por igual. La violencia doméstica puede manifestarse de diversas formas: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.

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La violencia doméstica es una forma de control y dominio por parte de una persona sobre otra. Se trata de un problema de poder y de control, no de amor. La violencia doméstica es un delito grave que pone en peligro la vida de las víctimas y de sus hijos/as.

La violencia doméstica es un problema social muy extendido en todo el mundo. Según el informe “Estadísticas sobre violencia contra la mujer”, elaborado por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género de España, en el año 2015 se produjeron un total de 55.146 denuncias por violencia doméstica, lo que representa una media diaria de 151 denuncias. De estas denuncias, el 81,6% correspondieron a mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja.

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece una serie de medidas para prevenir y combatir la violencia doméstica. Entre estas medidas, destacan la creación de los juzgados especializados en violencia de género, la atención especializada a las víctimas de violencia doméstica y la elaboración de programas de educación a favor de la igualdad.

¿Cómo se puede proteger a las víctimas de violencia doméstica?

La violencia doméstica se define como: "Cualquier tipo de violencia, agresión, amenaza, maltrato o abuso físico, psicológico, económico, sexual o patrimonial que en el ámbito familiar o doméstico efectúe una persona contra otra con quien mantenga o haya mantenido una relación afectiva, ya sea que convivan o no".

En España, la violencia doméstica es un delito tipificado en el Código Penal y su protección está regulada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

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Dicha ley considera a la violencia doméstica como una forma de discriminación y violación de los derechos fundamentales de las mujeres, y tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Ley Orgánica 1/2004 establece tres ámbitos de protección para las víctimas de violencia doméstica:

- El ámbito penal: en este ámbito se prevén las medidas penales necesarias para sancionar a los agresores y garantizar la protección de las víctimas.

- El ámbito civil: en este ámbito se prevén las medidas civiles necesarias para proteger a las víctimas, tales como la prohibición de acercamiento, el alejamiento del agresor de la vivienda familiar o el derecho a permanecer en ella, la custodia de los hijos, etc.

- El ámbito social: en este ámbito se prevén las medidas sociales necesarias para proteger a las víctimas, tales como el acceso a los servicios sociales, la atención médica o psicológica, el acceso a la vivienda, el empleo, etc.

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Las víctimas de violencia doméstica pueden solicitar las medidas de protección que consideren necesarias en cualquiera de los tres ámbitos. No obstante, en el ámbito penal, las víctimas de violencia doméstica también pueden denunciar los hechos ante la Policía o el Juzgado de Guardia, sin necesidad de solicitar previamente las medidas de protección.

La Ley Orgánica 1/2004 también establece el derecho de las víctimas de violencia doméstica a recibir una protección especial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, la ley establece la obligación de las Administraciones Públicas de prestar una atención especializada a las víctimas de violencia doméstica, así como de coordinar sus acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por último, cabe destacar que, en virtud de la Ley Orgánica 1/2004, las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a ser protegidas por el secreto profesional de los abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales que intervengan en su asistencia.

¿Qué es el delito de agresión sexual?

El delito de agresión sexual es un delito cometido por una persona que, mediante la violencia, el amenazamiento, la intimidación o la utilización de su posición de superioridad física o psicológica, obliga a otra persona a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.

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La agresión sexual es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal español en el artículo 184 bis, que establece que: Será castigado con las penas de prisión de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con violencia o intimidación, y sin que mediare consentimiento, cometiere cualquiera de los siguientes actos: 1.º Engendrar o procurar el acceso carnal a otra persona. 2.º Atentar contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona mediante cualquiera de los actos señalados en el apartado anterior. En todo caso, se impondrá la pena de prisión de nueve a quince años si la víctima es menor de dieciocho años, si resultare gravemente herida o si concurriere alguna circunstancia enumerada en el artículo 22.4 del Código Penal.

Asimismo, el delito de agresión sexual es un delito considerado de orden público por lo que no es necesario que la víctima presente denuncia para que el Ministerio Fiscal pueda iniciar la investigación y, eventualmente, el juicio. No obstante, si la víctima presenta denuncia, esto puede facilitar la investigación y el esclarecimiento del hecho, así como el proceso penal.

¿Cómo se puede proteger a las víctimas de agresión sexual?

Introducción

La agresión sexual es un delito grave que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Se trata de una forma de violencia de género que tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales muy graves para las víctimas.

Las víctimas de agresión sexual necesitan una protección especial por parte del Estado y de la sociedad. Es importante que se les brinde apoyo psicológico y jurídico para que puedan superar el trauma y denunciar los hechos.

Existen diferentes medidas que se pueden adoptar para proteger a las víctimas de agresión sexual. En primer lugar, es importante sensibilizar a la población sobre este tema y fomentar la denuncia de los casos. También es necesario garantizar un acceso efectivo a la justicia y a los servicios de atención psicológica y social.

En España, se han adoptado diversas medidas para proteger a las víctimas de agresión sexual. En 2015 se creó la Unidad de Víctimas de Delitos Sexuales de la Policía Nacional, que tiene como objetivo brindar una atención especializada a estas víctimas. También se han creado unidades especializadas en los juzgados y en el Ministerio de Justicia.

Asimismo, se han adoptado medidas para facilitar el acceso de las víctimas a los servicios de atención psicológica y social. En 2016 se creó el Fondo de Ayuda a las Víctimas de Delitos Sexuales, que proporciona ayuda económica a estas víctimas.

Por último, se han adoptado medidas para mejorar la investigación y el juzgamiento de los delitos sexuales. En 2017 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estos delitos sean juzgados por un tribunal especializado. Asimismo, se ha impulsado la formación de policías y jueces en esta materia.

Conclusión

La agresión sexual es un delito grave que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Las víctimas de este tipo de violencia necesitan una protección especial por parte del Estado y de la sociedad. Existen diferentes medidas que se pueden adoptar para proteger a las víctimas de agresión sexual, como la sensibilización de la población, el fomento de la denuncia de los casos o el acceso efectivo a la justicia. En España, se han adoptado diversas medidas para proteger a las víctimas de agresión sexual, como la creación de unidades especializadas en la Policía Nacional o en el Ministerio de Justicia, o el impulso de la formación de policías y jueces en esta materia.

¿Qué es el delito de homicidio?

En España, el delito de homicidio se define como el asesinato de otra persona con premeditación o alevosía. Se considera un delito muy grave y se castiga con prisión de entre 12 años y 15 años.

¿Cómo se puede proteger a las víctimas de homicidio?

Las víctimas de homicidio en España tienen una serie de derechos reconocidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene como objetivo protegerlos y permitirles ejercer su función en el proceso penal.

Derechos de las víctimas de homicidio

En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las víctimas de homicidio tienen derecho a ser informadas sobre el proceso penal y a recibir asesoramiento jurídico gratuito. También tienen derecho a presentar alegaciones y a comparecer como testigos en el juicio.

Asimismo, la ley prevé una serie de medidas de protección especiales para las víctimas de homicidio, como el derecho a que se reserven los datos personales que puedan permitir su identificación y el derecho a no prestar declaración ante el imputado o sus representantes.

Por último, la ley contempla la posibilidad de que la Audiencia Nacional ordene el pago de una indemnización a las víctimas de homicidio en determinados casos.

Medidas de protección especiales para las víctimas de homicidio

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una serie de medidas de protección especiales para las víctimas de homicidio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 bis. Entre estas medidas se encuentran el derecho a que se reserven los datos personales que puedan permitir su identificación, el derecho a no prestar declaración ante el imputado o sus representantes y el derecho a que el Juez o Tribunal decida, a petición de la víctima, si se debe levantar el secreto de sumario en todo o en parte.

Asimismo, la ley establece que las víctimas de homicidio tienen derecho a ser informadas sobre el proceso penal y a recibir asesoramiento jurídico gratuito. También tienen derecho a presentar alegaciones y a comparecer como testigos en el juicio.

Indemnización a las víctimas de homicidio

La ley contempla la posibilidad de que la Audiencia Nacional ordene el pago de una indemnización a las víctimas de homicidio en determinados casos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 ter.

En concreto, la indemnización podrá ser ordenada cuando la víctima haya sufrido un daño irreparable en su salud física o mental o en su integridad física, o cuando sus familiares hayan sufrido un daño análogo.

La indemnización será pagada por el Ministerio de Justicia, salvo que el imputado tenga los recursos económicos necesarios para hacerlo, en cuyo caso será él quien tendrá que hacerse cargo del pago.

Para Finalizar

Hay muchos tipos de delitos contra las personas, que se clasifican en diferentes categorías. Estos incluyen, entre otros, los siguientes delitos:

1. Delitos de homicidio: estos delitos implican el asesinato de otra persona, y pueden ser intencionales o involuntarios.

2. Delitos de lesiones personales: estos delitos implican dañar física o psicológicamente a otra persona, y pueden ser intencionales o involuntarios.

3. Delitos de violencia sexual: estos delitos implican el abuso sexual de otra persona, y pueden ser intencionales o involuntarios.

4. Delitos de secuestro: estos delitos implican el rapto de otra persona contra su voluntad, y pueden ser intencionales o involuntarios.

5. Delitos de extorsión: estos delitos implican la amenaza de daño physical o psicológico a otra persona para obtener algún beneficio, y pueden ser intencionales o involuntarios.

6. Delitos de estafa: estos delitos implican el engaño de otra persona para obtener algún beneficio, y pueden ser intencionales o involuntarios.

7. Delitos de fraude: estos delitos implican el uso de documentación falsa o información falsa para obtener algún beneficio, y pueden ser intencionales o involuntarios.

8. Delitos de robo: estos delitos implican el hurto de bienes pertenecientes a otra persona, y pueden ser intencionales o involuntarios.

9. Delitos de agresión: estos delitos implican el ataque físico a otra persona, y pueden ser intencionales o involuntarios.

10. Delitos de vandalismo: estos delitos implican el daño intencional a la propiedad de otra persona, y pueden ser intencionales o involuntarios.

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