Demanda De Inconstitucionalidad.

Una demanda de inconstitucionalidad es una solicitud por la que se pide a un tribunal constitucional que declare que una norma impugnada es inconstitucional. Esto significa que se pretende que el tribunal constitucional anule la norma en cuestión y así proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

? VIDEO #2. LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD. ¿Se puede presentar por CORREO ELECTRÓNICO?

Simulación de Audiencia sobre Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 31083

¿Qué es una demanda de inconstitucionalidad?

La demanda de inconstitucionalidad es un recurso que se puede interponer ante el Tribunal Constitucional en el que se cuestiona la inconstitucionalidad de una norma.

El artículo 168 de la Constitución española establece que cualquier ciudadano, corporación local o Diputación Provincial puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. También lo pueden hacer los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de sus funciones, y el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia.

Para que la demanda sea admitida a trámite, debe cumplir unos requisitos:

-Que la norma cuestionada sea susceptible de ser declarada inconstitucional.
-Que no haya transcurrido el plazo de un año desde su publicación o desde que produjo sus efectos, si la norma no se ha publicado.
-Que la demanda no haya sido ya objeto de una demanda de inconstitucionalidad ni de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal Constitucional.

Demanda De Inconstitucionalidad.

Una vez admitida a trámite, el Tribunal Constitucional nombrará un ponente que redactará un informe sobre la cuestión planteada. A continuación, se celebrará un pleno en el que se debatirá el informe y se emitirá una sentencia.

En la sentencia, el Tribunal Constitucional puede:

-Declarar que la norma es inconstitucional y, por tanto, nula.
-Declarar que la norma es inconstitucional pero que, a pesar de ello, puede seguir en vigor durante un período de tiempo determinado.
-Declarar que la norma no es inconstitucional.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una demanda de inconstitucionalidad?

La Constitución española reconoce el derecho a interponer un recurso de inconstitucionalidad tanto a las Cortes Generales como al Gobierno. De acuerdo con el artículo 161.1 de la CE, el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de "velar por el cumplimiento de la Constitución".

Para presentar una demanda de inconstitucionalidad, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

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1. Existencia de una norma

Para que se pueda impugnar una norma, ésta debe existir y estar en vigor. No basta con que la norma se haya promulgado, sino que además debe haber entrado en vigor para que pueda ser impugnada.

2. Identificación de la norma

La demanda de inconstitucionalidad debe identificar la norma impugnada con precisión. No es suficiente con referirse a una ley o decreto en general, sino que debe especificarse de manera concreta qué disposición de la ley o decreto se considera inconstitucional.

3. Motivación de la demanda

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La demanda de inconstitucionalidad debe motivarse. Es decir, debe explicarse de manera concreta y detallada por qué se considera que la norma impugnada es inconstitucional. La motivación debe basarse en alguno de los preceptos constitucionales que se consideren vulnerados.

4. Firma de la demanda

La demanda de inconstitucionalidad debe estar firmada por el solicitante. En el caso de que la demanda sea interpuesta por un grupo parlamentario, debe estar firmada por el presidente o por el portavoz del grupo.

5. Acreditación del personal

La demanda de inconstitucionalidad debe ir acompañada de la documentación que acredite que el solicitante cumple con los requisitos para interponer el recurso. En el caso de que la demanda sea interpuesta por un grupo parlamentario, debe aportarse la documentación que acredite que el grupo cumple los requisitos establecidos en la Constitución.

Derecho Administrativo Sancionador.

¿Quién puede presentar una demanda de inconstitucionalidad?

En primer lugar, cabe destacar que el Tribunal Constitucional español es el único órgano competente para la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad en España. Según el artículo 166 de la Constitución española, el Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, designados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados y del Senado. En el mismo sentido, el artículo 167 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional que, con carácter exclusivo e independiente, se encarga de la interpretación auténtica de la Constitución y resuelve, definitivamente, las cuestiones de inconstitucionalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el apartado 2 del artículo 168 de la Constitución establece que “toda persona física o jurídica, así como el Gobierno y las Cortes Generales, podrán interponer ante el Tribunal Constitucional demanda de inconstitucionalidad de una Ley u otro acto normativo con rango de ley y, excepcionalmente, de otros actos normativos“.

Asimismo, el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce el derecho a interponer demanda de inconstitucionalidad “a todas las personas, instituciones y organismos, tanto públicos como privados”.

Por lo tanto, cualquier persona física o jurídica, así como el Gobierno y las Cortes Generales, podrán interponer demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No obstante, cabe precisar que, conforme al artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, también podrán hacerlo “todas las personas, instituciones y organismos, tanto públicos como privados” que se consideren afectados por la Ley u otro acto normativo impugnado.

¿A qué órgano se presenta la demanda de inconstitucionalidad?

La demanda de inconstitucionalidad es un proceso que se presenta ante el Tribunal Constitucional de España, el cual es el órgano judicial encargado de interpretar y hacer cumplir la Constitución. Las demandas de inconstitucionalidad pueden ser presentadas por el Gobierno, por el Parlamento o por un número determinado de ciudadanos, y tienen como objetivo que el TribunalConstitucional declare las leyes o actos normativos inconstitucionales.

¿Cuál es el plazo para presentar una demanda de inconstitucionalidad?

La Constitución española establece en su artículo 161.2 que “corresponde a los Tribunales y Jueces, en el ejercicio de sus funciones, proteger los derechos reconocidos por esta Constitución para el Goce y ejercicio de los poderes públicos”.

Por lo tanto, cualquier persona física o jurídica, así como los organismos públicos, podrán presentar ante los tribunales una demanda de inconstitucionalidad de cualquier norma legal -ya se trate de una ley, de un real decreto-ley, de un decreto o de un reglamento– siempre y cuando dicha norma legal les afecte directa e individualmente, y consideren que es inconstitucional.

No obstante, existe un plazo para presentar una demanda de inconstitucionalidad, que se encuentra regulado en el artículo 166.1 de la Constitución, que establece que “la demanda de inconstitucionalidad se interpondrá ante el Tribunal Constitucional dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la ley o de la disposición impugnada”.

Este plazo es imprescriptible, es decir, que no caduca, y el motivo es que el Tribunal Constitucional tiene como función principal velar por el cumplimiento y respeto de la Constitución, y debe ser el órgano que resuelva de manera inmediata si una norma legal es inconstitucional o no.

Cabe destacar que, si bien el Tribunal Constitucional es el órgano competente para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma legal, no es el único. En efecto, conforme al artículo 168 de la Constitución, “también podrán plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo, en relación con las sentencias que dicten en última instancia, o ante los tribunales superiores de justicia, en relación con las sentencias que dicten en apelación o en incidente de nulidad”.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia tienen competencia para plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero solo en relación con las sentencias que dicten en última instancia o en apelación. Esto quiere decir que, si un tribunal inferior dicta una sentencia que considera inconstitucional una norma legal, no podrá plantear directamente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sino que deberá esperar a dictar sentencia en última instancia o en apelación, y entonces sí podrá plantear la cuestión.

En definitiva, el plazo para presentar una demanda de inconstitucionalidad es de cinco días hábiles a partir de la publicación de la ley o disposición impugnada, y este plazo es imprescriptible.

¿Qué efectos tiene la admisión a trámite de una demanda de inconstitucionalidad?

La admisión a trámite de una demanda de inconstitucionalidad tiene vulnerado el derecho del demandante, así como los efectos que puede producir esta decisión.

¿Qué consecuencias tiene la declaración de inconstitucionalidad de una norma?

La declaración de inconstitucionalidad es un fallo que puede emitir el Tribunal Constitucional español en el que se anula una norma por considerarla contraria a la Carta Magna. Esto tiene diversas consecuencias a nivel jurídico, ya que cuando se declara inconstitucional una ley, ésta deja de tener efectos y de estar en vigor. Asimismo, las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante, lo que significa que todos los órganos judiciales y administrativos están obligados a acatarlas.

Otra consecuencia importante de la declaración de inconstitucionalidad de una norma es que esta decisión puede tener un efecto retroactivo. Esto quiere decir que si una persona ha sido condenada por un delito que posteriormente se declara inconstitucional, dicha persona podrá solicitar la anulación de su condena.

Por último, cabe destacar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no puede ser objeto de recurso, lo que significa que es una decisión definitiva.

Para Finalizar

La demanda de inconstitucionalidad es un recurso que se puede interponer contra las leyes y actos normativos que, según el recurrente, vulneran la Constitución española.

Este recurso sólo puede ser interpuesto por el presidente del Gobierno, los parlamentarios, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo y los órganos judiciales.

La demanda debe dirigirse al Tribunal Constitucional y, para que sea admitida, debe aportarse una Argumentación jurídica sólida y bien fundamentada. Si el Tribunal considera que la demanda es admisible, se suspende la vigencia de la ley o acto impugnado hasta que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional es el único organismo competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley o acto normativo. Esta decisión tiene carácter vinculante para todos los poderes públicos, incluidos los órganos judiciales, y es definitiva e irrevocable.