Eficacia Horizontal De Los Derechos Fundamentales.

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales es un principio jurídico por el cual los derechos fundamentales protegen a todos los individuos, no solo frente al Estado o a las instituciones públicas sino también frente a otros particulares. Así, por ejemplo, en virtud del principio de eficacia horizontal, todos los particulares están obligados a respetar el derecho a la vida, la libertad o la intimidad.

El Control Eficaz Horizontal de los Derechos Humanos en el Amparo.

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¿Qué significa el término "eficacia horizontal de los derechos fundamentales"?

El término "eficacia horizontal" se refiere a la capacidad de los derechos fundamentales para estar protegidos en relaciones horizontales, es decir, aquellas que se dan entre particulares.

Esto quiere decir que, en principio, los derechos fundamentales sólo amparan a las personas frente a acciones u omisiones por parte del Estado. Sin embargo, en determinadas situaciones, estos derechos pueden extenderse también a relaciones entre particulares, siempre y cuando concurran una serie de requisitos.

Entre estos requisitos podemos encontrar, por ejemplo, que exista una clara vulneración de un derecho fundamental o que el Estado no haya adoptado las medidas necesarias para evitar dicha vulneración.

Así, en determinados casos, los derechos fundamentales podrán resultar aplicables también a relaciones horizontales, es decir, a aquellas que se dan entre particulares, y no sólo a las relaciones verticales, es decir, aquellas en las que interviene el Estado.

Eficacia Vertical De Los Derechos Fundamentales.

¿Cuáles son los derechos fundamentales que se ven afectados por la eficacia horizontal?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es un principio del Derecho europeo y se refiere a la protección que otorga el derecho a una persona frente a otra persona particular o privada, ya sea física o jurídica.

Aunque el principio de eficacia horizontal no está recogido explícitamente en el Tratado de Lisboa, sí que se deriva de él, y concretamente del artículo 6, apartado 1, que establece que "los derechos fundamentales reconocidos por la Unión y que forman parte del derecho común de todos los Estados miembros" tienen efecto horizontal. Este principio está también recogido en el artículo 52 del mismo tratado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido el órgano que ha confirmado y desarrollado el principio de eficacia horizontal. En su sentencia de 6 de diciembre de 2013 en el asunto Eisenblätter, el Tribunal reconoció que este principio se deriva del artículo 6 del Tratado de Lisboa y que tiene por objeto proteger a las personas frente a cualquier comportamiento contrario a los derechos fundamentales, incluso si ese comportamiento proviene de una persona particular o privada. Además, el Tribunal señaló que este principio no se limita a los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional y que, por tanto, también se aplica a los derechos fundamentales consagrados en el derecho nacional.

Por consiguiente, podemos decir que el principio de eficacia horizontal es un principio del Derecho europeo que protege a las personas frente a cualquier comportamiento contrario a los derechos fundamentales, incluso si ese comportamiento proviene de una persona particular o privada.

Entre los derechos fundamentales que se ven afectados por la eficacia horizontal, podemos mencionar el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la protección de los datos personales, etc.

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¿Qué tipo de relaciones están cubiertas por la eficacia horizontal?

La eficacia horizontal es un principio del derecho europeo que establece que los actos legislativos de la Unión Europea (tratados, directivas, regulaciones, etc.) tienen efectos directos y vinculantes entre particulares, es decir, producen efectos jurídicos en el ámbito privado.

En cuanto a las relaciones que están cubiertas por este principio, podemos decir que se trata de todas aquellas en las que intervienen particulares, es decir, personas físicas o jurídicas no pertenecientes al sector público. Entre ellas podemos mencionar las relaciones laborales, civiles, mercantiles, etc.

¿Cómo se aplica la eficacia horizontal a los derechos fundamentales?

La Directiva europea de 2000/78/CE sobre el principio de igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, también conocida como «Directiva sobre igualdad de trato» tiene por objeto establecer un marco general para la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

La Directiva se inspira en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la igualdad de trato, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (artículo 21). La Directiva se basa asimismo en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Directiva se aplica a todos los aspectos relacionados con la relación laboral, desde la celebración del contrato hasta su extinción, y se refiere expresamente a las condiciones de trabajo, el retiro y la formación.

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La Directiva se aplica a todas las personas que trabajan o buscan trabajo en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad o estatus. Se aplica tanto a los trabajadores fijos como a los temporales, a los trabajadores por cuenta propia y a los autónomos, así como a los aprendices y a los estudiantes en prácticas.

La Directiva se aplica igualmente a las personas que presten servicios en un Estado miembro por cuenta de un tercero, como los trabajadores de agencias de colocación, los trabajadores a domicilio o los trabajadores transfronterizos.

La Directiva se aplica a todas las formas de discriminación prohibidas en el ámbito de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, es decir, la discriminación directa e indirecta, la discriminación por objetivos legítimos, la discriminación por motivos imperativos de interés general y la discriminación por razón de disability.

La Directiva se aplica tanto a los hombres como a las mujeres y, en general, a toda persona que se encuentre en una situación comparable. No obstante, en virtud de la Directiva, la Unión Europea y los Estados miembros pueden adoptar medidas específicas para la igualdad entre hombres y mujeres, siempre y cuando dichas medidas no supongan una forma de discriminación indirecta.

La Directiva no se aplica a la discriminación por motivos de raza u origen racial, ni a la discriminación por motivos religiosos, ideológicos o políticos. No obstante, en virtud de la Directiva, la Unión Europea y los Estados miembros pueden adoptar medidas específicas para la igualdad entre hombres y mujeres, siempre y cuando dichas medidas no supongan una forma de discriminación indirecta.

Derechos Fundamentales De La Familia.

¿Por qué es importante la eficacia horizontal de los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son un conjunto de derechos y libertades básicas que tienen todos los seres humanos y que deben ser respetados y garantizados por el Estado. Entre estos derechos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la protección de la salud, a la educación, etc.

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales se refiere al hecho de que estos derechos también son aplicables entre particulares, es decir, que no solo son exigibles frente al Estado sino también frente a otros particulares.

Esto es importante porque, si bien el Estado es el principal responsable de la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, también es cierto que en muchas ocasiones son otros particulares los que atentan contra estos derechos. Por ejemplo, en el ámbito laboral puede haber empresas que no respeten la igualdad de oportunidades, que discriminen a sus trabajadores o que no garanticen unas condiciones de trabajo dignas y seguras.

También puede haber particulares que cometan actos de racismo, xenofobia, homophobia o que de otra forma atenten contra la dignidad de las personas.

En estos casos, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales permite que las víctimas de estos actos puedan reclamar sus derechos frente a los responsables, ya sean particulares o empresas, y que estos sean obligados a respetarlos.

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales es, por tanto, una forma de protección adicional frente a aquellos actos que atenten contra estos derechos, ya que además de la protección que ofrece el Estado, también cuentan con la posibilidad de reclamar sus derechos frente a los responsables directos.

¿Cuáles son algunos ejemplos de casos en los que se ha aplicado la eficacia horizontal de los derechos fundamentales?

Aunque la Constitución española de 1978 no menciona explícitamente la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha establecido que dicha eficacia es un principio fundamental del ordenamiento jurídico español. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales se refiere a la aplicabilidad de los derechos fundamentales no solo a las autoridades públicas, sino también a los particulares y a las empresas. Esto quiere decir que todos los ciudadanos (particulares y empresas) tienen derecho a exigir el respeto de sus derechos fundamentales por parte de otros ciudadanos y de las empresas.

El Tribunal Constitucional ha establecido que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es un principio fundamental del ordenamiento jurídico español en diversos casos. En el año 2000, el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez sobre este tema en el caso Ruiz Zambrano. En este caso, el Tribunal Constitucional estableció que los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal en el sentido de que los particulares y las empresas están obligados a respetar los derechos fundamentales de otros ciudadanos. En el año 2010, el Tribunal Constitucional volvió a pronunciarse sobre este tema en el casoBerrocal Micó. En este caso, el Tribunal Constitucional estableció que los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal en el sentido de que las autoridades públicas deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los particulares y las empresas.

En el año 2014, el Tribunal Constitucional se pronunció de nuevo sobre el tema de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en el caso Arroyo. En este caso, el Tribunal Constitucional estableció que los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho a exigir el respeto de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades públicas.

En el año 2015, el Tribunal Constitucional se pronunció por última vez sobre el tema de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en el caso Achucarro. En este caso, el Tribunal Constitucional estableció que los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho a exigir el respeto de sus derechos fundamentales por parte de otras personas y de las empresas.

¿Qué consecuencias pueden derivarse de la no aplicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales?

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Para Finalizar

El concepto de eficacia horizontal (efectividad horizontal) hace referencia a la forma en que los derechos fundamentales se hacen efectivos entre ciudadanos de igual condición.La Directiva 2004/38/CE transmitida al Derecho interno español mediante el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establece un nuevo régimen jurídico de libre circulación y residencia en la Unión para los ciudadanos de la Unión y sus familiares. Con ello se pretende facilitar la movilidad de los ciudadanos dentro del territorio europeo, lo que redundará necesariamente en un beneficio para la sociedad y para el territorio de la Unión.La libre circulación de las personas es un derecho fundamental reconocido en el Tratado de la Unión Europea que tiene como finalidad el establecimiento de un mercado interior en el que se fomenta la libre circulación de mercancías, capitales y servicios.La libre circulación de las personas es un derecho inherente a la condición de ciudadano de la Unión y se fundamenta en el principio de igualdad de trato. Todos los ciudadanos de la Unión gozan del derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho de libre circulación comprende tanto el derecho de circular libremente dentro de los límites del territorio de los Estados miembros, como el derecho de residir en cualquiera de ellos por un período determinado o de forma permanente.El derecho de libre circulación no es absoluto, pues puede ser objeto de limitaciones justificadas por razones de seguridad pública, protección de la salud, orden público, protección de los derechos y libertades fundamentales de terceros, o por razones de orden público y seguridad. No obstante, cualquier restricción al derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión debe fundamentarse en motivos objetivos y justificarse por razones de interés general, debiendo ser proporcionadas y no implicar una discriminación indirecta.La Directiva 2004/38/CE establece un nuevo régimen jurídico de libre circulación y residencia en el territorio de la Unión Europea para los ciudadanos de la Unión y sus familiares, con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos dentro del territorio europeo y, por ende, contribuir al desarrollo económico y social de la Unión.La Directiva 2004/38/CE se aplica a todos los ciudadanos de la Unión y a sus familiares, sin distinción de nacionalidad. Se considera ciudadano de la Unión al ciudadano de un Estado miembro que tiene la nacionalidad de aquel Estado.Son familiares de un ciudadano de la Unión el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, y las personas que viven en una relación análoga a la de matrimonio, siempre que dicha relación haya sido reconocida oficialmente conforme al derecho interno del Estado miembro de que se trate o respecto del cual se pretenda acogerse a la Directiva.La Directiva 2004/38/CE establece un derecho subjetivo y absoluto de libre circulación y residencia en el territorio de la Unión para los ciudadanos de la Unión y sus familiares, siempre que cumplan determinados requisitos. Asimismo, establece un régimen especial de admisión y, en su caso, de expulsión, para los familiares no pertenecientes a la Unión que acompañen o se reúnan con un ciudadano de la Unión.Para poder beneficiarse del derecho de libre circulación y residencia, los ciudadanos de la Unión y sus familiares deben:a) Estar en posesión de un documento de viaje válido, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE;b) No estar sometidos a ninguna prohibición de entrada o permanencia en territorio de los Estados miembros;c) No estar afectados por una orden de expulsión dictada en virtud de una normativa de carácter general, salvo que dicha expulsión dé lugar a la aplicación de una prohibición de reingreso;d) Disponer de medios de subsistencia suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social de uno o varios Estados miembros;e) No constituir una amenaza para la seguridad pública o las relaciones exteriores de los Estados miembros.Los documentos de identidad y de viaje que acrediten el derecho de circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y sus familiares son:a) El pasaporte o, en su caso, el documento de viaje;b) La tarjeta de residencia o de residencia permanente;c) La tarjeta de residencia temporal para familiares de ciudadanos de la Unión;d) La tarjeta de identidad de extranjero;e) Un permiso de residencia o de residencia permanente;f) Un permiso de residencia temporal para familiares de ciudadano de la Unión;g) Un permiso especial de residencia;h) Una autorización de residencia;