Fiscalización.

La fiscalización es un proceso mediante el cual se supervisa el cumplimiento de la ley y se asegura que los funcionarios públicos y las entidades estatales actúen de acuerdo con las normas establecidas. La fiscalización puede ser realizada por un organización interna o externa, y puede ser planificada o espontánea.

Índice de contenidos
  1. Conoce qué es la fiscalización #ABCElectoral
  2. ¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN?
    1. ¿Qué es la fiscalización?
    2. ¿Quién realiza la fiscalización?
    3. ¿Cuáles son los objetivos de la fiscalización?
    4. ¿Cuáles son las principales actividades de la fiscalización?
    5. ¿En qué consiste la fiscalización de cuentas?
    6. ¿Qué es el control fiscal?
    7. ¿Qué es el secreto fiscal?
  3. Para Finalizar

Conoce qué es la fiscalización #ABCElectoral

¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN?

¿Qué es la fiscalización?

La fiscalización es el proceso mediante el cual se revisa si se ha cumplido la ley o no. En España, la fiscalización de los actos de los funcionarios públicos está regulada en el artículo 107 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Poder Judicial.

¿Quién realiza la fiscalización?

ESPAÑA tiene un sistema fiscalización mixto, que significa que el Ministerio de Hacienda y el Banco de España llevan a cabo la fiscalización de las cuentas y las actividades de las empresas, mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores realiza la fiscalización de los mercados financieros.

¿Cuáles son los objetivos de la fiscalización?

El objetivo principal de la fiscalización es asegurar que las leyes y los reguladores se cumplan. La fiscalización también puede ayudar a prevenir el fraude y la corrupción, y asegurar que el dinero del contribuyente se gasta de manera eficiente y efectiva.

¿Cuáles son las principales actividades de la fiscalización?

La fiscalización es un proceso mediante el cual se supervisa el cumplimiento de las leyes y normativas por parte de las personas y entidades a quienes corresponda. En España, esta función la lleva a cabo el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria.

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El objetivo de la fiscalización es garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en general, de todas aquellas que se deriven de la legislación vigente. Para ello, se realizan inspecciones periódicas a los contribuyentes y se comprobará, entre otras cosas, la regularidad en la presentación de declaraciones, el pago de impuestos, etc.

En caso de detectarse incumplimientos, se le notificará al interesado para que regularice su situación dentro de un plazo determinado. Si no lo hace, podrá ser sancionado con multas u otros tipos de penas pecuniarias.

¿En qué consiste la fiscalización de cuentas?

La fiscalización de cuentas es la función de vigilancia que lleva a cabo la administración pública sobre la gestión económico-financiera de las entidades del sector público. En España, esta función corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La fiscalización de cuentas tiene como objetivo controlar que se hayan realizado los ingresos y gastos de acuerdo con lo previsto en la legislación, así como velar por el correcto cumplimiento de las normas de contratación pública. También se encarga de comprobar que se han utilizado adecuadamente los fondos públicos y que se han destinado a los fines previstos.

La fiscalización de cuentas se realiza mediante una serie de controles periódicos y/o eventos específicos. Los controles periódicos se llevan a cabo de forma sistemática y tienen como objetivo general comprobar el buen funcionamiento de la gestión económico-financiera de la entidad. Por su parte, los eventos específicos se realizan en casos concretos y su objetivo es comprobar determinadas operaciones o actividades.

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La fiscalización de cuentas se realiza a través de una serie de mecanismos, como la auditoría interna, la auditoría externa, la inspección, la investigación y el control presupuestario.

La fiscalización de cuentas es una función esencial de la administración pública, ya que garantiza el buen uso de los recursos públicos y el correcto funcionamiento de la administración.

¿Qué es el control fiscal?

El control fiscal es la supervisión por parte del Estado de la actividad económica de los ciudadanos y empresas, con el objetivo de recaudar los impuestos adeudados. Se trata de un proceso continuo que se realiza mediante la revisión periódica de la documentación contable y fiscal de las personas y entidades sometidas a dicho control. En España, el control fiscal es competencia de la Agencia Tributaria.

¿Qué es el secreto fiscal?

EL "SECRETO FISCAL" EN ESPAÑA

El "secreto fiscal" es un principio jurídico por el cual el Estado y sus agentes (Hacienda Pública, técnicos, inspectores, etc.) están obligados a mantener confidencialidad sobre la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas.

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Este principio viene recogido en el artículo 106 de la Ley General Tributaria (LGT), que establece que "los datos concernientes a la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas son secretos fiscales. No obstante, el contribuyente podrá autorizar por escrito la comunicación de los mismos a terceros para fines concretos".

La finalidad del secreto fiscal es proteger la intimidad de los contribuyentes, así como evitar posibles abusos por parte de los agentes fiscalizadores. No obstante, el legislador ha previsto algunas excepciones a este principio, en las que se permite que los datos sean revelados.

Así, el secreto fiscal no será aplicable en los casos en que se requiera su revelación para la tramitación de un proceso penal o la instrucción de un procedimiento sancionador fiscal; cuando se trate de datos relevantes a efectos mercantiles, o cuando el contribuyente haya autorizado por escrito la comunicación de los mismos a terceros para fines concretos.

En España, el secreto fiscal es un principio reconocido por la Constitución y por diversos tratados internacionales. Así, el artículo 17.3 de la Constitución Española establece que "ninguna autoridad ni persona estará obligada a revelar sus pensamientos, ideas y opiniones", mientras que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el "derecho al respeto a la vida privada y familiar".

Además, el secreto fiscal está previsto en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También se encuentra recogido en diversas convenciones internacionales de derecho tributario, como la Convención Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

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Para Finalizar

El término fiscalización tiene una gran importancia en el ámbito del derecho y las leyes en España. Se trata de un proceso mediante el cual se controla el correcto cumplimiento de la legislación por parte de los agentes implicados en cualquier actividad económica. En este sentido, la fiscalización tiene como objetivo principal velar por el buen funcionamiento de la administración pública y garantizar que se cumplan los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en todos los órganos y entidades del sector público.

La fiscalización se realiza a través de una serie de mecanismos y herramientas, entre los que se encuentran los análisis de cuentas, los informes periódicos, las auditorías o los exámenes específicos. Asimismo, cabe destacar que la fiscalización no solo se limita a la actividad de la administración pública, sino que también abarca aquellas áreas en las que esta intervenga de forma indirecta, como es el caso de la economía o el sector privado.

En España, la fiscalización está regulada por la Ley Orgánica 2/1982, de 5 de mayo, de Control Externo de los Poderes Públicos, que establece los mecanismos y procedimientos necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo, cabe señalar que el control externo de la administración pública es ejercido por el Tribunal de Cuentas, organismo autónomo dependiente del Congreso de los Diputados.

La fiscalización es un proceso de suma importancia para el buen funcionamiento de la administración pública y para garantizar el cumplimiento de la legislación. No obstante, cabe destacar que el correcto funcionamiento de este mecanismo de control depende en gran medida de la colaboración y la coordinación entre todos los agentes implicados, tanto del sector público como del privado.

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