Garantía Legal.

La garantía legal es una protección que establece la ley a favor de los consumidores, y que obliga a los comerciantes a cumplir con ciertos requisitos de calidad y seguridad en sus productos. Esta garantía se aplica a todos los productos que se venden a los consumidores, ya sean nuevos o usados.

Garantía legal. Garantía comercial. Servicio post venta

Garantía legal sobre bienes y servicios

¿Cuáles son las garantías legales existentes en España?

Las garantías legales existentes en España son muchas y variadas, dependiendo de la materia jurídica en cuestión. Se pueden distinguir, por ejemplo, las garantías civiles y penales.

Las garantías civiles tienen por objeto proteger los derechos e intereses legítimos de las personas frente a terceros, mientras que las garantías penales persiguen la protección de los ciudadanos frente a delitos cometidos por agentes del Estado.

Entre las garantías civiles podemos mencionar el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad familiar, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la propiedad intelectual, etc.

Por su parte, las garantías penales más importantes son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, etc.

Garantía Personal.

¿Qué función cumplen las garantías legales?

Las garantías legales tienen como función la de proteger los derechos de los consumidores. En España, el derecho de los consumidores está regulado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la cual establece una serie de derechos a los que todos los consumidores tienen derecho. Estos derechos incluyen el derecho a la información, el derecho a la protección frente a prácticas abusivas, el derecho a la seguridad, el derecho a la calidad de los productos y servicios, y el derecho a la indemnización en caso de perjuicios. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios también establece una serie de garantías a las que todos los consumidores tienen derecho, como la garantía de conformidad, la garantía de evicción, la garantía de falta de título, la garantía de no vicios ocultos, la garantía de productos duraderos, y la garantía de servicios. Todas estas garantías tienen como objetivo proteger los derechos de los consumidores y asegurar que sean tratados de forma justa y equitativa.

¿Cuándo se pueden exigir las garantías legales?

Las garantías legales, también conocidas como fianzas, pueden exigirse por una serie de razones. En la mayoría de los casos, se exigen cuando se realiza una transacción financiera, como un préstamo o una inversión. Las garantías legales también pueden exigirse para asegurar el cumplimiento de un contrato. En algunos casos, las garantías legales también pueden exigirse para proteger a una parte contra el incumplimiento de otra.

¿Qué efectos tiene el incumplimiento de las garantías legales?

Entre los efectos que tiene el incumplimiento de las garantías legales podemos mencionar los siguientes:

La primera consecuencia es la pérdida de la eficacia de la garantía. Esto significa que, si una persona incumple las obligaciones que están establecidas en la garantía, entonces ya no podrá recurrir a ella en caso de que surjan problemas con el bien o servicio adquirido.

Otra consecuencia del incumplimiento de las garantías legales es que el vendedor o el proveedor podrá exigir el pago de los daños y perjuicios causados. En algunos casos, incluso, el vendedor o el proveedor podrán terminar la relación contractual con el cliente que haya incumplido las garantías.

Garantía Real.

Por último, cabe destacar que el incumplimiento de las garantías legales puede tener consecuencias penales. En determinados casos, el incumplimiento de las garantías puede ser considerado un delito y, por lo tanto, el infractor puede ser llevado a juicio y condenado a una pena de prisión.

¿Puede el titular de una garantía legal renunciar a ella?

Renunciar a una garantía legal significa dejar de tener derecho a reclamar el importe total o parcial de una deuda en caso de que el deudor no pueda hacer frente al pago. Algunas veces, el titular de la garantía puede necesitar dinero inmediatamente y, por lo tanto, decidir renunciar a la garantía y cobrar una cantidad menor por adelantado. No obstante, renunciar a una garantía legal conlleva ciertos riesgos y, por lo tanto, es importante comprender las consecuencias de esta decisión antes de tomarla.

¿Cómo se hace efectiva una garantía legal?

Las garantías legales tienen su origen en el derecho romano, aunque su regulación en España viene recogida, especialmente, en el Código Civil. Se trata de una figura que tiene como objetivo proteger al adquirente de un producto o servicio frente a posibles vicios ocultos que pueda presentar.

En concreto, según el artículo 1.134 del Código Civil, las garantías legales son aquellas que se presumen existentes en todo contrato oneroso, aunque no se hayan expresado contractualmente, y que tienen por finalidad asegurar al adquirente que el producto o servicio adquirido cumple con las características esperadas. En otras palabras, que el producto es apto para el uso previsto y que el servicio se presta de forma correcta.

Asimismo, el Código Civil establece que las garantías legales son irrenunciables, es decir, que el vendedor no puede eximirse de su responsabilidad mediante una cláusula contractual.

Garantía Salarial.

Por lo tanto, si el producto o servicio adquirido no cumple con las expectativas del adquirente, este podrá hacer efectiva la garantía legal correspondiente para obtener la reparación del daño causado.

En cuanto al plazo de la garantía legal, éste está establecido en el artículo 1.137 del Código Civil, según el cual el vendedor será responsable de los vicios ocultos del producto durante un periodo de dos años a partir de la entrega del mismo. No obstante, este plazo puede ser ampliado a cinco años si el adquirente es un consumidor.

Por último, cabe destacar que, en el caso de los servicios, el plazo de la garantía legal es de un año a partir de la prestación del servicio.

¿Pueden estipularse garantías legales adicionales a las previstas legalmente?

SÍ, siempre y cuando no contradigan las leyes de ESPAÑA.

Para Finalizar

Garantía legal es la seguridad que el comprador de un bien adquiere frente a cualquier vicio oculto en el mismo que le impida su utilización normal.

Garantías Fundamentales.

En primer lugar, diremos que una garantía legal es aquella que el comprador de un bien adquiere frente a cualquier vicio oculto en el mismo que le impida su utilización normal.

En virtud de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el vendedor está obligado a entregar al comprador un producto que cumpla los requisitos necesarios para su adecuada utilización y que esté libre de vicios ocultos. Si el producto adquirido no cumple con estos requisitos o tiene vicios ocultos, el vendedor deberá hacerse cargo de los gastos necesarios para su reparación o sustitución.

La garantía legal establecida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es de carácter obligatorio, por lo que el vendedor no podrá eximirse de ella mediante la inclusion de cláusulas que limiten o excluyan su responsabilidad.

Asimismo, la garantía legal establecida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios tiene una duración mínima de dos años a partir de la entrega del producto al comprador. No obstante, este plazo puede ser ampliado por el vendedor, pero no podrá reducirse.

La garantía legal establecida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se aplica tanto a productos nuevos como de segunda mano, aunque en este último caso la duración de la garantía será de un año.

Para hacer uso de la garantía legal, el comprador deberá ponerse en contacto con el vendedor y solicitarle la reparación o sustitución del producto defectuoso. Si el vendedor no atiende a esta solicitud, el comprador podrá dirigirse a la autoridad competente para denunciar el incumplimiento de la garantía legal y obtener una resolución favorable.