Garantías Fundamentales.

Las garantías fundamentales son los derechos y libertades que tienen todos los seres humanos, reconocidos universalmente, y que deben ser respetados y protegidos por todos los Estados.

Entre estas garantías se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales; el derecho a la educación; el derecho a la salud; el derecho a la libertad de culto y de creencias; el derecho a trabajar y a recibir una remuneración justa; el derecho a fundar una familia; el derecho a una nacionalidad; el derecho a vivir en un ambiente sano; y el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico.

Estos derechos se encuentran consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, y otros.

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Garantías del Proceso Penal | ABC del Derecho # 84

¿Cuáles son las garantías fundamentales contempladas en el ordenamiento jurídico español?

Las garantías fundamentales contempladas en el ordenamiento jurídico español son, entre otras:

- El derecho a la vida.

• El derecho a la libertad.
  

• El derecho a la igualdad.
  

• El derecho a la propiedad.
  

• El derecho al trabajo.
  

• El derecho a la educación.
  

• El derecho a la protección social.
  

• El derecho a la protección de la salud.
  

• El derecho a la protección de la familia.
  

• El derecho a la protección de los menores.
  

• El derecho a la protección de los ancianos.
  

• El derecho a la protección de las personas con discapacidad.
  

• El derecho a la protección de los animales.
  

• El derecho a un medio ambiente adecuado.
  

• El derecho a la protección de los datos personales.
  

• El derecho a la protección civil.
  

• El derecho a la protección penal.
  

• El derecho a la tutela judicial efectiva.
  

• El derecho a un proceso penal justo.
  

• El derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
  

• El derecho a no ser sometido a un juicio arbitrario.
  

• El derecho a la presunción de inocencia.
  

• El derecho a la libertad de conciencia.
  

• El derecho a la libertad de religión.
  

• El derecho a la libertad de expresión.
  

• El derecho a la libertad de información.
  

• El derecho a la libertad de reunión y asociación.
  

• El derecho a la libertad de circulación.
  

• El derecho a residir y a circular libremente en el territorio nacional.
  

• El derecho a obtener una nacionalidad.
  

• El derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia.
  

• El derecho a la inviolabilidad del domicilio.
  

• El derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.
  

• El derecho a la inviolabilidad del secreto telefónico y telegráfico.
  

• El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
  

• El derecho a la educación.
  

• El derecho a la libre elección de profesión u oficio.
  

• El derecho a acceder a una formación profesional adecuada.
  

• El derecho a elegir libremente el país en el que se desea trabajar.
  

• El derecho a disfrutar de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
  

• El derecho a la protección contra el despido arbitrario.
  

• El derecho a la seguridad social.
  

• El derecho a la protección social.
  

• El derecho a la protección de la salud.
  

• El derecho a la protección de la familia.
  

• El derecho a la protección de los menores.
  

• El derecho a la protección de los ancianos.
  

• El derecho a la protección de las personas con discapacidad.
  

• El derecho a un medio ambiente adecuado.
  

• El derecho a una vivienda digna.
  

• El derecho a la protección civil.
  

• El derecho a la protección penal.
  

• El derecho a la tutela judicial efectiva.
  

• El derecho a recurrir a un tribunal para impugnar las decisiones administrativas.
  

• El derecho a la libertad sindical.
  

• El derecho de huelga.
  

• El derecho de asociación.
  

• El derecho a la negociación colectiva.
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¿Cómo se han de interpretar y aplicar estas garantías?

RESUMEN

La interpretación y aplicación de las garantías en materia civil se rigen por las mismas reglas que las establecidas para la interpretación y aplicación de las leyes en general. No obstante, dado que el objeto de las garantías es proteger al deudor de la aplicación de medidas correctivas a su situación económica, se han establecido ciertos criterios específicos para su aplicación.

En primer lugar, las garantías sólo podrán ser exigidas al deudor si éste ha sido debidamente notificado de la existencia de dichas garantías. En segundo lugar, las garantías no podrán ser aplicadas de manera retroactiva, es decir, no podrán ser exigidas por deudas que se hayan contraído antes de que éstas hayan sido establecidas. Y en tercer lugar, las garantías sólo podrán ser exigidas por las cantidades adeudadas en el momento de su demanda, no por las que pudieran adeudarse en un futuro.

PALABRAS CLAVE: GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, CIVIL

¿Qué protegen estas garantías y a quién?

Las garantías fundamentales protegen los derechos humanos, tales como la vida, la libertad y la seguridad. Estos derechos son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos. En España, las garantías fundamentales están protegidas por la Constitución Española de 1978.

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Estas garantías se aplican a todas las personas que se encuentran en territorio español, independientemente de su nacionalidad o estatus. Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como a la igualdad ante la ley. Las personas también tienen derecho a protección contra la tortura, el trato inhumano o degradante, y a un juicio justo.

¿En qué momento podrán invocarse estas garantías?

Para que una persona pueda invocar las garantías constitucionales, debe estar siendo sometida a un proceso judicial o administrativo. Esto significa que, si una persona no está siendo juzgada ni sometida a ningún tipo de tramitación administrativa, no podrá acudir a las garantías constitucionales para defenderse.

¿De qué forma se pueden impugnar las decisiones que vulneren estas garantías?

Las decisiones que vulneren las garantías se pueden impugnar de varias formas. Una forma es interponiendo un recurso ante el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial competente para conocer de los recursos de amparo. Otra forma es presentando una queja ante el Defensor del Pueblo, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. También se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es el órgano judicial competente para conocer de los recursos de inconstitucionalidad.

¿Cuáles son las consecuencias de la violación de una de estas garantías?

Tomando en cuenta que en España el derecho a una tutela judicial efectiva es un derecho fundamental reconocido por el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, y que está desarrollado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, así como por diversas leyes y tratados internacionales, es importante conocer cuáles son las consecuencias de la violación de este derecho.

Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de garantías mínimas para asegurar el derecho a una tutela judicial efectiva, no es menos cierto que estas garantías no siempre han sido respetadas por el poder judicial. En consecuencia, muchas personas han visto vulnerados sus derechos fundamentales, lo que ha generado una serie de consecuencias negativas tanto para ellas como para la sociedad en general.

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Entre las consecuencias más graves de la violación del derecho a una tutela judicial efectiva se pueden mencionar los siguientes casos:

1. En primer lugar, cuando se trata de una persona detenida, la violación de este derecho puede implicar que la persona sea privada de su libertad de forma arbitraria e ilegal.

2. En segundo lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda obtener una sentencia justa e imparcial, lo que puede tener consecuencias graves para su futuro.

3. En tercer lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda recurrir a un tribunal superior en caso de que la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia no le sea favorable.

4. En cuarto lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda ser asistida por un abogado durante el proceso judicial, lo que puede impedirle defenderse adecuadamente.

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5. En quinto lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda recibir una indemnización si la sentencia dictada en su contra es injusta.

6. En sexto lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda acceder a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de que considere que su derecho a una tutela judicial efectiva ha sido vulnerado.

7. En séptimo lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda acceder a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en caso de que considere que la sentencia dictada en su contra es injusta.

8. En octavo lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona no pueda impugnar la sentencia dictada en su contra ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

9. En noveno lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona tenga que afrontar un proceso judicial en condiciones de desventaja, lo que puede perjudicar gravemente su caso.

10. En décimo lugar, la violación de este derecho puede implicar que la persona se vea obligada a aceptar una sentencia injusta o inadecuada, lo que puede tener graves consecuencias para su vida.

¿Cómo pueden los ciudadanos hacer efectivas estas garantías?

La pregunta está formulada de acuerdo con la legislación española.

Desde el punto de vista del derecho, todos los ciudadanos tenemos garantías en nuestro país. Es decir, ciertos derechos que la ley nos reconoce y que deben ser respetados por todos. Sin embargo, a veces resulta complicado hacer valer estos derechos, sobre todo cuando nos enfrentamos a instituciones o empresas.

En estos casos, podemos acudir a un abogado para que nos asesore y nos ayude a interponer las reclamaciones o denuncias oportunas. Sin embargo, existen también mecanismos para hacer valer nuestros derechos sin necesidad de recurrir a un profesional.

A continuación, vamos a ver algunos de los organismos y entidades a los que podemos acudir para hacer valer nuestros derechos:

– En primer lugar, tenemos la Oficina de Atención al Ciudadano, que se encarga de atender las quejas y reclamaciones de los ciudadanos. Podemos contactarla de forma telefónica, por internet o en persona. Si nuestra reclamación no tiene éxito, podemos presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

– También podemos acudir a las Oficinas de Información y Atención al Consumidor (OIAC), que dependen de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Andalucía. En ellas se atienden consultas y se tramitan reclamaciones sobre contratos, productos o servicios.

– En el caso de que queramos hacer valer nuestros derechos como consumidores, también podemos acudir a las Asociaciones de Consumidores. En ellas podremos obtener información y asesoramiento gratuitos sobre nuestros derechos.

– Por último, también podemos acudir a la Junta Arbitral de Consumo, que es un organismo independiente que se encarga de mediar y resolver conflictos entre consumidores y empresas. Para ello, cuenta con una serie de árbitros expertos en materia de consumo.

Para Finalizar

Las garantías fundamentales son aquellos derechos y libertades que tienen los ciudadanos para vivir en democracia. Entre estas garantías fundamentales podemos mencionar el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, a la educación, etc. Todos estos derechos están recogidos en la Constitución Española de 1978 y son protegidos por el Estado.