Garantías Mínimas.

La garantía mínima es un concepto jurídico que se refiere a los derechos más básicos y esenciales que deben ser respetados y protegidos por el Estado. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, raza, religión o cualquier otra característica. Algunos de estos derechos son el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la privacidad; y el derecho a la libertad de expresión.

VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS MÍNIMAS DE LOS PRESOS POLÍTICOS

As garantias mínimas no processo criminal previstas no pacto de San José da Costa Rica.

Para Finalizar

Estudio del derecho

El derecho es una regulación o norma impuesta a una sociedad por su autoridad natural o establecida, que rige el comportamiento de los miembros de esa sociedad. Se trata, por lo tanto, de una disciplina social y, en consecuencia, está íntimamente relacionada con la moral, la religión y otros aspectos de la vida humana. En general, el derecho se divide en dos grandes ramas: el derecho público y el derecho privado. El derecho público se refiere a las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, mientras que el derecho privado regula las relaciones entre los particulares.

Dentro del derecho público, a su vez, se distinguen varias subdivisiones, tales como el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho internacional, el derecho administrativo, etc. Del mismo modo, el derecho privado se puede dividir en derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, etc. Como se puede apreciar, el derecho es un campo muy amplio y complejo, que requiere de un estudio profundo y a fondo para comprenderlo plenamente.

Garantías mínimas

Garantías Sociales.

Las “garantías mínimas” son un conjunto de principleios o derechos fundamentales reconocidos a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, raza, religión, sexo, etc. Estos principios están consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Algunas de las garantías mínimas reconocidas en estos instrumentos son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, etc. Todos estos derechos son esenciales para el desarrollo pleno y la realización de la persona, y deben ser respetados por todos los Estados.

Sin embargo, lamentablemente, en muchos países de nuestro continente latinoamericano, estas garantías mínimas no siempre son respetadas. En muchos casos, se violan sistemáticamente los derechos humanos, y las autoridades competentes no hacen nada para impedirlo o sancionarlo. Esta situación es inaceptable, ya que las garantías mínimas deben ser respetadas por todos, independientemente de su país de origen.

Conclusiones

1. Las “garantías mínimas” son un conjunto de principleios o derechos fundamentales reconocidos a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, raza, religión, sexo, etc.

Horas Extras.

2. Estos principios están consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

3. Algunas de las garantías mínimas reconocidas en estos instrumentos son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, etc.

4. Todos estos derechos son esenciales para el desarrollo pleno y la realización de la persona, y deben ser respetados por todos los Estados.

5. Sin embargo, lamentablemente, en muchos países de nuestro continente latinoamericano, estas garantías mínimas no siempre son respetadas.

6. En muchos casos, se violan sistemáticamente los derechos humanos, y las autoridades competentes no hacen nada para impedirlo o sancionarlo.

Inmigración Ilegal.

7. Esta situación es inaceptable, ya que las garantías mínimas deben ser respetadas por todos, independientemente de su país de origen.

• 1 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de losDerechos y Libertades de los Ciudadanos en un Estado Social y Democrático de Derecho, “toda persona tiene derecho a que su protección jurídica se extienda a todos los ámbitos de su vida”.

  Este derecho a la protección jurídica está consagrado también en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante un Tribunal, para que se examine el caso de que considere que su derecho fundamental ha sido violado por el Estado”.

  El principio de igualdad ante la ley y la protección jurídica se concretan en el derecho a una tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Ley Orgánica citada. Este derecho implica el acceso a un tribunal, la existencia de un proceso con todas las garantías y el derecho a una sentencia justa dentro de un plazo razonable.

  En el ámbito penal, el derecho a una tutela judicial efectiva se concreta en el derecho a la asistencia letrada gratuita, a la presunción de inocencia, al juicio rápido y a una sentencia conforme a Derecho.

  Asimismo, el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, establece el derecho a la tutela jurídica efectiva en el ámbito civil, al disponer que “toda persona tendrá derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda ser privada de este derecho sino en los términos previstos en esta Ley”.

  Lee También Jornada Laboral.

  Por tanto, el derecho a la tutela jurídica efectiva es un derecho fundamental reconocido en la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que tiene como finalidad garantizar el acceso a un tribunal, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a una sentencia justa dentro de un plazo razonable.