Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es una jurisdicción especializada que se encarga de conocer las cuestiones que plantean los particulares contra la Administración Pública, así como también cuestiones en las que la Administración Pública es parte. Esta jurisdicción se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico español mediante la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta materia.
- Proceso Contencioso Administrativo [3/3]
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Fraccionaron la parcela y ahora soy el sucesor ¿qué hago?
- ¿Qué es la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- ¿Cuál es la función de la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- ¿Cuáles son las materias que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- ¿De qué manera se ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- ¿Cuándo se puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- ¿ ante qué órganos se puede interponer un recurso de jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- ¿Qué efectos produce una sentencia de jurisdicción de lo contencioso administrativo?
- Para Finalizar
Proceso Contencioso Administrativo [3/3]
Fraccionaron la parcela y ahora soy el sucesor ¿qué hago?
¿Qué es la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
La jurisdicción contencioso administrativa es una rama del derecho que se encarga de resolver los conflictos entre particulares y la administración pública. En España, esta jurisdicción está regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa.
La principal función de la jurisdicción contencioso administrativa es resolver los conflictos que se generen entre particulares y la administración pública. Estos conflictos pueden surgir, por ejemplo, cuando se impone una multa administrativa o se deniega un permiso. En estos casos, los particulares pueden recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa para que se revierta la decisión de la administración pública.
Otra función de la jurisdicción contencioso administrativa es la tutela de los derechos fundamentales. En España, los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución Española de 1978. De esta forma, si la administración pública vulnera alguno de estos derechos, los particulares pueden recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa para que sean protegidos.
La jurisdicción contencioso administrativa se encarga, también, de supervisar la actividad de la administración pública. De esta forma, garantiza que la administración pública actúe de acuerdo con la legalidad vigente.
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Por último, cabe destacar que la jurisdicción contencioso administrativa es un órgano independiente de la administración pública. Esto quiere decir que sus decisiones no están sujetas a la opinión o al control de la administración pública.
¿Cuál es la función de la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
La función de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es resolver los conflictos que surgen entre particulares y la administración pública, siempre que éstos no sean resueltos por la vía administrativa. En España, esta función está atribuida a los juzgados de lo contencioso-administrativo y a las salas especializadas de lo contencioso-administrativo de las audiencias provinciales y del Tribunal Supremo.
¿Cuáles son las materias que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
Las materias que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo son aquellas en las que se pueden presentar recursos contra actos u omisiones de la administración pública. Se trata de un ámbito muy amplio, que abarca cuestiones tan diversas como la sanidad, la educación, el medio ambiente, la urbanismo, las infraestructuras, la economía o los impuestos.
¿De qué manera se ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
La jurisdicción contencioso-administrativa es el órgano administrativo encargado de resolver los conflictos que surgen entre particulares y la administración pública, y está regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo. Esta jurisdicción se divide en tres instancias: la primera, de carácter local, se corresponde con los juzgados de lo contencioso-administrativo; la segunda, de ámbito autonómico, es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma competente; y, la tercera y última instancia, es el Tribunal Supremo.
El órgano que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa es el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo, que está compuesto por un presidente, nueve vocales y tres magistrados asistentes. El Tribunal se encarga de resolver los recursos interpuestos contra las decisiones adoptadas por la administración pública, así como de dirimir los conflictos que se planteen entre distintas administraciones públicas.
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La Ley 29/1998, de 13 de julio, regula el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo, así como la competencia, organización y funcionamiento de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
En cuanto a la competencia, el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo es competente para conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones adoptadas por la administración pública, así como de los conflictos que se planteen entre distintas administraciones públicas.
Organización y funcionamiento
El Tribunal se divide en tres secciones: la sección primera, que se encarga de los recursos interpuestos contra las decisiones adoptadas por la administración pública; la sección segunda, que se ocupa de los conflictos que se planteen entre distintas administraciones públicas; y la sección tercera, que es la sección especializada en materia tributaria.
Cada sección está compuesta por tres vocales y un presidente. Los tribunales se integran, además, por tres magistrados asistentes, designados por el presidente del Tribunal, que tienen voz pero no voto en las deliberaciones.
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El Tribunal se reúne en pleno cuando así lo acuerde el presidente del Tribunal o lo soliciten las partes interesadas.
Funciones
El Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo tiene las siguientes funciones:
1. Conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones de la administración pública.
2. Resolver los conflictos que se planteen entre distintas administraciones públicas.
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3. Conocer de las cuestiones prejudiciales que se planteen en los procedimientos contencioso-administrativos.
4. Conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo.
5. Resolver los recursos de revisión que se interpongan contra las sentencias dictadas por el Tribunal.
6. Ejercer el control sobre la actividad de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
7. Encomendar a los juzgados de lo contencioso-administrativo la tramitación de determinados asuntos que considere oportuno.
8. Conocer de las cuestiones planteadas en materia tributaria.
9. Conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central.
¿Cuándo se puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
Como señala el artículo 34.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción, podrán acudir a dicha jurisdicción «todas las personas, físicas o jurídicas, y, en general, cualquier sujeto de derecho, que sostenga una pretensión contra un acto de naturaleza administrativa dictado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia».
Igualmente, y conforme al artículo 35.1 del mismo cuerpo legal, «podrán interponerse recursos contencioso-administrativos contra todo tipo de actos administrativos». No obstante, el apartado 2 del mismo precepto indica que «no serán susceptibles de recurso los actos administrativos que, de conformidad con sus propias disposiciones o con las leyes, sean considerados como definitivos o irrevocables».
Por tanto, podemos afirmar que se puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando se sostenga una pretensión contra un acto de naturaleza administrativa dictado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que dicho acto no sea considerado como definitivo o irrevocable.
¿ ante qué órganos se puede interponer un recurso de jurisdicción de lo contencioso administrativo?
Los recursos de jurisdicción contencioso-administrativa tienen como finalidad que los órganos judiciales tutelen los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a la actuación irregular de la Administración. En España, el ordenamiento jurídico establece tres órganos ante los cuales se puede interponer este tipo de recursos:
-Tribunales Superiores de Justicia: están integrados por un presidente y un número indeterminado de magistrados, siendo su competencia conocer de los recursos de alzada planteados contra las decisiones de los juzgados de lo contencioso-administrativo. Cada provincia española dispone de un tribunal superior de justicia.
-Tribunal Constitucional: se trata del órgano máximo de control de la Constitución española, cuya función es resolver los conflictos que se susciten entre los poderes públicos, así como garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna.
-Tribunal de Cuentas: se encarga de supervisar las cuentas públicas y velar por el correcto uso y gestión de los recursos económicos públicos. También puede ser recurrido en materia de jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Qué efectos produce una sentencia de jurisdicción de lo contencioso administrativo?
En españa, el sistema judicial está compuesto por tres tipos de jurisdicciones: la jurisdicción civil, la jurisdicción penal y la jurisdicción contencioso-administrativa. Las sentencias de jurisdicción contencioso-administrativa tienen efectos sobre los órganos de la administración, ya que son estos órganos los que se ven obligados a cumplirlas. No obstante, las sentencias de jurisdicción contencioso-administrativa no producen efectos vinculantes sobre terceros.
Para Finalizar
Toda administración pública está sometida a un control jurisdiccional, el cual se ejerce a través de lo que se denomina jurisdicción contencioso-administrativa. Se trata de una jurisdicción especializada, cuyo objeto es el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública.
La jurisdicción contencioso-administrativa se encarga, por tanto, de impugnar aquellos actos administrativos que considere ilegales o contrarios a derecho, a través de un procedimiento específico y diferenciado del resto de jurisdicciones.
El órgano competente para conocer de este tipo de asuntos es el Tribunal Superior de Justicia, que se encargará de juzgar y resolver los conflictos derivados de la actuación de la Administración Pública. No obstante, existen ciertos supuestos en los que la competencia para conocer de estos asuntos recae en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo.
Por lo general, la jurisdicción contencioso-administrativa se configura como una jurisdicción voluntaria, es decir, que sólo podrá ser acudida por aquellas personas que de forma expresa y voluntaria decidan hacerlo. No obstante, existen ciertas excepciones en las que la jurisdicción contenciosoadministrativa puede convertirse en obligatoria, como por ejemplo, en aquellos supuestos en los que se impugne un acto administrativo que afecte a un derecho fundamental.
La jurisdicción contencioso-administrativa se configura, por tanto, como un instrumento fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración Pública y el respeto de los derechos de los ciudadanos.
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