Ley De Contratación Estatal.

La ley de contratación estatal es un conjunto de normas que regulan la contratación pública en España. Esta ley se aplica a todos los organismos y entidades del sector público, incluyendo las administraciones central, autonómica y local, así como las empresas y fundaciones públicas. La ley de contratación estatal tiene como objetivo garantizar que todos los contratos públicos se celebren de manera transparente, equitativa y eficiente, y que se destinen a los fines públicos previstos.

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NOCIONES DE CONTRATACIÓN ESTATAL: CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En qué consiste la ley de contratación estatal?

España tiene una larga tradición en el derecho público de los contratos, que se remonta al siglo XIII. El Estado español y sus entidades territoriales han establecido un régimen jurídico específico para la contratación pública, que se encuentra recogido en la Ley de Contratación Pública (LCP). La finalidad de esta ley es asegurar la transparencia, eficacia y estabilidad contractuales en el ámbito de la contratación pública, así como garantizar que se produzca una adecuada competencia entre los contratistas.

La LCP se divide en tres partes: la primera parte contiene las disposiciones generales, la segunda parte establece las normas relativas al procedimiento de contratación y la tercera parte recoge las disposiciones específicas aplicables a cada sector. La LCP se aplica a todo tipo de contratos celebrados por el Estado, las administraciones públicas y las entidades que desarrollen actividades de interés general, tales como empresas públicas o fundaciones. No obstante, existen algunas excepciones a su ámbito de aplicación, como los contratos militares o los contratos relacionados con la investigación científica.

La LCP establece un procedimiento específico para la contratación pública, que debe seguirse en todos los casos. Este procedimiento se divide en tres fases: la fase de preparación, la fase de adjudicación y la fase de ejecución.

En la fase de preparación, el órgano de contratación elabora el documento de licitación, que es el documento que regula el procedimiento de contratación y que contiene toda la información relevante sobre el contrato. Una vez que el documento de licitación ha sido aprobado, se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se envía a todos los posibles candidatos.

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En la fase de adjudicación, los candidatos presentan sus ofertas y el órgano de contratación evalúa las mismas en función de criterios preestablecidos. Finalmente, se adjudica el contrato al candidato que haya presentado la mejor oferta.

En la fase de ejecución, el contratista se compromete a realizar el trabajo objeto del contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el mismo. La LCP establece un régimen sancionador para los contratistas que incumplan sus obligaciones, que puede llegar hasta la anulación del contrato.

Qué objetivos persigue?

El derecho tiene como objetivo proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos, así como regular las relaciones sociales. Entre sus finalidades podemos destacar:

-Garantizar el mantenimiento de la paz social y la convivencia entre ciudadanos.
-Proteger a los ciudadanos de posibles agresiones tanto físicas como morales.
-Establecer un sistema de normas que regulen las relaciones sociales y que estén al servicio de todos los ciudadanos.
-Garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
-Facilitar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

A qué sectores económicos se aplica?

Quiero que me hables del sector automotriz, el sector inmobiliario y el sector financiero.

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Cuáles son los principios básicos que rigen la contratación estatal?

Los principios básicos de la contratación estatal española son los siguientes:

-Eficacia: Se debe lograr el objetivo perseguido por la administración al contratar.

-Eficiencia: Los recursos utilizados en el contrato deben ser los adecuados y se debe obtener el máximo provecho de ellos.

-Imparcialidad: En la selección de contratistas y en la adjudicación de los contratos, la administración debe actuar de forma imparcial, sin discriminación y sin favorecer a ninguna de las partes.

-Transparencia: La administración debe facilitar la máxima información posible sobre los contratos y el proceso de contratación, a fin de garantizar que todos los interesados puedan participar en él de forma equitativa.

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Qué sujetos participan en la contratación estatal?

Los sujetos que participan en la contratación estatal son el Estado o la entidad adjudicadora, que es la que pone el objeto de contrato a disposición del mercado, y el contratista, que es la empresa que realiza las prestaciones del contrato.

Qué tipos de contratos se pueden celebrar?

Existen diversos tipos de contratos que pueden celebrarse entre las partes, atendiendo a la finalidad del mismo. A continuación se exponen algunos de los tipos más habituales:

- Contrato de compraventa: Aquel en el que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de un bien a cambio de un precio en metálico u otros bienes ciertos e identificados.

- Contrato de arrendamiento: En el que una de las partes se compromete a ceder el uso y goce de un bien durante un tiempo determinado contra el pago de un precio en dinero u otros bienes ciertos e identificados.

- Contrato de obra: En el que una de las partes se obliga frente a la otra a llevar a cabo una obra concreta por cuenta y riesgo de ésta última, mediante el pago de un precio en metálico u otros bienes ciertos e identificados.

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- Contrato de suministro: Aquel en el que una de las partes se compromete a proveer de bienes o servicios determinados a la otra, mediante el pago de un precio en dinero u otros bienes ciertos e identificados.

- Contrato de prestación de servicios: En el que una de las partes se compromete a prestar un determinado servicio a la otra, mediante el pago de un precio en metálico u otros bienes ciertos e identificados.

Cuáles son las garantías que ofrece la ley de contratación estatal?

Las principales garantías que ofrece la ley de contratación estatal son las siguientes:

-Garantía de protección al empresario: para proteger a los empresarios, se establece que en ningún caso podrá imponerse a una persona la realización de una tarea o la prestación de un servicio si no ha dado su consentimiento libre y expreso. En otras palabras, se trata de una prohibición de coaccionar a los empresarios para que acepten un contrato.

-Garantía de transparencia: se establece que toda la información relativa a los procesos de contratación será pública y se podrá acceder a ella fácilmente. Esto permite que cualquier persona pueda conocer los detalles de cómo se están llevando a cabo los procesos de contratación y cuáles son los criterios que se están utilizando.

-Garantía de igualdad de trato: se establece que todos los empresarios que participen en un proceso de contratación tendrán un trato igualitario. Esto significa que no se podrá favorecer a un empresario en detrimento de otros y que todos tendrán las mismas oportunidades de éxito.

-Garantía de protección de los derechos de propiedad intelectual: se establece que todos los empresarios que desarrollen bienes o servicios tendrán derecho a la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Esto quiere decir que ninguna persona podrá utilizar esos bienes o servicios sin el permiso del titular de los derechos.

Para Finalizar

La ley de contratación estatal es una normativa que regula los contratos que se celebran entre el Estado y los particulares, a fin de asegurar la transparencia en el gasto público y el adecuado uso de los recursos públicos. La ley establece un conjunto de requisitos que deben cumplirse para que un contrato pueda ser considerado válido, así como un procedimiento específico para la adjudicación de los mismos. En España, la ley de contratación estatal se encuentra regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

• El bloque de las obligaciones fundamentales del contratista, que se refiere a las obligaciones que el contratista contrae con la administración cuando ejecuta un contrato público.
• El bloque de las infracciones y sanciones, que recoge las infracciones que se pueden cometer en el ámbito de la contratación pública, así como las sanciones correspondientes.
• El bloque de régimen general de la contratación, que se refiere a las reglas y principios básicos de la contratación pública, como los requisitos de transparencia o de motivación de los contratos.La contratación pública es, por tanto, la adquisición de bienes o servicios que realiza la administración pública mediante un contrato. En concreto, según el artículo 4 de la LCP, se consideran contratos de la administración pública aquellos que se celebren con el fin de adquirir bienes y servicios, utilizados para la prestación de servicios públicos. No obstante, también se considerarán contratos de la administración pública todos aquellos cuyo objeto directo no sea la prestación de servicios públicos, pero que tengan por objeto el suministro o adquisición de bienes o servicios destinados a la prestación de servicios públicos.Los principios básicos de la contratación pública son, según el artículo 5 de la LCP, los siguientes:Principio de transparencia: toda la información relativa a la contratación pública se pondrá a disposición del público.Principio de igualdad: todos los candidatos serán tratados de igual forma.Principio de mérito: los proveedores serán seleccionados en función de sus méritos.Principio de imparcialidad: la selección de los proveedores se realizará de forma objetiva.Principio de publicidad: la contratación pública se realizará de forma pública.Principio de proporcionalidad: la intervención de la administración pública se limitará al mínimo necesario.Principio de economía: se buscará la relación más favorable entre costes e ingresos.Principio de eficacia: se seleccionarán aquellos contratos que ofrezcan los resultados más eficaces.Principio de seguridad jurídica: se garantizará la estabilidad y certeza de los contratos.Los contratos de la administración pública se clasifican, según el artículo 6 de la LCP, en contratos privados y contratos públicos. Los contratos privados son aquellos que no se rigen por la LCP, mientras que los contratos públicos son aquellos que sí se rigen por esta ley.La LCP se aplicará a todos los contratos públicos, salvo en los casos en los que se establezca lo contrario en la propia ley. No obstante, existen algunas excepciones a la LCP, como los contratos celebrados por las Administraciones Públicas para adquirir bienes y servicios destinados a su uso personal o familiar, o los contratos celebrados con particulares para adquirir bienes y servicios destinados a su uso personal o familiar.En general, la LCP se aplicará a todos los contratos de la administración pública, salvo en los casos en los que se establezca lo contrario en la propia ley. No obstante, existen algunas excepciones a la LCP, como los contratos celebrados por las Administraciones Públicas para adquirir bienes y servicios destinados a su uso personal o familiar, o los contratos celebrados con particulares para adquirir bienes y servicios destinados a su uso personal o familiar.