Libertad Provisional.
La libertad provisional es un beneficio concedido a los imputados o acusados en un proceso penal, que consiste en ponerlos en libertad hasta la celebración del juicio. No implica la puesta en libertad de la persona, sino únicamente la suspensión de la ejecución de la pena impuesta cautelarmente.La libertad provisional suele ser solicitada por el abogado defensor del imputado o acusado, y es el juez quien decide si se concede o no. Para tomar esta decisión, el juez debe valorar diversos factores como el peligro de fuga del imputado o acusado, el riesgo de que este pueda influir en testigos o en la investigación, o el riesgo de que se reitere la conducta delictiva.
- Las 3 claves que has de conocer para quedar en libertad provisional.
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Libertad provisional
- ¿En qué consiste la libertad provisional?
- ¿Cuándo se puede conceder la libertad provisional?
- ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a la libertad provisional?
- ¿De qué forma se puede revocar la libertad provisional?
- ¿Qué consecuencias implican las restricciones impuestas en la libertad provisional?
- ¿Qué derechos se pierden al estar sometido a libertad provisional?
- ¿Cuáles son las principales obligaciones que deben cumplirse durante la libertad provisional?
- Para Finalizar
Las 3 claves que has de conocer para quedar en libertad provisional.
Libertad provisional
¿En qué consiste la libertad provisional?
Para muchas personas, la libertad provisional es un concepto confuso. Sin embargo, es una cuestión muy importante en el ámbito del derecho penal. La libertad provisional es un derecho fundamental garantizado por la Constitución y el Código Penal. Se trata de la libertad de una persona acusada de un delito, que se encuentra en prisión preventiva, mientras espera a su juicio.
En la mayoría de los casos, la persona acusada de un delito no será puesta en libertad provisional hasta que se haya celebrado el juicio. No obstante, en algunos casos la persona puede ser puesta en libertad provisional si se cumplen ciertos requisitos. Estos requisitos varían según el tipo de delito, pero generalmente se refieren a la gravedad del delito, el riesgo de fuga de la persona y la necesidad de protección de la víctima o de la sociedad.
Por lo general, la persona acusada de un delito tendrá que comparecer ante el juez para determinar si se le concede o no la libertad provisional. En algunos casos, el juez puede decidir que la persona acusada debe permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. Sin embargo, en otros casos, el juez puede decidir que la persona acusada puede ser puesta en libertad provisional, con o sin fianza, con ciertas condiciones.
Las condiciones de la libertad provisional suelen incluir la prohibición de salir del país, la obligación de residir en un determinado lugar, la prohibición de contactar con ciertas personas o la obligación de comparecer ante el tribunal en determinadas fechas. Si la persona incumple cualquiera de estas condiciones, puede ser detenida y volver a prisión preventiva.
Lee También Certificado De últimas Voluntades.La libertad provisional es un derecho fundamental, pero también es una responsabilidad. La persona que se encuentra en libertad provisional debe cumplir con todas las condiciones impuestas por el tribunal. De lo contrario, puede ser detenida y volver a prisión preventiva.
¿Cuándo se puede conceder la libertad provisional?
En España, la libertad provisional se puede conceder en una serie de circunstancias y, generalmente, se otorga a aquellos accused de un delito que no se considera peligroso para la sociedad. La libertad provisional se puede conceder si el acusado cumple con ciertas condiciones, como presentarse ante el tribunal en todas las audiencias, no salir del país y no tener contacto con la víctima.
¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a la libertad provisional?
La libertad provisional es una figura jurídica que se recoge en el artículo 579.2 del Código Penal Español y que viene a sustituir a la fórmula de la fianza, que existía en la legislación anterior. Para poder acceder a la libertad provisional, el imputado debe cumplir una serie de requisitos:
En primer lugar, que no concurran razones para suponer que el imputado pueda eludir la acción de la justicia, es decir, que no existan indicios de que el imputado vaya a huir o se encuentre en peligro de reincidir en su delito.
En segundo lugar, que no concurran razones para suponer que el imputado pueda cometer nuevos delitos, es decir, que no existan indicios de que el imputado vaya a cometer un nuevo delito una vez puesto en libertad.
Lee También Certificado Literal De Matrimonio.En tercer lugar, el imputado debe tener un domicilio fijo en España, para lo cual deberá presentar un justificante de residencia.
En cuarto lugar, el imputado deberá aportar una garantía económica suficiente para asegurar su comparecencia en el juicio, la cual podrá consistir en una fianza, un aval bancario o un seguro de caución.
En quinto lugar, el imputado deberá someterse a un control periódico por parte de la policía o de la guardia civil, según lo establecido por el juzgado.
Finalmente, el imputado deberá firmar un documento en el que se compromete a comparecer ante el juzgado en la fecha y hora señaladas y a no abandonar el territorio nacional.
¿De qué forma se puede revocar la libertad provisional?
En la legislación española, en concreto en el artículo 544 bis del Código Penal, se recoge que la libertad provisional puede ser revocada cuando existan pruebas suficientes de que el acusado cometió otro delito después de que se le pusiera en libertad. También se puede revocar la libertad provisional si el imputado no cumple las condiciones que se le impusieron al concedérsele este beneficio, como por ejemplo, presentarse ante el juzgado en las fechas fijadas, no salir del territorio nacional o no alejarse de determinadas personas.
Lee También Cesión De Créditos. ¿Qué consecuencias implican las restricciones impuestas en la libertad provisional?
Las consecuencias de las restricciones impuestas en la libertad provisional pueden ser muy graves. En algunos casos, las personas que se encuentran en libertad provisional pueden ser arrestadas si se les sorprende cometiendo un delito. También pueden ser arrestadas si se les sorprende incumpliendo cualquiera de las condiciones de su libertad provisional. Las personas que incumplen las condiciones de su libertad provisional pueden enfrentar cargos por delitos menores, como faltas, o cargos más graves, como delitos mayores.
¿Qué derechos se pierden al estar sometido a libertad provisional?
En España, cuando una persona es puesta a disposición de la autoridad judicial, se le impone un régimen de libertad provisional, lo que significa que está sometida a unas medidas cautelares que limitan sus derechos fundamentales. En concreto, al estar sometido a libertad provisional se pierden los siguientes derechos:
-Derecho a la libertad y a la inviolabilidad del domicilio: la persona sometida a libertad provisional puede ser requerida en cualquier momento por parte de la autoridad judicial y tiene que estar disponible para comparecer ante el tribunal en cualquier momento. Además, no puede abandonar el territorio nacional sin autorización judicial.
-Derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: la persona sometida a libertad provisional está obligada a permitir que sus comunicaciones telefónicas y electrónicas sean interceptadas y registradas por la autoridad judicial.
-Derecho a la igualdad ante la ley: al estar sometido a libertad provisional, se pierde el derecho a que se respeten las presunciones de inocencia y de no culpabilidad, lo que significa que se puede considerar culpable de un delito antes de que se dictamine una sentencia condenatoria por un tribunal.
Lee También Cesionario.¿Cuáles son las principales obligaciones que deben cumplirse durante la libertad provisional?
En primer lugar, es importante tener en cuenta que la libertad provisional es una medida cautelar y, por lo tanto, su objetivo es garantizar la comparecencia del imputado ante el tribunal. En consecuencia, las obligaciones que se imponen al imputado en este régimen son aquellas que permitan asegurar su presencia en el juicio.
A efectos prácticos, esto significa que el imputado debe mantenerse localizable y, por lo tanto, debe comunicar a la autoridad competente cualquier cambio de domicilio. Asimismo, debe presentarse ante la autoridad judicial en las fechas y horas establecidas y, en general, cumplir con todas aquellas obligaciones que se le impongan.
En segundo lugar, es importante señalar que, aunque la libertad provisional supone una cierta flexibilización de las medidas cautelares, no implica que se pueda hacer absolutamente todo. En concreto, el imputado debe abstenerse de realizar actos que puedan perjudicar la investigación o dificultar la recolección de pruebas.
Asimismo, debe abstenerse de contactar con las víctimas u otros testigos, así como de salir del territorio nacional sin permiso previo de la autoridad judicial. En general, se trata de obligaciones que permiten salvaguardar el correcto desarrollo del procedimiento y, por lo tanto, el derecho de defensa de las partes.
Por último, es importante señalar que el incumplimiento de las obligaciones que se imponen en el régimen de libertad provisional puede suponer el revocación de dicha medida y, por lo tanto, el ingreso en prisión. Por lo tanto, es fundamental que el imputado cumpla escrupulosamente con todas las obligaciones que se le imponen.
Para Finalizar
LIBERTAD PROVISIONAL
La libertad provisional es una garantía constitutional que tutela la libertad de las personas durante el proceso penal, asegurando que los imputados no sean privados de su libertad sin una sentencia condenatoria dictada por un tribunal competente.
La libertad provisional se encuentra regulada en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1978, que establece que "ninguna persona podrá ser privada de su libertad sin que medie sentencia judicial firme" y en el artículo 578.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que establece que "el órgano judicial que conozca del asunto fijará, dentro de los límites que señale la ley, las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la comparecencia del imputado a la celebración del juicio oral".
En virtud de esta normativa, los imputados gozan de presunción de inocencia y no pueden ser privados de su libertad sin una sentencia condenatoria dictada por un tribunal competente. No obstante, el legislador ha previsto algunas excepciones a esta regla general, estableciendo que el juez puede decretar medidas cautelares que privan de libertad al imputado si considera que existen razones fundadas para temer que este no comparecerá a la celebración del juicio oral.
Entre las medidas cautelares más comunes que pueden decretarse en virtud de esta normativa se encuentran la prisión preventiva, la libertad bajo fianza o caución, el arresto domiciliario, la restricción de salidas del territorio nacional, etc.
La finalidad de la libertad provisional es evitar que el imputado evada el proceso penal y, por tanto, se sustraiga a la acción de la justicia, lo que podría perjudicar gravemente sus derechos e intereses legítimos. No obstante, la libertad provisional no es una medida de carácter punitivo, sino cautelar, por lo que debe ser aplicada de forma restrictiva y sólo en aquellos casos en los que resulte absolutamente necesario.
En los últimos años, la jurisprudencia ha establecido una serie de criterios para determinar cuándo puede imponerse una medida cautelar que priva de libertad al imputado, estableciendo que dicha medida sólo podrá decretarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
- Que el imputado sea reincidente en la falta de comparecencia a juicio.
- Que el imputado no disponga de residencia fija en España.
- Que el imputado no disponga de medios económicos suficientes para hacer frente a la fianza o caución que se le imponga.
- Que existan indicios fundados de que el imputado se va a fugar del país para evitar el proceso penal.
- Que el imputado posea antecedentes penales por delitos graves.
- Que el delito por el que se le imputa sea grave.
- Que existan indicios fundados de que el imputado cometiera el delito por el que se le imputa.
- Que exista peligro de que el imputado cometiera nuevos delitos si queda en libertad.
- Que exista peligro de que el imputado entorpezca la investigación del delito.
- Que exista peligro de que el imputado se fugara del país para evitar el proceso penal.
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