Malversación.

La malversación es un delito que consiste en el aprovechamiento indebido de un cargo o de una situación de confianza para obtener, directa o indirectamente, un beneficio propio o de terceros. Se trata, por tanto, de un delito contra la administración pública.

Índice de contenidos
  1. Mesa Debate: Critica de la apariencia. Participan: Susana Saulquin y Eduardo Grüner.
  2. Vulnerables Conferencia 2022 - Día 2 - Plenarias
    1. ¿Qué es la malversación?
    2. ¿Cuáles son los elementos que conforman el delito de malversación?
    3. ¿Qué pena se impone por el delito de malversación?
    4. ¿Cuándo se considera que se ha cometido malversación?
    5. ¿A qué órgano pertenece la competencia para juzgar la malversación?
    6. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que proceda la condena por malversación?
    7. ¿Cómo puede extinguirse la pena de malversación?
  3. Para Finalizar

Mesa Debate: Critica de la apariencia. Participan: Susana Saulquin y Eduardo Grüner.

Vulnerables Conferencia 2022 - Día 2 - Plenarias

¿Qué es la malversación?

Respetando las fuentes y las citas, quiero un texto amplio y esclarecedor para una persona que no tenga muchos conocimientos sobre el tema y que explique de manera sencilla qué es la malversación.

La malversación es un delito contra la administración pública que se comete cuando una persona, en su calidad de funcionario público, destina fondos públicos a un fin distinto al que están destinados legalmente.

Para que exista malversación de fondos públicos, es necesario que el funcionario público actué de manera dolosa, es decir, que tenga intención de perjudicar al erario público o de beneficiarse personalmente.

La malversación de fondos públicos es un delito muy grave que puede acarrear penas de prisión de hasta 8 años.

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¿Cuáles son los elementos que conforman el delito de malversación?

La malversación de fondos es un delito cometido por un servidor público o funcionario que destina indebidamente el dinero o bienes pertenecientes a su entidad para beneficio propio o de un tercero.

Para que se configure este delito se requieren los siguientes elementos:

1. Que el agente sea servidor público o funcionario, ya que solo ellos tienen la custodia y administración de los bienes del Estado.

2. Que el servidor público o funcionario destine indebidamente el dinero o bienes pertenecientes a su entidad, es decir, que los utilice para un fin distinto al previsto legalmente o que los disponga sin la autorización competente.

3. Que el destino dado al dinero o bienes sea para beneficio propio o de un tercero.

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4. Que como consecuencia del delito se cause un perjuicio económico a la entidad o administración pública.

5. Que el agente tenga la capacidad de gestión y disposición de los bienes, ya que no se considerará malversación si el agente no tiene esa facultad.

Si se cumplen estos elementos, se configura el delito de malversación de fondos, que está tipificado y sancionado en el Código Penal.

¿Qué pena se impone por el delito de malversación?

En España, según el Código Penal, el delito de malversación de caudales públicos se castiga con la pena de prisión de seis a doce años y multa de dieciocho a veinticuatro meses. Si la cantidad defraudada es superior a 120.000 euros, la pena se incrementa en un tercio. Asimismo, el Código establece que si el delito es cometido por un funcionario público o una persona que desempeña un cargo público, la pena será de ocho a quince años de prisión y multa de dos a cinco años.

¿Cuándo se considera que se ha cometido malversación?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley de Malversación de Fondos Públicos) considera delito de malversación de caudales públicos a la apropiación indebida o el desvío de fondos públicos, así como a la realización de actos u omisiones en perjuicio del erario público.

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Para que se configure el delito de malversación de caudales públicos es necesario que concurran los siguientes elementos:

-Que existan caudales públicos.

-Que el imputado tenga la calidad de funcionario público.

-Que el funcionario público tenga la posesión de los caudales públicos.

-Que el funcionario público apropie indebidamente de los caudales públicos o los desvíe de su destino.

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-Que como consecuencia de la apropiación indebida o del desvío de caudales públicos se cause un perjuicio al erario público.

Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que para que se configure el delito de malversación de caudales públicos es necesario que el funcionario público tenga la intención de aprovecharse indebidamente de los caudales públicos o de desviarlos de su destino.

¿A qué órgano pertenece la competencia para juzgar la malversación?

La malversación es un delito que se comete cuando un funcionario público aprovecha su cargo para obtener un beneficio personal. Según el Código Penal español, la malversación es castigada con prisión de tres a diez años. El órgano competente para juzgar este delito es el Tribunal Supremo.

¿Qué requisitos se deben cumplir para que proceda la condena por malversación?

Malversación es el delito cometido por un funcionario público que, aprovechando su cargo, destina indebidamente fondos públicos a un tercero o a sí mismo. Para que proceda la condena, se deben cumplir los siguientes requisitos:

-Que el funcionario público haya cometido el delito aprovechando su cargo.
-Que el tercero haya recibido los fondos públicos de manera indebida.
-Que los fondos públicos hayan sido destinados a un fin distinto al previsto.

En caso de que se cumplan estos requisitos, se podrá proceder a la condena del funcionario público por malversación.

¿Cómo puede extinguirse la pena de malversación?

La pena de malversación puede extinguirse de diversas formas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la malversación es un delito penal, por lo tanto, para extinguir la pena es necesario que el delincuente cumpla con la sentencia impuesta por el tribunal. En segundo lugar, la pena de malversación también puede extinguirse mediante el perdón de la víctima o, en algunos casos, mediante el perdón del Estado.

Para Finalizar

La malversación es un tipo de delito penal que consiste en el aprovechamiento indebido de bienes, recursos o fondos por parte de un funcionario público, ya sea para sí mismo o para terceros.

Este delito se enmarca dentro de los delitos contra la administración pública y, por lo tanto, está regulado en el Código Penal español en los artículos 430 a 434.

En concreto, el artículo 430 establece que será castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, y/o multa de doce a veinticuatro meses, el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, se aproveche de ellas para obtener, directa o indirectamente, para sí o para terceros, un beneficio patrimonial indebido.

Por su parte, el artículo 431 tipifica como delito de malversación el hecho de que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, utilice indebidamente bienes, recursos o fondos a su disposición, provocando un perjuicio patrimonial a la administración pública. En este caso, la pena prevista es de prisión de uno a tres años, y/o multa de dieciocho a treinta y seis meses.

Por último, el artículo 432 considera como delito de malversación el hecho de que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, otorgue o conceda directa o indirectamente un beneficio patrimonial a un tercero, en perjuicio de la administración pública. La pena prevista en este caso es de prisión de uno a tres años, y/o multa de dieciocho a treinta y seis meses.

La malversación de caudales públicos es un delito especialmente grave, ya que afecta directamente a los recursos de todos los ciudadanos y, por lo tanto, a la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, la malversación es un delito que puede tener consecuencias muy graves para la administración pública, ya que puede llegar a comprometer la prestación de los servicios públicos esenciales.

Por último, cabe destacar que la malversación es un delito que puede tener consecuencias muy graves para el funcionario público que la commita, ya que puede acarrearle la pérdida de su puesto de trabajo, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

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