Malversación De Caudales Públicos.

Malversación de caudales públicos se refiere a la apropiación indebida de fondos públicos por parte de un funcionario público. Se considera un delito grave en muchos países y puede dar lugar a consecuencias penales graves, como la prisión.

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Apertura de juicio por asociación ilícita y malversación de caudales públicos en Carabineros

¿Qué significa el término "malversación de caudales públicos"?

La malversación de caudales públicos se refiere a la apropiación indebida de fondos públicos por parte de un funcionario público. Se trata de un delito grave que puede llevar a la prisión.

¿En qué consiste el delito de malversación de caudales públicos?

La malversación de caudales públicos se define como el acto de aprovecharse indebidamente de fondos o bienes pertenecientes a una entidad pública, ya sea para fines personales o para beneficio de un tercero.

Puede darse tanto en el ámbito nacional como internacional, y suele estar tipificado como un delito grave. En España, la malversación de caudales públicos es un delito previsto y penalizado por el Código Penal.

El delito de malversación de caudales públicos requiere la existencia de cuatro elementos:

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1. Que exista una entidad pública.

2. Que dicha entidad esté a cargo de la administración de caudales públicos.

3. Que el acusado se aproveche indebidamente de dichos caudales.

4. Que el aprovechamiento se haga con fines personales o para beneficio de un tercero.

La malversación de caudales públicos se considera un delito muy grave, y suele ser castigado con penas de prisión de entre seis meses y tres años, así como con multas de hasta 18 meses.

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¿Cuáles son las penas previstas para el delito de malversación de caudales públicos?

Las penas previstas para la malversación de caudales públicos en España son la prisión y/o multa. La reclusión puede ser de un mínimo de 2 años y un máximo de 15 años, si la cuantía es superior a 120.000 euros. La multa será de, al menos, el doble de la cantidad defraudada y, en todo caso, de 12 a 24 meses.

¿Cómo se puede cometar el delito de malversación de caudales públicos?

La malversación de caudales públicos es uno de los delitos más graves que puede cometerse en España. Se trata de una infracción muy grave, cuyas penas pueden llegar a ser muy altas. En general, se considera que la malversación de caudales públicos es el desvío de fondos públicos para fines particulares. Esto significa que, si alguien toma dinero del erario público y lo utiliza para sus propios fines, está cometiendo un delito. Existen diversas formas en las que se puede cometere este delito, pero todas ellas implican el desvío de fondos públicos.

¿Quiénes están exentos de responsabilidad penal por el delito de malversación de caudales públicos?

Malversación de caudales públicos se refiere a la apropiación indebida de fondos públicos, ya sea por parte de funcionarios públicos o de particulares. El delito de malversación de caudales públicos es una infracción penal en España y está tipificado en el Código Penal español. Según el Código Penal, el delito de malversación de caudales públicos se cometen por quienes, "habiendo sido nombrados para un cargo público o desempeñado un servicio público" aprovechan su "cargo o servicio para obtener, directa o indirectamente, para sí o para terceros, un beneficio personal", causando un "perjuicio económico a la Administración Pública". Se considera que el delito de malversación de caudales públicos se ha cometido si el agente actuó "con dolo", es decir, si tuvo la intención de apropiarse indebidamente de los fondos públicos. No se requiere que el agente haya logrado efectivamente obtener un beneficio personal para que se considere que se ha cometido el delito; basta con que haya realizado un acto para obtener un beneficio personal.

El Código Penal establece que el delito de malversación de caudales públicos es castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, así como con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por un tiempo de cinco a diez años. En casos especialmente graves, el delito de malversación de caudales públicos puede ser castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años, así como con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por un tiempo de diez a quince años.

Según el Código Penal, están exentos de responsabilidad penal por el delito de malversación de caudales públicos aquellos funcionarios públicos que hayan cometido el delito en el ejercicio regular de sus funciones y que no hayan obtenido un beneficio personal como resultado de su acción. Asimismo, están exentos de responsabilidad penal por el delito de malversación de caudales públicos aquellos particulares que hayan cometido el delito en el ejercicio regular de una actividad económica lícita y que no hayan obtenido un beneficio personal como resultado de su acción.

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¿Qué elementos se deben acreditar para que proceda la condena por el delito de malversación de caudales públicos?

En España, el delito de malversación de caudales públicos se tipifica en el artículo 437 del Código Penal. Para que proceda la condena por este delito, se deben acreditar los siguientes elementos:

1) Que el agente sea funcionario público o detente alguna otra dignidad, cargo o comisión relacionada con la administración pública.

2) Que el agente haya recibido caudales públicos a su cargo.

3) Que el agente haya destinado esos caudales públicos a un fin distinto al previsto legalmente.

4) Que el agente haya obtenido un beneficio personal como consecuencia de su actuación.

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5) Que el agente haya actuado con dolo, es decir, que haya sido consciente de que estaba cometiendo un delito.

¿Cómo se puede imputar el delito de malversación de caudales públicos?

En España, el delito de malversación de caudales públicos se puede imputar a cualquier persona que tenga la custodia o el control de caudales públicos y los use para fines distintos a los que fueron destinados. También se considera delito de malversación el hecho de aprovecharse de su posición para obtener un beneficio personal o para perjudicar al erario público.

Para Finalizar

El delito de malversación de caudales públicos se tipifica en el artículo 404 del Código Penal español y establece que será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años o multa de dieciocho a veinticuatro meses el funcionario público que, dolosamente, y en provecho propio o de tercero, malversare los caudales públicos a su cargo. Se considera caudal público todo lo perteneciente al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales, a las Entidades Públicas Empresariales y a cualesquiera otras instituciones cuyo patrimonio esté protegido por la Ley.

Para que exista el delito de malversación de caudales públicos es necesario que el funcionario público tenga a su cargo los caudales, que actúe dolosamente y que, con su actuación, obtenga un beneficio para sí mismo o para un tercero.

La dolo en el delito de malversación de caudales públicos se configura cuando el agente tiene la intención de apropiarse ilícitamente de los caudales públicos, es decir, cuando su único propósito es obtener un beneficio económico indebido. No será necesario, para configurar el delito, que el agente haya obtenido el beneficio económico, bastará con que haya actuado con la intención de obtenerlo.

Por otro lado, el beneficio económico que se pretende obtener con la malversación de caudales públicos no tiene por qué ser directo, es decir, que el agente no tiene por qué apropiarse directamente de los caudales públicos. Será suficiente que, como consecuencia de su actuación dolosa, obtenga un beneficio indirecto, aunque no sea inmediato.

Asimismo, el beneficio económico puede obtenerse tanto en provecho propio como en provecho de un tercero. En el primer caso, el agente será castigado con la pena establecida en el artículo 404 del Código Penal, mientras que, en el segundo caso, la pena será de uno a tres años de prisión o multa de doce a dieciocho meses.

En cuanto a la graduación de la pena, ésta se determinará en función de la cuantía de los caudales públicos malversados. Si la cuantía es inferior a 400 euros, la pena será de prisión de uno a tres años o multa de doce a dieciocho meses. Si la cuantía es superior a 400 euros, la pena será de prisión de uno a cuatro años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Por último, cabe destacar que el delito de malversación de caudales públicos requiere de la intervención de un funcionario público. Se considera funcionario público toda persona que desempeña un cargo público, ya sea por designación directa o por oposición. Asimismo, se consideran funcionarios públicos aquellas personas que desempeñan una función pública, ya sea por designación directa o por nombramiento.

• Un caudal público, es decir, una masa dineraria perteneciente a Hacienda Pública.
• Una administración pública que tenga a su cargo la administración deeste caudal público.
• Una persona que posea legitimidad o titularidad sobre dicho caudal público.
• El propósito encomendado a la persona titular del caudal público.
• Una desviación de las finalidades para las cuales fue encomendado el caudal público.
• La concurrencia de intencionalidad en el titular del caudal público.La primera de estas condiciones tiene que ver con el objeto en cuestión, ya que sólo puedeconsiderarse como caudal público aquellos fondos que se encuentran bajo el control o administración de una entidad pública.En cuanto al elemento subjetivo, éste se caracteriza por la intención de desviar los caudales públicos de su finalidad original.No obstante, también se podrá considerar cometido el delito de malversación de caudales públicos en aquellos casos en los que exista una mala administración por parte de la persona que posea la titularidad o legitimidad para administrar los caudales públicos.Por último, cabe señalar que este delito cuenta con diversas circunstancias agravantes: el incremento de la pena prevista en el Código Penal, la privación de derechos políticos, así como la prohibición de ejercer cargos públicos o profesionales en relación con el ejercicio de las mismas.