Servicio Público.
En primer lugar, debemos definir el concepto de "servicio público". Un servicio público es una actividad o función realizada por una entidad pública (normalmente una administración pública), con el objetivo de satisfacer una necesidad general de la población. Según la Ley General de Servicios Públicos (Ley 9/2013, de 4 de julio), el servicio público se define como "toda prestación de carácter general y obligatorio que, conforme a las disposiciones legales aplicables, tiene por objeto la satisfacción del interés general y se realiza mediante la gestión directa o indirecta de una Administración Pública".
En segundo lugar, es importante señalar que existen diferentes tipos de servicios públicos. En general, podemos distinguir tres grandes categorías:
-Servicios públicos esenciales: son aquellos que se consideran imprescindibles para la vida en sociedad y, por lo tanto, deben estar disponibles en todo momento. Algunos ejemplos de servicios públicos esenciales son la educación, la sanidad, la seguridad o el agua potable.
-Servicios públicos no esenciales: son aquellos servicios que, aunque no son imprescindibles para la vida en sociedad, sí son muy útiles y por lo tanto se considera necesario que estén disponibles. Algunos ejemplos de servicios públicos no esenciales son el transporte público, el suministro de energía eléctrica o el de gas natural.
-Servicios públicos locales: son aquellos servicios que solo están disponibles en un área reducida o localizada. Algunos ejemplos de servicios públicos locales son el alumbrado público, la recogida de residuos o el mantenimiento de espacios públicos.
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- ¿Qué se entiende por servicio público?
- ¿De qué forma se presta el servicio público?
- ¿A quién está destinado el servicio público?
- ¿Cuáles son los derechos de los usuarios de los servicios públicos?
- ¿Quién ejerce la vigilancia y control de los servicios públicos?
- ¿Cuáles son las obligaciones de los prestadores de servicios públicos?
- ¿Cuáles son las sanciones aplicables a los incumplimientos en el servicio público?
- Para Finalizar
Servicios Públicos y Privados
Curso de Derecho Administrativo en México 2020. | Unidad IV El Servicio Público.
¿Qué se entiende por servicio público?
Un servicio público es una prestación de carácter general que se realiza por una administración pública o por empresas concesionarias con el objetivo de satisfacer una demanda colectiva. Se trata de un servicio de interés general cuya finalidad es atender a una necesidad pública, de forma que su prestación es obligatoria y suele estar regulada en el marco de la legislación estatal.
Entre los servicios públicos más comunes podemos encontrar la educación, la sanidad, la seguridad, el transporte, la limpieza, la gestión de residuos, el suministro de agua o la protección civil. Sin embargo, cualquier actividad que tenga un carácter general y que satisfaga una demanda social puede ser considerada como un servicio público.
¿De qué forma se presta el servicio público?
El servicio público es el conjunto de actividades que el Estado realiza con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad. En España, el Ministerio de Fomento es el responsable de coordinar la prestación del servicio público de transporte por carretera, ferrocarril, metro y tram.
El servicio público de transporte es esencial para el funcionamiento de un país, ya que permite el desplazamiento de personas y mercancías, favoreciendo así el desarrollo económico y social.
El derecho a la prestación del servicio público de transporte se establece en el artículo 45 de la Constitución española, que dispone que “corresponde a los poderes públicos organizar y coordinar el transporte terrestre, marítimo y aéreo, en condiciones de eficacia, seguridad, continuidad, calidad y tarifas justas”.

En el marco de la Unión Europea, la Directiva 2004/17/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios de transporte ferroviario, tiene como objetivo garantizar una libre prestación de servicios en el sector del transporte ferroviario y establecer un marco común para la regulación de dicho sector.
La Ley de Ordenación y Explotación de los Transportes Terrestres (LOITT), aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tiene como objeto regular el transporte terrestre de viajeros y mercancías, así como el alquiler de vehículos con conductor, en todos sus aspectos, tanto internos como internacionales.
La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, tiene como objeto regular el transporte ferroviario de viajeros y mercancías, así como el alquiler de vehículos con conductor, en todos sus aspectos, tanto internos como internacionales.
La Ley de Ordenación de los Transportes Aéreos (LOTA), aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 9 de marzo, tiene como objeto regular el transporte aéreo de viajeros y mercancías, así como el alquiler de vehículos con conductor, en todos sus aspectos, tanto internos como internacionales.
La Ley de Ordenación de los Transportes Marítimos (LOTM), aprobada por el Real Decreto Legislativo 9/2004, de 9 de marzo, tiene como objeto regular el transporte marítimo de viajeros y mercancías, así como el alquiler de vehículos con conductor, en todos sus aspectos, tanto internos como internacionales.

¿A quién está destinado el servicio público?
El servicio público es una prestación que el Estado realiza a la ciudadanía, y cuyo objetivo es el de satisfacer una necesidad social. En general, el servicio público se caracteriza por su finalidad pública y su obligación de atender a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.
A quién está destinado el servicio público, en concreto, depende del tipo de prestación que se trate. En algunos casos, el servicio público está destinado a toda la ciudadanía, como es el caso de la educación o la sanidad. En otros casos, el servicio público está destinado a un sector determinado de la población, como es el caso de la prestación de asistencia jurídica gratuita, que está destinada a aquellas personas que no puedan permitirse el pago de un abogado particular.
En cualquier caso, el servicio público debe ser prestado de forma eficiente, eficaz y con calidad, y debe estar al servicio de la ciudadanía en general.
¿Cuáles son los derechos de los usuarios de los servicios públicos?
Los derechos de los usuarios de los servicios públicos están recogidos en diversas normas legales y serían muy extensos de enumerar. Algunos de ellos son el derecho a recibir un servicio adecuado, el derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal que presta el servicio, el derecho a no ser discriminado a la hora de acceder al servicio, el derecho a la protección de datos personales, etc.
¿Quién ejerce la vigilancia y control de los servicios públicos?
En España, los servicios públicos están sometidos a la vigilancia y control del Estado. Esto significa que el Estado es responsable de garantizar que estos servicios se presten de manera adecuada y eficaz, y que se cumplan las normas y leyes que regulan su funcionamiento. Las autoridades estatales encargadas de llevar a cabo esta función de vigilancia y control son los organismos reguladores. En el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones, el principal organismo regulador es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Otros organismos reguladores de servicios públicos en España son la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria.

¿Cuáles son las obligaciones de los prestadores de servicios públicos?
Los prestadores de servicios públicos están obligados a cumplir con una serie de obligaciones. En primer lugar, deben brindar un servicio de calidad y eficiente. En segundo lugar, deben mantener el servicio de forma continua y estable. En tercer lugar, deben respetar los derechos de los usuarios. En cuarto lugar, deben mantener la confidencialidad de la información de los usuarios. En quinto lugar, deben proteger los datos personales de los usuarios. En sexto lugar, deben proteger el medio ambiente.
¿Cuáles son las sanciones aplicables a los incumplimientos en el servicio público?
En España, el derecho penal dispone de una serie de sanciones a aquellas personas que cometan ilícitos relacionados con el ejercicio del servicio público. El Código Penal español contempla diversas faltas y delitos que pueden ser cometidos en el ámbito del servicio público, y en función de la naturaleza y gravedad de estos se establecen las correspondientes sanciones.
Las faltas cometidas en el ejercicio del servicio público son las infracciones menores que se pueden llevar a cabo por funcionarios públicos o particulares que presten servicios públicos. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves, y las sanciones correspondientes varían en función de la naturaleza de la falta cometida. Las faltas leves pueden ser sancionadas con una multa de hasta 600 euros, mientras que las faltas graves pueden acarrear una multa de hasta 1.200 euros o la suspensión de hasta 6 meses del derecho a ejercer el servicio público en cuestión. Las faltas muy graves pueden ser sancionadas con una multa de hasta 3.000 euros o la suspensión de hasta 2 años del derecho a ejercer el servicio público.
Los delitos cometidos en el ejercicio del servicio público son las infracciones más graves y pueden ser cometidos tanto por funcionarios públicos como particulares. En función de la naturaleza y gravedad del delito cometido se establecen las correspondientes penas de prisión. Los delitos leves pueden ser sancionados con una pena de prisión de hasta 2 años, mientras que los delitos graves pueden acarrear una pena de prisión de hasta 5 años. Los delitos muy graves pueden ser sancionados con una pena de prisión de hasta 10 años.
Para Finalizar
El servicio público es una prestación de carácter administrativo a favor de la ciudadanía y regulada por el derecho administrativo. Se trata de un conjunto de actividades o prestaciones que el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales realizan en beneficio de los ciudadanos.
Los principales servicios públicos son: la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad, la protección civil, la defensa, el mantenimiento de las infraestructuras básicas (agua, energía, transporte, etc.), la limpieza y el suministro de agua potable. Asimismo, cabe destacar la función de regulación de los servicios públicos, que consiste en establecer los mecanismos necesarios para garantizar su adecuada prestación.
El concepto de servicio público está regulado en el artículo 234 de la Constitución española, que establece que el Estado y las comunidades autónomas tienen la obligación de prestar los servicios públicos que garanticen un nivel de vida adecuado.
Por otro lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de ordenación del sector eléctrico, también reconoce el carácter de servicio público a la actividad eléctrica.
La prestación del servicio público supone una obligación para el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, quienes deben garantizar su adecuada prestación a todos los ciudadanos. Para ello, estos últimos cuentan con una serie de instrumentos y mecanismos de control, como la vigilancia y el control de la calidad del servicio, la supervisión de las tarifas, la regulación del sector o la imposición de sanciones.
Asimismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de ordenación del comercio minorista, también reconoce el carácter de servicio público a la actividad comercial minorista.
El servicio público es, por tanto, un conjunto de prestaciones que el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales realizan en beneficio de los ciudadanos, y que están reguladas por el derecho administrativo.
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