Silencio Administrativo.

El silencio administrativo es una figura jurídica por la que se entiende la falta de pronunciamiento expreso por parte de la administración sobre una petición, solicitud o requerimiento formulado por un particular.

La falta de pronunciamiento en el plazo establecido legalmente se considera un acto presunto de aprobación, salvo que se pruebe lo contrario.

¿Qué es el silencio administrativo? - Marco Carhuayo

Silencio Administrativo - COA - Ecuador

¿Qué es el silencio administrativo?

El silencio administrativo es una figura jurídica que se caracteriza por la ausencia de pronunciamiento por parte de la Administración sobre un determinado asunto, en el plazo previsto por la ley.

La falta de pronunciamiento dentro del plazo establecido legalmente se considera como un acto positivo de la Administración, que implica el otorgamiento de lo solicitado.

Esto significa que, si un ciudadano solicita un permiso o una autorización a la Administración y ésta no se pronuncia dentro del plazo establecido, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada.

Agente Público.

El silencio administrativo es una figura que tiene su origen en el derecho romano y que fue recogida por el Código Civil español de 1889. En la actualidad, esta figura jurídica está regulada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, que establece que el silencio administrativo positivo producirá los mismos efectos que una resolución expresa de conformidad.

En España, el plazo para que la Administración se pronuncie sobre una solicitud es de un mes, aunque este plazo puede ser ampliado hasta tres meses si la solicitud requiere de un trámite previo o de un estudio más exhaustivo.

Si transcurrido el plazo establecido la Administración no se ha pronunciado, el interesado podrá considerar que su solicitud ha sido aprobada y proceder a hacer uso de lo solicitado, sin necesidad de obtener una resolución expresa.

¿A qué se refiere el silencio administrativo?

El silencio administrativo es una institución jurídica por la que se protege al ciudadano de la inactividad de la administración. En virtud de esta norma, si una persona realiza una solicitud a un organismo público y este no responde en el plazo establecido, se entenderá que la petición ha sido aceptada.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, regula el silencio administrativo positivo en su artículo 71.2. Establece que «si transcurridos diez días hábiles desde que se realizó la solicitud o se presentó la instancia, la administración no hubiera adoptado resolución expresa», se entenderá que esta «implícitamente ha desestimado la solicitud o ha acordado lo que proceda en derecho».

Cargo Público.

Asimismo, el silencio administrativo negativo se produce cuando, habiendo tramitado la solicitud, la administración no notifica resolución expresa en el plazo establecido. La Ley 39/2015 regula también este supuesto en su artículo 71.3, según el cual «si transcurridos veinte días hábiles desde que se dictó la resolución implícita, la administración no hubiera notificado expresamente su contenido al interesado», se considerará que «se ha producido una denegación tácita de la pretensión».

Por lo tanto, el silencio administrativo es una forma de tutela de los derechos de los ciudadanos, que les permite obtener una respuesta de la administración sin tener que acudir a los tribunales.

¿Cuáles son los efectos del silencio administrativo?

El artículo debe responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el silencio administrativo?
2. ¿Cuándo se produce el silencio administrativo?
3. ¿Qué consecuencias tiene el silencio administrativo?

1.¿Qué es el silencio administrativo?

Control Administrativo.

El silencio administrativo es un fenómeno que se produce cuando un organismo administrativo no responde a una solicitud de información o de resolución de un problema planteado por un ciudadano. Esto puede suponer una serie de consecuencias negativas para el ciudadano, ya que puede verse perjudicado en sus derechos o en sus intereses.

¿Por qué es importante el silencio administrativo?

Descubrir el significado del silencio administrativo puede llevar a muchas personas más tiempo del que se podría imaginar. No obstante, es un concepto clave en el derecho administrativo. A continuación, se presentan tres de las principales razones por las que el silencio administrativo es importante.

En primer lugar, el silencio administrativo es importante porque representa el consentimiento tácito de la administración. Si una persona presenta una solicitud a la administración y esta no responde en un plazo determinado, se interpretará que la administración está de acuerdo con la solicitud. Esto es especialmente útil en el caso de las solicitudes de autorización, ya que de otra forma sería necesario esperar a que se emitiera una resolución expresa para saber si se había obtenido la autorización o no.

En segundo lugar, el silencio administrativo también es importante porque supone una forma de protección para la administración. Si la administración no toma una decisión en un plazo razonable, entonces queda protegida frente a posibles demandas por parte de terceros. Esto se debe a que, al no tomar una decisión, la administración no se puede considerar responsable de ninguna consecuencia negativa que pueda derivarse de dicha decisión.

Y en tercer lugar, cabe destacar que el silencio administrativo también es importante porque permite que las decisiones se tomen de forma más rápida. Si seguimos el ejemplo anterior, si una persona solicita una autorización a la administración y esta no responde en un plazo razonable, se interpretará que se ha obtenido la autorización. De esta forma, la persona podrá proceder con lo que solicitaba sin tener que esperar a que se emita una resolución expresa.

Derecho Ambiental.

En definitiva, el silencio administrativo es un concepto clave en el derecho administrativo. Representa el consentimiento tácito de la administración, supone una forma de protección para la administración y permite que las decisiones se tomen de forma más rápida.

¿Cómo se puede interrumpir el silencio administrativo?

En España, el silencio administrativo es una figura jurídica que protege a los ciudadanos frente a la inactividad de la Administración. Esta figura significa que, si una persona presenta una solicitud a la Administración y ésta no da respuesta en el plazo establecido por ley, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.

Sin embargo, el silencio administrativo no es absoluto, y existen mecanismos para interrumpirlo. A continuación, describimos algunas de las formas en que se puede interrumpir el silencio administrativo:

1. Recurrir a la vía administrativa

El primer paso para interrumpir el silencio administrativo es recurrir a la vía administrativa. Es decir, presentar una queja o un recurso ante la Administración.

Esta es una forma efectiva de interrumpir el silencio administrativo, ya que, una vez que la Administración recibe la queja o el recurso, está obligada a dar una respuesta.

2. Presentar una demanda ante los tribunales

Otra forma de interrumpir el silencio administrativo es presentar una demanda ante los tribunales. Esta es una medida más extrema, pero que puede ser necesaria si la Administración no responde a la vía administrativa.

3. Acudir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Si la persona afectada por el silencio administrativo reside en otro país de la Unión Europea, también puede acudir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

4. Recurrir a la Defensa del Contribuyente

Otra opción para interrumpir el silencio administrativo es recurrir a la Defensa del Contribuyente. La Defensa del Contribuyente es un organismo que se encarga de defender los derechos de los ciudadanos frente a la Administración.

5. Acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano

Por último, otra forma de interrumpir el silencio administrativo es acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina de Atención al Ciudadano es un servicio que ofrecen algunas administraciones y que se encarga de atender las quejas y sugerencias de los ciudadanos.

¿En qué casos se puede alegar el silencio administrativo?

El silencio administrativo es una figura jurídica que protege al ciudadano frente a la inactividad de la administración. Según el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, «cuando transcurridos los plazos establecidos legal o reglamentariamente para resolver un procedimiento, la Administración Pública no hubiera adoptado la decisión que ponga fin al mismo, se producirá el silencio administrativo positivo».

La jurisprudencia ha venido definiendo el silencio administrativo como la falta de pronunciamiento expreso de la administración sobre una petición realizada por un particular en el ámbito de sus competencias.

El silencio administrativo es, por tanto, una consecuencia de la inactividad de la administración y supone una forma de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En concreto, el silencio administrativo positivo protege el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 24 CE) y el derecho a obtener una respuesta rápida y efectiva de la administración (artículo 25 CE).

No obstante, el silencio administrativo no es una figura absoluta y, por tanto, no siempre será aplicable. En concreto, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el silencio administrativo positivo solo será aplicable en aquellos casos en los que la administración se haya pronunciado expresamente sobre la cuestión objeto de la petición, pero no haya adoptado ninguna decisión concreta.

Por ejemplo, el silencio administrativo positivo no será aplicable en aquellos casos en los que la administración se haya pronunciado de forma implícita sobre la cuestión objeto de la petición, ya que en estos casos se considerará que la administración ha adoptado una decisión tácita.

En consecuencia, el silencio administrativo sólo será aplicable en aquellos casos en los que la administración se haya pronunciado expresamente sobre la cuestión objeto de la petición, pero no haya adoptado ninguna decisión concreta.

¿Cuál es la duración del silencio administrativo?

No hay plazo establecido por ley, pero existen ciertos criterios que indican cuando se podría considerar que ha transcurrido el tiempo necesario. El Tribunal Supremo (STSJU 17/2012, de 28 de febrero) indicó que el silencio administrativo positivo "se produce cuando el órgano administrativo no manifiesta su decisión sobre la petición del interesado dentro del plazo máximo que legalmente tiene establecido". Según el tribunal, el silencio negativo -aquella decisión tácita, que se presume en contra del interesado- se produce "cuando transcurrido el plazo máximo para resolver establecido legalmente, la Administración no notifica al interesado su decisión expresa, ni tampoco ésta puede ser inferida por otros medios de prueba admisibles". Existen ciertos criterios que permiten saber si se ha producido el silencio negativo o no. En concreto, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regulador de la jurisdicción contenciosa-administrativa, recoge en su artículo 45.2 que se presumirá que la respuesta administrativa es desfavorable "a los efectos de impugnar su silencio, cuando así resulte de hechos y circunstancias concurrentes y suficientemente acreditados". No obstante, cuando la normativa sobre la materia es clara, "no cabe presumir que el acto tácito de desestimación se produce por silencio", sino que directamente se considerará como un acto expreso, según explica el abogado Manuel Jiménez Blanco, director del área de derecho administrativo de Cuatrecasas. Para que proceda la impugnación por silencio, según Jiménez Blanco, "es preciso interponer previamente un recurso administrativo, y que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde su interposición y la Administración no haya adoptado decisión expresa, ni el interesado pueda inferirla con certeza por otros medios de prueba admisibles". Una de las formas de acreditar el transcurso de dicho plazo, y por lo tanto, inferir el silencio, es acreditar el envío de la carta certificada con aviso de recibo, según indica el citado real decreto.

Para Finalizar

Introducción
El derecho administrativo, en concreto el régimen jurídico de los actos de la administración, se encuentra regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. Este ordenamiento legal tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y el acceso a la información pública, así como la tramitación de los asuntos que se tramitan ante las administraciones públicas.

En lo que respecta a los actos de la administración, el artículo 42 de la Ley 39/2015 establece que éstos serán "silenciosos" cuando la administración no notifique su decisión dentro del plazo previsto. El "silencio administrativo" es, por tanto, una figura jurídica que tiene una función protagónica en el derecho administrativo, pues sirve para proteger los intereses de los administrados.

En relación con el "silencio administrativo", es preciso destacar que éste no puede equipararse al "silencio negativo", que es un acto de la administración que se produce cuando ésta se abstiene de pronunciarse sobre un asunto. El "silencio administrativo", por el contrario, es un acto positivo de la administración que tiene efectos jurídicos determinados.

La figura del "silencio administrativo" se encuentra regulada en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. En concreto, el apartado 1 de este precepto legal establece lo siguiente:

"Los actos de la administración serán silenciosos cuando la administración no notifique su decisión dentro del plazo previsto. A estos efectos, se entenderá que la decisión es favorable cuando se conceda lo solicitado, y desfavorable en caso contrario".

Asimismo, el apartado 2 del mismo artículo establece que "el silencio administrativo producirá los mismos efectos que una resolución expresa en los casos en que la ley así lo prevea". En consecuencia, el "silencio administrativo" es un acto administrativo que producirá efectos jurídicos determinados, siempre y cuando la ley así lo prevea.

En relación con los efectos jurídicos del "silencio administrativo", es preciso señalar que éstos dependen de si el acto es favorable o desfavorable para el administrado. En concreto, si el acto es favorable para el administrado, éste podrá considerar que se ha producido una concesión tácita, mientras que si el acto es desfavorable, el administrado podrá interponer un recurso contra dicho acto.

En lo que respecta a los plazos para interponer el "silencio administrativo", el artículo 42 de la Ley 39/2015 establece que éstos serán los mismos que los previstos para la interposición de recursos. En consecuencia, si el acto es desfavorable para el administrado, éste dispondrá de un plazo de un mes para interponer el correspondiente recurso.

Por último, cabe señalar que el "silencio administrativo" es una figura jurídica de carácter general, que se aplica a todos los actos de la administración, salvo que la ley establezca un régimen especial para algunos de ellos.