Tráfico De Influencias.

El tráfico de influencias es la acción de utilizar el poder o la influencia personal para obtener un beneficio ilícito para sí mismo o para otra persona. Se considera un delito en muchos países y puede estar penado con multas y/o prisión.

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¿Qué implicaciones legales existen en el tráfico de influencias?

En virtud de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Códigos Penales, el tráfico de influencias está previsto y sancionado en el artículo 404, que señala lo siguiente: "Será castigado con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses el que, por sí o por persona interpuesta, obtenga o trate de obtener del funcionario público, por su cargo o dependencia, u obtenga directamente del particular, en razón de su cargo o autoridad, un acto administrativo contrario a derecho, salvo en los casos en que la ley expresamente lo permita. No será castigada la solicitud hecha al particular en razón del cargo que desempeña cuando éste no pueda realizarla por sí mismo por requerirlo la función que tiene encomendada".

La figura tipificada en el artículo 404 de la LOPJ es la de quien, aprovechándose de su influencia, logra obtener un acto administrativo contrario a derecho.

Para que exista tráfico de influencias, es necesario que el agente tenga influencia sobre el particular, es decir, que disponga de un poder de decisión sobre él. Este poder de decisión puede provenir de diversas fuentes, como el parentesco, la amistad, el cargo que desempeña o el dinero.

Asimismo, debe quedar claro que el acto administrativo contrario a derecho no es cualquier acto ilícito, sino aquel que, aunque sea legal, perjudica a terceros o favorece indebidamente al agente.

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La pena a la que se hace referencia en el artículo 404 de la LOPJ es la de prisión, que oscila entre uno y cinco años, y la multa, que puede ir de doce a veinticuatro meses.

No obstante, cabe destacar que, en virtud del artículo 21.2 de la LOPJ, la pena se reducirá a la mitad si el agente devuelve íntegramente el beneficio ilícito.

¿Cuáles son las consecuencias penales y administrativas que pueden derivarse del tráfico de influencias?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el tráfico de influencias es un delito tipificado y sancionado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Así, el artículo 422 bis del Código Penal establece que será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses el funcionario público que, a título oneroso o gratuito, intervenga en el ejercicio de sus funciones para obtener un beneficio o favor ajeno, para sí o para tercero.

La pena será de prisión de seis meses a tres años y multa de uno a tres años si el funcionario público, a título oneroso o gratuito, otorga a un tercero información reservada de la que dispone en razón de su cargo.

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Igualmente, el artículo 422 ter establece que será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a dieciocho meses el particular que, a título oneroso o gratuito, interceda en el ejercicio de funciones públicas a las que tiene acceso por razón de su cargo, en beneficio propio o de tercero.

La pena será de prisión de seis meses a dos años y multa de uno a tres años si el particular, a título oneroso o gratuito, otorga a un tercero información reservada de la que dispone en razón de su cargo.

En todo caso, el delito de tráfico de influencias se considerará cometido en grado de tentativa desde el momento en que el agente inicie la actuación típica dirigida a obtener el beneficio o favor.

No obstante, cabe señalar que el delito de tráfico de influencias requiere que el funcionario público o particular intervenga en el ejercicio de sus funciones, lo que supone un elemento subjetivo del delito.

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que el delito de tráfico de influencias requiere que el agente intervenga en el ejercicio de sus funciones "mediante el abuso de su posición de prestigio o poder".

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Por tanto, el delito de tráfico de influencias no se configura cuando el agente simplemente utiliza su posición de poder o prestigio para lograr un beneficio para sí mismo o para un tercero, sino que es necesario que dicha intervención se realice "mediante el abuso de su posición" .

En consecuencia, el delito de tráfico de influencias no se configura si el agente simplemente intercede ante otro funcionario público o ante un particular para lograr un beneficio, sino que es necesario que dicha intervención se realice de manera indebida, es decir, utilizando el cargo o la posición de poder para obtener un beneficio que de otro modo no se podría obtener.

Por tanto, el delito de tráfico de influencias requiere, en primer lugar, que el agente intervenga en el ejercicio de sus funciones y, en segundo lugar, que dicha intervención se realice de manera indebida.

En cuanto a las consecuencias penales del delito de tráfico de influencias, cabe señalar que el Código Penal establece una serie de penas para este delito, en función de la gravedad de los hechos.

Así, el artículo 422 bis establece que será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses el funcionario público que, a título oneroso o gratuito, intervenga en el ejercicio de sus funciones para obtener un beneficio o favor ajeno, para sí o para tercero.

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La pena será de prisión de seis meses a tres años y multa de uno a tres años si el funcionario público, a título oneroso o gratuito, otorga a un tercero información reservada de la que dispone en razón de su cargo.

Igualmente, el artículo 422 ter establece que será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a dieciocho meses el particular que, a título oneroso o gratuito, interceda en el ejercicio de funciones públicas a las que tiene acceso por razón de su cargo, en beneficio propio o de tercero.

La pena será de prisión de seis meses a dos años y multa de uno a tres años si el particular, a título oneroso o gratuito, otorga a un tercero información reservada de la que dispone en razón de su cargo.

En todo caso, el delito de tráfico de influencias se considerará cometido en grado de tentativa desde el momento en que el agente inicie la actuación típica dirigida a obtener el beneficio o favor.

No obstante, cabe señalar que el delito de tráfico de influencias requiere que el funcion

¿De qué modo se configura el delito de tráfico de influencias?

En la actualidad, el delito de tráfico de influencias se configura a partir de tres tipos de conductas: la solicitud, el ofrecimiento y el otorgamiento de un favor a cambio de un beneficio. La solicitud, el ofrecimiento o el otorgamiento de un favor puede ser directo o indirecto, y el beneficio puede ser cualquier tipo de ventaja patrimonial o no patrimonial.

¿Cuáles son los elementos necesarios para que se pueda configurar el delito de tráfico de influencias?

La trama del delito de tráfico de influencias se sostiene sobre tres pilares básicos: el objeto, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El objeto es el beneficio patrimonial o no patrimonial que el agente actúa para conseguir para sí o para un tercero. El sujeto activo es la persona que ejerce influencia sobre el funcionario público, mientras que el sujeto pasivo es el funcionario a quien se le atribuye el poder de decisión en el asunto objeto del delito.

Para que se pueda configurar el delito de tráfico de influencias es necesario que concurran los siguientes elementos:

- Que el agente ejerza influencia sobre un funcionario público.

• Que el objeto del delito sea un beneficio patrimonial o no patrimonial.
  

• Que el agente actúe con el propósito de obtener un beneficio para sí mismo o para un tercero.
  

• Que el funcionario público tenga poder de decisión en el asunto objeto del delito.

¿Quiénes están comprendidos en el delito de tráfico de influencias?

En España, el delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el Artículo 549 del Código Penal, que establece que será castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el funcionario público que, aprovechando su cargo, condición o investidura oficial, intercediere ante otra persona para obtener un beneficio patrimonial u otro particular para sí o para un tercero.

Asimismo, el mismo Código Penal contempla en su Artículo 550 una falta de tráfico de influencias, que se sancionará con multa de tres a seis meses, cuando no concurran las circunstancias que señala el Artículo 549 o cuando el beneficio no sea de consideración.

Por lo tanto, quienes cometen el delito de tráfico de influencias en España son, en primer lugar, los funcionarios públicos, es decir, aquellas personas que desempeñan un cargo público ya sea a nivel nacional, autonómico o local, como puede ser un alcalde, un consejero de una comunidad autónoma o un diputado.

También se consideran responsables de este delito las personas que tengan una condición o investidura oficial, aunque no sean funcionarios públicos, como por ejemplo, un presidente de una asociación o un obispo.

Por último, también pueden ser sancionados por este delito aquellas personas que, aunque no sean funcionarios públicos ni tengan una condición o investidura oficial, intercedan ante otras personas con el fin de obtener un beneficio patrimonial u otro particular para sí mismos o para un tercero.

¿Cuándo se configura el delito de tráfico de influencias?

En España, el delito de tráfico de influencias se configura cuando se produce una actuación indebida de un funcionario público en el ejercicio de su cargo con el propósito de obtener un beneficio para sí mismo o para un tercero. Se considera que existe una actuación indebida cuando el funcionario excede sus facultades o utiliza su cargo en contra de los intereses generales.

¿Cómo se puede tipificar el delito de tráfico de influencias?

El tráfico de influencias es un delito que se tipifica en el Código Penal español de manera muy amplia. Se considera que el tráfico de influencias es cometido cuando alguien utiliza su posición de poder o influencia para obtener un beneficio para sí mismo o para otra persona, ya sea económico o de otro tipo.

El Código Penal español establece que el tráfico de influencias es un delito punible con prisión de seis meses a tres años, y con multa de doce a veinticuatro meses.

Para que se pueda considerar que se ha cometido el delito de tráfico de influencias, es necesario que la persona que lo cometió actuara de manera dolosa, es decir, que tuviera la intención de obtener un beneficio ilícito para sí mismo o para otra persona.

Para Finalizar

El tráfico de influencias es un término que se refiere a la actividad ilícita de una persona que usa su influencia o contactos para facilitar o conseguir un beneficio para otra persona. El tráfico de influencias puede ser un delito cometido tanto por particulares como por funcionarios públicos.

En España, el tráfico de influencias es considerado un delito contra la administración pública y está regulado en el Código Penal. Según el Código Penal, el tráfico de influencias es considerado un delito si la persona que lo cometió actuó con el propósito de obtener un beneficio para sí misma o para otra persona.

El delito de tráfico de influencias es castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de hasta 24.000 euros. Si el delito es cometido por un funcionario público, la pena de prisión puede aumentar hasta los ocho años.

El tráfico de influencias es un delito que se ha cometido con frecuencia en España. En los últimos años, se han producido algunos casos destacados de tráfico de influencias. En 2012, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, fue acusado de tráfico de influencias. Pujol fue acusado de haber recibido sobornos por parte de empresarios para facilitarles contratos con la Generalitat.

En 2015, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue condenado a seis años de prisión por tráfico de influencias. González fue acusado de haber recibido sobornos por parte de una empresa constructora para favorecerla en la adjudicación de contratos públicos.

El tráfico de influencias es un delito grave que puede tener consecuencias graves. Si se cometen actos de tráfico de influencias, es importante buscar la ayuda de un abogado para defenderse contra las acusaciones.

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