Expropiación Rogada.

La expropiación rogada es una situación en la que una persona es obligada por la ley a vender su propiedad a otra persona o entidad gubernamental. En general, esto se hace para permitir que se lleven a cabo proyectos de infraestructura importantes, como la construcción de carreteras o líneas de ferrocarril. A menudo, las personas afectadas por la expropiación rogada reciben una indemnización por la pérdida de su propiedad, pero no siempre es así.

Expropiaciones en Venezuela

Propiedad privada y expropiaciones: qué dice la Constitución y la ley

¿Qué significa el término "expropiación rogada"?

La expropiación rogada (en inglés, eminent domain) es el poder del gobierno de adquirir bienes privados para fines públicos mediante la imposición de un precio justo. Expropiación es un término utilizado en derecho constitucional y administrativo que se refiere a la acción del gobierno de adquirir el dominio de un bien raíz privado mediante una orden judicial, por motivos de utilidad pública o interés social. Se trata de un proceso por el cual el gobierno puede tomar posesión de un inmueble privado a fin de hacer uso de él o destinarlo a un proyecto público, tales como la construcción de carreteras, edificios públicos o infraestructuras.

En muchos países, la ley establece que el gobierno sólo puede llevar a cabo la expropiación de un bien privado si la propiedad está siendo utilizada de manera ineficiente o si su uso es perjudicial para el bienestar público. En estos casos, se dice que la expropiación es "rogada" porque se requiere que el propietario del bien inicialmente acceda a vender la propiedad al gobierno. El propietario puede oponerse a la venta, pero el gobierno puede forzarla a través de una orden judicial.

Una vez que se lleva a cabo la expropiación, el gobierno es el nuevo propietario de la propiedad y puede hacer uso de ella de acuerdo a las leyes y regulaciones que rigen el uso de la tierra. En algunos casos, el gobierno puede optar por vender la propiedad a un tercero, ya sea para recuperar parte de la inversión inicial o para que el tercero pueda utilizarla de acuerdo a los fines públicos para los que fue adquirida.

¿Cuándo se puede solicitar una expropiación rogada?

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La expropiación rogada es una figura jurídica que posibilita la expropiación de un bien inmueble por parte del Estado, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo en cederlo. La solicitud de una expropiación rogada puede hacerse en cualquier momento, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo en ceder el bien inmueble.

¿Qué consecuencias tiene para el propietario afectado por la expropiación rogada?

Expropiación es el acto de despojar legalmente a una persona de su propiedad mediante una indemnización. Expropiaciones pueden ser necesarias para construir carreteras, edificios gubernamentales, infraestructura, etc.

La mayoría de las expropiaciones en España son "expresas", lo que significa que el propietario es notificado por el organismo público que solicita la expropiación y se le indica el valor de la indemnización. No obstante, existen también las "expresiones tácitas", en las que el propietario no es notificado o el valor de la indemnización no es determinado. En estos casos, el propietario puede presentar una reclamación ante el Tribunal de Justicia de España.

Si el propietario está de acuerdo con la indemnización ofrecida, entonces procederá a aceptarla y firmar los documentos relevantes. Si el propietario no está de acuerdo, tendrá que presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de España.

La demanda debe presentarse en el plazo de un mes desde la notificación de la expropiación. Una vez que se presenta la demanda, el Tribunal de Justicia de España designará a un perito para evaluar el valor de la propiedad. El perito emitirá un informe con su valoración y el Tribunal de Justicia de España fijará la indemnización a pagar en función del informe.

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El propietario tiene derecho a recibir la indemnización en efectivo, bonos del Tesoro o una combinación de ambos. Si el propietario opta por recibir bonos del Tesoro, estos se cotizarán a su valor nominal y el propietario podrá venderlos en cualquier momento. La indemnización se pagará en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución del Tribunal de Justicia de España.

¿Cómo se calcula el justiprecio de una expropiación rogada?

La pregunta es muy genérica, y no hay una respuesta concreta, ya que el justiprecio de una expropiación rogada depende de varios factores, tales como el valor del terreno, la ubicación, el tamaño del terreno, etc.

¿Por qué se considera que la expropiación rogada es una medida excepcional?

Por varias razones. En primer lugar, porque expropiar es una decisión que afecta a los derechos de propiedad, que están protegidos por nuestra Constitución. En segundo lugar, porque la expropiación implica despojar a una persona de su propiedad, lo cual puede suponer un grave perjuicio económico para la persona afectada. Y en tercer lugar, porque la expropiación es una medida que sólo se puede adoptar en determinadas circunstancias y cuando se cumplen unos requisitos específicos.

¿Qué garantías tiene el propietario durante el procedimiento de expropiación rogada?

La expropiación es una medida extrema que solo se puede adoptar en determinados supuestos. Se trata de un acto administrativo mediante el cual la administración adquiere la propiedad de un bien a un particular, frente al cual se garantizan determinados derechos.

El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común regula el procedimiento de expropiación forzosa. En primer lugar, señala que la expropiación debe ser determinada por un interés público o social suficientemente justificado y, en segundo lugar, que debe ser necesaria para la materialización del mismo.

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La propiedad de un bien no es un derecho absoluto, sino que está sometido a limitaciones que derivan de su función social. En el caso de la expropiación, la limitación consiste en que el bien pueda ser requerido por la administración para la consecución de un fin público o social.

En este sentido, la administración puede requerir la cesión de un bien para la realización de una obra pública o la ejecución de un servicio público. No obstante, antes de proceder a la expropiación, debe intentar llegar a un acuerdo amistoso con el propietario del bien, conocido como acuerdo de expropiación rogada.

El acuerdo de expropiación rogada se produce cuando el propietario del bien cede voluntariamente su propiedad a la administración, a cambio de una indemnización previamente establecida. Es importante señalar que el propietario del bien tiene derecho a exigir una indemnización justa y adecuada.

En caso de no llegar a un acuerdo amistoso, la administración puede proceder a la expropiación forzosa. Para ello, debe notificar al propietario del bien la intención de expropiar, así como los motivos y el importe de la indemnización.

Una vez que se ha producido la notificación, el propietario tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Si el propietario no está de acuerdo con la indemnización ofrecida, puede solicitar una peritación para determinar el valor real del bien.

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Una vez que se ha determinado el importe de la indemnización, la administración pagará el importe correspondiente al propietario y procederá a la adquisición del bien.

En el caso de que el propietario del bien no esté de acuerdo con la indemnización ofrecida, puede recurrir la decisión administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma.

- Recibir una indemnización justa y adecuada.

• Recurrir la decisión administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma.

¿Puede el propietario recurrir la decisión de expropiación rogada?

INTRODUCCIÓN

La ley española contempla la figura de la expropiación rogada, que se define como el acto mediante el cual una autoridad pública adquiere un bien inmueble para destinarlo a un uso público o social, previa solicitud del propietario y con su consentimiento.

En este tipo de expropiación, el propietario recibe una indemnización que debe ser equivalente al valor real del bien, según una tasación previa.

No obstante, en ocasiones el propietario no está de acuerdo con el importe de la indemnización ofrecida y puede optar por recurrir la decisión de expropiación.

¿CÓMO RECURRIR UNA EXPROPIACIÓN?

El propietario que desee recurrir la decisión de expropiación rogada debe seguir el procedimiento establecido por la ley.

En primer lugar, debe presentar un escrito en el que se explique el motivo del recurso y se adjunte la documentación necesaria.

Este escrito se dirige a la autoridad que ha emitido la decisión de expropiación y debe presentarse en el plazo de un mes desde la notificación de la decisión.

Si la autoridad no responde en el plazo de tres meses, o si la respuesta no es satisfactoria para el propietario, este último puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

En este caso, el propietario debe contratar los servicios de un abogado y presentar una demanda ante el tribunal competente.

El tribunal analizará el caso y emitirá una sentencia en la que se establecerá si la decisión de expropiación es legítima o no.

En el supuesto de que se declare la nulidad de la decisión, el propietario podrá exigir la devolución del inmueble expropiado o el pago de una indemnización adecuada.

En cambio, si el tribunal confirma la decisión de expropiación, el propietario no tendrá más remedio que aceptar la indemnización ofrecida y entregar el inmueble a la autoridad pública.

Para Finalizar

La expropiación rogada es un término utilizado por los abogados para describir una situación en la que el gobierno requiere la propiedad de una persona mediante el pago de una indemnización, pero la persona afectada no está de acuerdo. En este caso, la persona puede demandar al gobierno e intentar recuperar su propiedad o obtener una indemnización más alta.