Garantías Constitucionales.
Las garantías constitucionales son derechos fundamentales otorgados a los ciudadanos por la Constitución de España para protegerlos de abusos por parte del Estado. Estos derechos se encuentran recogidos en el capítulo primero del Título Preliminar de la Constitución, y son los siguientes:
-Derecho a la vida
-Derecho a la integridad física y moral
-Derecho a la inviolabilidad del domicilio
-Derecho a la libertad y a la seguridad
-Derecho a la igualdad ante la ley
-Derecho a la tutela judicial efectiva
-Derechos fundamentales de los reclusos
-Derecho a la protección de la salud
-Derecho a la educación
-Derecho a la libertad religiosa
-Derecho a los recursos naturales
Estos derechos fundamentales están reconocidos a todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, religión, opinión o orientación sexual.
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Garantias constitucionales
- ¿Qué se entiende por "garantías constitucionales"?
- ¿Cuáles son las principales garantías constitucionales en España?
- ¿Qué función cumplen las garantías constitucionales?
- ¿Cómo se hacen efectivas las garantías constitucionales?
- ¿Qué papel juegan los tribunales en la protección de las garantías constitucionales?
- ¿En qué casos pueden limitarse las garantías constitucionales?
- ¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de una garantía constitucional?
- Para Finalizar
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Garantias constitucionales
¿Qué se entiende por "garantías constitucionales"?
En España, se entiende por "garantías constitucionales" aquellos derechos fundamentales que son reconocidos por la Constitución. Entre estos derechos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la protección de la salud. Asimismo, también se encuentran incluidos otros derechos como el derecho a la educación, a la cultura, a la información, a la libertad religiosa y a la proporcionalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales.
¿Cuáles son las principales garantías constitucionales en España?
La Carta Magna española, conocida también como Constitución de 1978, es el fundamento del Estado y, como tal, regula el funcionamiento de las instituciones y establece los derechos y deberes de los ciudadanos. En su artículo 1.1 se consagra la soberanía nacional y se afirma que el pueblo español, de acuerdo con la voluntad expresada en el proceso constituyente, tiene atribuida la soberanía.
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La Constitución reconoce y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, a los que se refiere el artículo 14. En este se enumeran una serie de derechos y se establece que todos gozan de igual protección por parte del Estado.
Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución son:
Derechos de libertad: libertad de expresión, libertad de reunión y libertad sindical; derecho a la educación, libertad religiosa, libertad de circulación, libertad de trabajo…
Derechos de igualdad: igualdad ante la ley, no discriminación por razón de sexo, raza o religión, igualdad de oportunidades…
Derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a no declararse culpable, a no autoincriminarse, a no someterse a torturas ni penas crueles, inhumanas o degradantes…
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Derechos fundamentales de los menores, de los ancianos y de los discapacitados.
Derechos fundamentales de los extranjeros en España: derecho a residir, a circular libremente, a trabajar, a recibir educación…
Derechos fundamentales de los españoles en el extranjero: derecho a residir, a circular libremente, a trabajar, a recibir educación…
La Constitución española también reconoce otros derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la huelga, a una vivienda digna, a la protección social, a la educación, a la cultura, al deporte…
Asimismo, la Constitución establece los deberes de los ciudadanos, entre los que se encuentran el deber de respetar a los demás, el de defender la Patria, el de proteger el orden público y el de cumplir las leyes.
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¿Qué función cumplen las garantías constitucionales?
Las garantías constitucionales son un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos derechos están recogidos en la Constitución y tienen como finalidad garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vida digna y libre de oppression.
¿Cómo se hacen efectivas las garantías constitucionales?
Nuestro sistema jurídico establece una serie de garantías para proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales. Estas son las llamadas garantías constitucionales. Según el artículo 53 de la Constitución Española, "todos los españoles tienen derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin indebida demora", por lo que podemos afirmar que las garantías constitucionales tienen como objetivo hacer efectivos nuestros derechos fundamentales.
Para que una garantía sea efectiva, debe cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, debe ser adecuada a la finalidad perseguida, es decir, debe ser apta para proteger el derecho fundamental que se pretende defender. En segundo lugar, debe ser proporcionada, es decir, no debe ir más allá de lo necesario para proteger el derecho fundamental en cuestión. Y en tercer lugar, debe ser eficaz, es decir, debe ser capable de producir los efectos deseados.
En cuanto al ámbito de aplicación, las garantías constitucionales no solo se refieren a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, sino también a otros derechos y libertades consagrados en tratados internacionales ratificados por España. Así, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud, que no están expresamente previstos en la Constitución, también gozan de garantías constitucionales.
En cuanto al ámbito temporal, las garantías constitucionales son aplicables desde el momento en que se producen los hechos que puedan afectar a los derechos fundamentales de una persona. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas de estas garantías solo pueden ser invocadas ante un tribunal o un juez, por lo que no siempre será posible hacerlas efectivas de inmediato.
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En cuanto al ámbito material, las garantías constitucionales solo pueden ser aplicadas por los órganos del Estado, es decir, por aquellos órganos que cuentan con la potestad y la competencia necesarias para hacerlo. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
Por último, cabe señalar que las garantías constitucionales no son absolutas, sino que pueden ser limitadas por otras normas constitucionales o legales. Así, por ejemplo, el derecho a la intimidad puede limitarse por el derecho a la información.
¿Qué papel juegan los tribunales en la protección de las garantías constitucionales?
Los tribunales juegan un papel fundamental en la protección de las garantías constitucionales. En primer lugar, los tribunales son responsables de interpretar y aplicar las leyes, lo que incluye las garantías constitucionales. En segundo lugar, los tribunales tienen el poder de declarar ilegales aquellas leyes que violen las garantías constitucionales. Esto último es especialmente importante porque los tribunales son el último escudo contra las acciones arbitrarias o abusivas del gobierno.
¿En qué casos pueden limitarse las garantías constitucionales?
En España, el Estado se rige por la Constitución de 1978. En dicha Constitución se recogen todos los derechos fundamentales de los españoles y se establecen tres poderos públicos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, siendo el último el encargado de hacer cumplir las leyes y la Constitución.
La Constitución de 1978 protege a los españoles de cualquier tipo de arbitrariedad por parte del Estado, y garantiza el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la intimidad y a la propiedad privada, entre otros. No obstante, estos derechos no son absolutos y pueden ser limitados por el Estado en determinadas situaciones.
Así, por ejemplo, el derecho a la vida no es absoluto, puesto que el Estado tiene el derecho a aplicar la pena de muerte en casos excepcionales. El derecho a la libertad también puede ser limitado, ya que el Estado puede privar a alguien de su libertad si cometen un delito.
El derecho a la igualdad también puede ser limitado por el Estado, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, a las que se les otorga un trato especial para proteger su salud.
El derecho a la intimidad puede ser limitado por el Estado en determinadas situaciones, como por ejemplo, en el caso de las investigaciones policiales o de los tribunales.
Por último, el derecho a la propiedad privada también puede ser limitado por el Estado, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones o de los impuestos.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de una garantía constitucional?
El incumplimiento de una garantía constitucional puede tener diversas consecuencias. En primer lugar, el infractor puede ser sancionado por el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, el hecho de incumplir una garantía constitucional puede generar inestabilidad política o social, ya que puede ser considerado como un atentado contra el Estado de derecho. Finally, el incumplimiento de una garantía constitucional también puede tener consecuencias jurídicas, ya que puede invalidar ciertos actos jurídicos o incluso dar lugar a nuevas demandas judiciales.
Para Finalizar
El derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y moral de todas las personas es inviolable. No pueden establecerse penas que atenten contra la vida humana.
Jurados populars
Están compuestos por un número máximo de doce miembros que, por sorteo y libre designación, intervienen en la composición de los órganos jurisdiccionales penales, sin perjuicio de las funciones que puedan desempeñar como testigos o peritos.
La composición del Tribunal Supremo se configura con un presidente y cinco magistrados, entre los que figuran el fiscal general del Estado y el abogado del Estado.
La Audiencia Nacional, que se compone de un presidente y catorce magistrados, con atribuciones especiales en materia de terrorismo, delitos de carácter fiscal, de contrabando y de estupefacientes, así como de delitos cometidos por funcionarios públicos.
Los tribunales superiores de justicia, que se componen de un presidente, tres vocales y un fiscal, y conocen en apelación de las decisiones adoptadas por los juzgados de primera instancia e instrucción.
Los juzgados de primera instancia e instrucción, que se componen de un presidente y dos vocales y conocen en primera instancia de todos los asuntos que no están reservados a la jurisdicción especial de otro tribunal.
Los juzgados de lo social, que se componen de un presidente y dos vocales y conocen en primera instancia de todos los asuntos que se refieren a la jurisdicción social.
La justicia militar, que se rige por su propio ordenamiento y se encarga del conocimiento de los delitos cometidos por militares en servicio activo, así como de aquellos otros delitos que, aunque no sean cometidos por militares, afecten a la disciplina militar.
La justicia gratuita
Toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin tener que sufragar las costas de la misma, cuando no disponga de recursos suficientes. La ley establecerá los extremos en que se haya de acordar dicha gratuidad.
La separación de poderes
En España, el poder se divide en tres ámbitos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de forma que ninguno de ellos pueda controlar al otro, lo que permite un equilibrio de poderes y una mayor garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
La igualdad ante la ley
Todos los españoles son iguales ante la ley, sin distinción de raza, religión, sexo o ideología.
El derecho a la intimidad
Toda persona tiene derecho a la protección de su intimidad personal y familiar. Nadie puede ser objeto de investigación o vigilancia personal, ni de registro domiciliario, salvo en los casos y condiciones que establezca la ley.
El derecho a la libertad y la seguridad
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser detenido, ni preso, ni privado de su libertad, salvo en los casos y condiciones que establezca la ley.
La presunción de inocencia
Toda persona es inocente de un delito mientras no exista sentencia judicial que la declare culpable.
El derecho a un juicio justo
Toda persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo, con todas las garantías necesarias para su defensa.
El derecho de huelga
El derecho de huelga es reconocido a todos los trabajadores, sin distinción de raza, religión, sexo o ideología.
El derecho a la educación
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita en todos los niveles, sin perjuicio de las aportaciones que, en su caso, correspondan a los beneficiarios de la misma.
El derecho a la cultura
Toda persona tiene derecho a la cultura. La cultura deberá estar al alcance de todos los ciudadanos y será promovida y protegida por el Estado.
El derecho a la propiedad
Toda persona tiene derecho a la propiedad. La propiedad puede ser privada o pública, y su protección será regulada por la ley.
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