Derechos De Las Personas Con Discapacidad.

Los derechos de las personas con discapacidad están regulados por la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (LISPD), que fue aprobada en diciembre de 2006. La LISPD reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a participar plenamente en la vida social y económica de España. La ley establece un marco legal para la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La LISPD también creó el Instituto Nacional de la Discapacidad, un organismo público que tiene como objetivo coordinar y desarrollar las políticas de integración social de las personas con discapacidad.

CONVENCION NACIONES UNIDAS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Taller: Derechos de personas con discapacidad

¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad en España?

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos fundamentales que el resto de la población. Entre estos derechos se encuentran los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad, así como los derechos a la educación, a la cultura, a la información o a la participación en la vida política.

En España existe una legislación específica para proteger a las personas con discapacidad, como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral para prevenir, indemnizar y reparar las víctimas del terrorismo y de sus familiares.

También existen diferentes organismos encargados de velar por los derechos de las personas con discapacidad, como la Defensora del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística o el Consejo General del Poder Judicial.

¿De qué forma se protegen estos derechos en España?

En España, la protección de los derechos fundamentales está prevista en la Constitución. En virtud del principio de jerarquía normativa, las leyes que regulan los derechos fundamentales deben ser compatibles con la Carta Magna.

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La Constitución española reconoce una serie de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la protección de la salud, a la educación, a la libertad de expresión, de reunión o de asociación.

Asimismo, establece que todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales en defensa de sus derechos e intereses legítimos, así como a un proceso equitativo en un plazo razonable.

Los derechos fundamentales pueden limitarse por ley siempre que se respeten los límites que se derivan de su propia naturaleza y finalidad y siempre que dichas limitaciones sean necesarias en una sociedad democrática para proteger, entre otros, el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o los derechos y libertades de los demás.

Por último, cabe señalar que la protección de los derechos fundamentales no es exclusiva de España, sino que forma parte de un conjunto de derechos que forman parte del derecho internacional y que son reconocidos por la mayoría de los Estados.

¿Cuáles son las principales leyes que regulan los derechos de las personas con discapacidad en España?

La principal ley que regula los derechos de las personas con discapacidad en España es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

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Dicha ley tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y garantizar su derecho a la autonomía personal y a la atención que necesitan para llevar una vida independiente y digna.

La Ley 39/2006 se aplica a todas las personas mayores de 16 años que tengan una discapacidad reconocida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o por cualquier otro órgano competente de la Administración Pública.

Entre los derechos reconocidos por esta ley se encuentran:

- El derecho a recibir una atención individualizada y personalizada.

- El derecho a recibir una educación y formación adecuadas a sus necesidades.

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- El derecho a acceder a un empleo y a una formación profesional de calidad.

- El derecho a disponer de un hogar adecuado y a unos servicios de calidad.

- El derecho a la participación social y cultural.

¿Los derechos de las personas con discapacidad están siendo debidamente respetados y garantizados en España?

RESPUESTA:

Desde que se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en 2007, se han ido adoptando una serie de medidas para fomentar la igualdad de oportunidades y el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral, la educación, la formación y el ocio.

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En cuanto al empleo, el objetivo es facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y promover su integración en el mismo. Para ello, se han puesto en marcha diversas iniciativas como el programa Pymes + Discapacidad, que ofrece apoyo a las empresas para la contratación de personas con discapacidad, o el Banco de Ofertas de Empleo, un portal en el que empresas y personas con discapacidad pueden buscar y ofertar empleo.

En lo que respecta a la educación, se han introducido cambios en el sistema educativo para hacerlo más inclusivo. Se ha ampliado el derecho a la educación de las personas con discapacidad, se han mejorado los servicios de atención a la diversidad y se han puesto en marcha nuevas modalidades de enseñanza adaptada a las necesidades de cada alumno.

Asimismo, se han desarrollado programas de formación y orientación laboral específicos para las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar sus competencias y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Por último, se han puesto en marcha una serie de iniciativas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad al ocio y el tiempo libre. Se han desarrollado nuevos espacios y equipamientos accesibles, se han organizado actividades adaptadas y se han promovido campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre la importancia de la inclusión social de las personas con discapacidad.

En general, se puede decir que España ha avanzado mucho en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, aunque todavía queda mucho por hacer.

¿Qué acciones se han emprendido para mejorar la situación de las personas con discapacidad en España?

Desde la perspectiva legal, en España se han adelantado significativas reformas legislativas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. En particular, se han aprobado leyes que reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de trato, a la no discriminación y a la protección de su dignidad. Asimismo, se han adoptado medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, el empleo, la salud y los servicios sociales.

A nivel constitucional, la Carta Magna española de 1978 reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de una vida digna y a gozar de los mismos derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Estos principios se han desarrollado y concretado en diversas leyes y dispositivos jurídicos posteriores.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género constituye un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres, entre ellas las mujeres con discapacidad. La Ley establece un marco general de protección y contiene medidas específicas dirigidas a las víctimas de violencia de género con discapacidad, como el derecho a recibir una atención especializada y el derecho a acceder a la justicia.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir una atención adaptada a sus necesidades. Esta Ley ha sido modificada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de apoyo a las personas en situación de dependencia, que amplía y mejora las prestaciones y servicios a las que tienen derecho las personas en situación de dependencia.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, tiene como objetivo eliminar todas las barreras físicas, sociales y culturales que impidan el pleno efectivo de la igualdad de oportunidades y el acceso de las personas con discapacidad a la vida social y laboral. Para hacer efectivo este derecho, la Ley establece una serie de medidas tendentes a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, el empleo, la vivienda y los servicios públicos.

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de las personas a la protección de sus datos personales y a la privacidad. Esta Ley se aplica también a las personas con discapacidad, garantizando que sus datos personales sólo serán recogidos, almacenados y utilizados de forma legítima y conforme a la finalidad para la que fueron recogidos.

En el ámbito educativo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación y a la formación profesional. Esta Ley establece una serie de medidas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a una educación de calidad, así como para facilitar su transición hacia la vida laboral.

En el ámbito laboral, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula el régimen jurídico de las subvenciones concedidas por la Administración Pública. Esta Ley se aplica también a las subvenciones destinadas a facilitar el empleo de las personas con discapacidad, asegurando que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la Ley.

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen jurídico del sector público, establece el marco general del derecho administrativo aplicable a las Administraciones Públicas. Esta Ley se aplica también a las personas con discapacidad, asegurando que se respeten sus derechos en todas las actuaciones de la Administración Pública.

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, tributarias y administrativas en materia de lucha contra el fraude, establece una serie de medidas para hacer más eficaz la lucha contra el fraude en el ámbito de la seguridad social. Esta Ley se aplica también a las personas con discapacidad, asegurando que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la Ley.

En el ámbito sanitario, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, regula el ejercicio de las profesiones sanitarias. Esta Ley se aplica también a las personas con discapacidad, asegurando que se respeten sus derechos en todas las actuaciones de la Administración Pública.

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¿Hay algún tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en España?

En España, la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI) protege a las personas con discapacidad contra todo tipo de discriminación. Según la LISMI, la discriminación es "cualquier distinción, exclusión o restricción que, teniendo como base la discapacidad de una persona, tenga como objetivo o como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales".

La LISMI establece tres tipos de discriminación: directa, indirecta y por omisión. La discriminación directa es aquella que se produce cuando se trata a una persona con discapacidad de manera diferente a como se trataría a otra persona en una situación comparable, sin justificación objetiva. La discriminación indirecta es aquella que, aunque no se trate directamente a una persona con discapacidad de manera diferente, se establecen requisitos o se aplican criterios que, de manera indirecta, pueden afectar de forma desfavorable a las personas con discapacidad. Por último, la discriminación por omisión es aquella que se produce cuando se dejan de lado las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

En España, existen multitud de leyes y normas que protegen a las personas con discapacidad contra todo tipo de discriminación. Entre ellas, destacan la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley 3/2007), la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Ley Orgánica 5/2002), la Ley General de Sanidad (Ley 44/2003) y la Ley de Responsabilidad Social de las Empresas (Ley 31/2014).

Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece un marco jurídico internacional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. España se adhirió a la CDPD en diciembre de 2007 y, en marzo de 2008, se ratificó mediante la Ley Orgánica 1/2008. La CDPD establece una serie de derechos fundamentales para las personas con discapacidad, como el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la vida privada y familiar, entre otros.

En España, existen multitud de organismos que velan por los derechos de las personas con discapacidad, como la Comisión para la Racionalización y Fomento de la Investigación en el ámbito de la Discapacidad (CFRIP), el Patronato Nacional de Discapacitados (PND), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Tribunal Constitucional (TC), la Oficina del Defensor del Pueblo (ODP) y el Defensor del Menor (DM).

En definitiva, en España no existe discriminación contra las personas con discapacidad, sino todo lo contrario. Existen multitud de leyes y normas que protegen a las personas con discapacidad contra todo tipo de discriminación y garantizan su derecho a la igualdad, a la educación, a la salud, a la no discriminación, a la libertad y seguridad personales, entre otros.

¿Qué se puede hacer para prevenir o eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad en España?

Discriminación contra las personas con discapacidad
La Constitución española de 1978, en su artículo 14, proclama que todos los españoles son iguales ante la ley, sin distinción alguna de nacionalidad, raza o sexo. Asimismo, el artículo 13 otorga a todas las personas el derecho a la educación, a la formación profesional y a la protección de la salud. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho de los niños a no ser discriminados por razón de su origen étnico, religión o lengua, así como por discapacidad, sexo, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social.

En España, existen diferentes tipos de discriminación contra las personas con discapacidad. Se puede discriminar por razones de género, edad, raza, religión, lengua, ideología, opinión, orientación sexual, origen nacional o étnico, embarazo o maternidad, orientación política, situación económica, nivel de instrucción, situación de desempleo, afiliación sindical, dependencia de terceros, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.

Existen diferentes formas de prevenir o eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. En primer lugar, se pueden fomentar las actitudes positivas hacia las personas con discapacidad a través de la educación y la sensibilización. En segundo lugar, se pueden establecer mecanismos de denuncia y de protección de los derechos de las personas con discapacidad. En tercer lugar, se pueden adoptar medidas legislativas y administrativas para erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad.

En cuanto a la educación y la sensibilización, se deben fomentar las actitudes positivas hacia las personas con discapacidad a través de la escuela, los medios de comunicación, las campañas de información y las actividades de sensibilización. En lo que respecta a los mecanismos de denuncia y de protección, se deben establecer organismos independientes que atiendan las denuncias de discriminación y velen por los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a las medidas legislativas y administrativas, se deben adoptar medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, el empleo, la vivienda, los servicios públicos, etc.

Para Finalizar

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reguladora de los derechos de las personas con discapacidad y su integración social, reconoce y ampara a las personas con discapacidad en España. La ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales y promover su plena integración en la sociedad, así como facilitarles el acceso a los servicios y prestaciones que les corresponden.

En virtud de esta ley, las personas con discapacidad son aquellas que sufren una alteración física, psíquica o sensorial de carácter permanente que les impida desenvolverse de forma plena y autónoma en la vida cotidiana.

Esta ley reconoce a las personas con discapacidad una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a la integración social, el derecho a la atención sanitaria, el derecho a la protección especial frente a la violencia o el derecho a la participación en la vida cultural, entre otros.

Asimismo, la ley establece una serie de mecanismos para facilitar el ejercicio de estos derechos, como la constitución de una Comisión Interministerial para la Integración de las Personas con Discapacidad, la creación de un Registro Central de Personas con Discapacidad o la establecimiento de un Sistema Integral de Prestaciones para las personas con discapacidad.

La Ley 39/2006 es el marco jurídico que regula los derechos de las personas con discapacidad en España y garantiza su plena integración social.